Opinión

Usos y costumbres autoritarios

Reponer el viejo modelo autoritario o avanzar hacia un sistema profesional y confiable. | Edgar Cortez

  • 14/08/2020
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Durante casi un siglo una de las características de la justicia es que sirvió al poder político. En palabra de la Doctora Ana Laura Magaloni: La procuración de justicia en México ha sido una forma de ejercer el poder […] La Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica de que ninguno de sus miembros, salvo que el Ejecutivo lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de éstos. Con ello, la corrupción estaba blindada (https://bit.ly/35BrPpX).

En los últimos tiempos, en México, se han realizado diversos esfuerzos por romper este modelo y pasar a un sistema de justicia independiente, objetivo y profesional. Uno sucedió en 2008 con la reforma constitucional para instaurar el sistema penal acusatorio, otro más fue la reforma constitucional para dotar de autonomía a las Procuradurías de Justicia convirtiéndolas en Fiscalía en 2014.

El más reciente impulso fue realizado por el colectivo #FiscalíaQueSirva, quien logró en un trabajo conjunto con el Senado la integración de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (2018), estableciendo las bases de un nuevo modelo institucional que pudiera llegar a ser efectivamente independiente, objetiva y profesional.

Sin embargo, la transformación del modelo de justicia es un proyecto muy lejano, pues los usos y costumbres de la clase gobernante apuntan al viejo modelo. Un par de ejemplos.

La semana pasada el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, exigieron que los jueces que cumplan con su responsabilidad y procesen a José Antonio Yépez.

La existencia de jueces independiente es una garantía de los ciudadanos para hacer frente a las arbitrariedades del poder, principio que olvidan ambos personajes exigiendo al Poder Judicial un resultado determinado.

El segundo ejemplo es el mensaje dado por el Fiscal General el martes pasado, anunciando que Emilio Lozoya había presentado una denuncia de hechos sobre actos de corrupción en los que implica altos funcionarios de la administración de la que formó parte.

El anunció del Fiscal, desde la perspectiva de la investigación del delito, es insustancial pues aún no existe investigación alguna. Más bien parece una declaración para atizar los juicios mediáticos.

El presidente López Obrador ha insistido innumerables veces que quiere acabar con la corrupción y la impunidad, pero ese buen deseo se ve opacado por las prácticas que corresponden a los viejos usos y costumbres autoritarios.

Uno de los dilemas que afronta el país tiene que ver con el sistema de justicia, reponer el viejo modelo autoritario o avanzar hacia un sistema profesional y confiable socialmente. Ojalá el actual gobierno apuesto por este último.

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