Opinión

Usurpando funciones en la SICT

Jácome Frías se ostenta, ojo, sin serlo, como director general de la Coordinación de las Unidades Administrativas con los Centros SICT. | Lourdes Mendoza*

  • 12/01/2022
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La impunidad y el descaro en ejercer funciones sin nombramientos formales siguen siendo el pan de cada día en la ahora llamada Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jorge Arganis.

Qué les cuento, que Gerardo Luis Jácome Frías, quien antes de trabajar en la SICT fue durante años el director de Relaciones Institucionales de grupo INDI, sigue infringiendo con toda impunidad y complacencia de sus superiores los dictados de la 4T y del presidente AMLO de “no mentir, no robar, no traicionar el pueblo”. Por qué les digo esto, porque el pasado 1 de diciembre, Jácome Frías, quien se ostenta, ojo, sin serlo, como director general de la Coordinación de las Unidades Administrativas con los Centros SICT, giró dos comunicados patito mediante los cuales designó, primero, como encargado de los asuntos inherentes a la Dirección General del Centro SICT Baja California al ingeniero José Pulido Baños; utilizando el mismo machote, el mismo día designó a la ingeniera Patricia Naranjo Ponce como encargada del Centro SICT Querétaro.

Lo grave e ilegal es que, de acuerdo con la respuesta de solicitud de información número 0000900170021, emitida por la Unidad de Administración y Finanzas de la propia SICT, la plaza que actualmente ocupa Jácome Frías es eventual y de honorarios, sí, así como lo está leyendo, y en el mismo oficio N0 5.2.1.1.1.86 señala, de manera clara, que su función principal es “otorgar servicios de correspondencia oficial y traslado de bienes de consumo, que instruya el superior jerárquico”, o sea que por ningún lado, ni con la mejor interpretación a su favor, se infiere que tenga nombramiento alguno de director o coordinador general de centros de la SICT o que esté facultado para designar funcionarios como los ahora recién nombrados en los estados de BC y Querétaro.

En el mismo tenor, el pasado 30 de noviembre de 2020 fue el mismo funcionario, al presentar su declaración patrimonial ante la SFP, quien señaló que está contratado por horarios en una plaza de asesor y donde declara que su función es el “análisis de información relativa a la obra pública de la Secretaría”. Entonces, por qué firma los oficios circulares No. -012/2020 y No. -017/2021 como coordinador general, cuando a todas luces él sabe que está incurriendo en una falta grave.

Más allá de la improcedencia de los nuevos nombramientos, al realizarlos sin tener facultades, o de las consecuencias jurídicas graves en las que encuadran “los nuevos encargados” al realizar funciones sin sustento jurídico, es preocupante que el OIC, a cargo de Manuel Tejeda Reyes, no registre las responsabilidades administrativas o hasta penales en las que se encuentra el funcionario al ostentar funciones que no tiene.

Poniéndosela fácil, el Código Penal Federal en el capítulo II.- Ejercicio Ilícito del Servicio Público, artículo 214 a la letra dice: “Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o satisfacer todos los requisitos legales. III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal (...) VI.- (...) Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días de multa. ¡Quihúboles!

Por donde se le vea, está difícil justificar que alguien contratado con una plaza de asesor analista de la información dé nombramientos federales a diestra y siniestra.

Ahora sí que qué bueno que les pidieron a los funcionarios de la 4T no mentir, porque si no, ¡imagínense!

La justicia debería ser pronta y expedita

Si no es así, no es justicia, y quien es un gran ejemplo de esta trágica situación de Claudia Sánchez Mayorga, el chivo expiatorio del Solid Gold, a quien la juez, tras dos meses de la constitucional y seis meses de que se ingresó, sigue sin resolverle el amparo para ver si puede enfrentar su juicio en libertad. A Claudia, la PGR, hoy FGR, la acusó de beneficiarse de la explotación sexual; sin embargo, tras ocho años de ser encarcelada, siguen sin presentar prueba alguna del supuesto beneficio. Ojo, la trata es el segundo delito que más dinero genera, sólo después del narcotráfico, y aquí sí aplica el follow de money y… no falla. De acuerdo con el Manual Regional de Investigación de Casos de Trata de Seres Humanos, a la par de la investigación sobre el hecho concreto de la trata de personas, se deben iniciar una investigación financiera y otra patrimonial, por lo que, la pregunta que salta es, ¿dónde están las casas, los autos, las cuentas bancarias, los seguros de vida, las obras de arte, que le pueden ser atribuidas a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga?

Y ya que hablo de la falta del Estado de derecho, cómo dejar de lado a los hijos de Alejandra Castillo Cuevas, Ana Paula, Gonzalo y Alonso, quienes, literalmente, se le hincaron al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en un foro de derecho en la Ibero, para pedirle que la Corte resuelva el caso de su madre y dejen el silencio, pues lo atrajeron hace 60 días. Alejandra fue ilegalmente detenida, pues estaba amparada y lleva en la cárcel 455 días.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

 

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