Opinión

Vacunación política

El derecho humano a la salud, sometido a la ambición transexenal. | Adolfo Gómez Vives

  • 15/03/2021
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La aparición de la pandemia le cayó como "anillo al dedo" al gobierno federal. Por una parte, se la utiliza como justificación para autorizar mecanismos de asignación directa en la adquisición de bienes y servicios, en lugar de recurrir a procedimientos de licitación pública, abiertos y transparentes. Sin embargo, tales actos ilegales no están en el radar de los intereses de la Secretaría de la Función Pública.

Por otro lado, las negociaciones contractuales con las empresas farmacéuticas se mantienen reservadas, por lo que no es posible saber cuántas vacunas se han adquirido, a qué precio; cuáles son los compromisos y tiempos de entrega, entre otros elementos.

El principio de máxima publicidad duerme el sueño de la opacidad, alcahueteado por el Instituto Nacional de Transparencia, cuyos consejeros deciden ver para otra parte, en lugar de ponerse del lado de los particulares, como correspondería a su labor de garantes del derecho constitucional de acceso a la información pública.

En el proceso de vacunación participan servidores públicos ajenos a la Secretaría de Salud, quienes carecen de atribuciones y preparación para intervenir en dicha tarea. Sobre este asunto, la Secretaría de la Función Pública tampoco ha hecho señalamiento alguno.

El involucramiento de los "servidores de la Nación" contraviene lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, pues se precisa que la vacunación es responsabilidad del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia y no de la Secretaría de Bienestar, de la que dependen aquéllos.

La impune violación al principio de legalidad demuestra que el proceso de vacunación contra el virus Sars-Cov2 está siendo utilizado políticamente a favor del partido al que pertenece el presidente de la República. La protección de la salud dejó de ser un derecho humano, para convertirse en una graciosa concesión del gobierno en turno, quien espera la retribución pública a su magnanimidad, a través del voto.

Ello explica que se pondere la vacunación de los "servidores de la Nación", sus familias y recomendados, por encima de médicos y enfermeras, a pesar de que México ocupa el primer lugar en el número de decesos de personal de salud en el ámbito mundial.

El involucramiento de esa estructura política denominada "servidores de la Nación" le ha permitido al gobierno federal acceder —de manera ilegal— a la información contenida en las credenciales de elector y disponer de la propia imagen (fotografías) de los gobernados que han accedido a la vacuna.

Al menos en este punto, el Instituto Nacional Electoral ya se manifestó contra su ilegalidad. Sin embargo, en algunos estados del país (como Chiapas, Guerrero y Oaxaca) se continúa condicionando la aplicación de la vacuna, a la presentación de la credencial de elector de los gobernados, por más que el discurso presidencial califique dichos actos como "ilegales" y "perversos".

Al cúmulo de ilegalidades observables y documentadas, se suma el desorden prevaleciente en la aplicación de las vacunas. Que los adultos mayores deban esperar hasta 24 horas para acceder a las vacunas, expuestos a las inclemencias del tiempo, sólo demuestra el desprecio gubernamental por el bienestar de los gobernados.

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