Una de las banderas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, tan fuerte como “Primero los pobres”, fue el compromiso de acabar con la corrupción, barriendo la casa “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”.
La expectativa de los votantes que le llevaron a la primera magistratura del país es muy alta, tanto por la limpieza ofrecida como por los muy sonados escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Por eso se entiende el gran interés por llevar ante la justicia mexicana a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex e integrante del cercanísimo primer círculo de Peña Nieto durante su campaña y en buena parte de su sexenio.
Sin embargo, hay una extraña mescolanza en los asuntos que presuntamente ventilará Lozoya Austin durante su comparecencia ante la Ley en calidad de testigo cooperador.
Los detalles incluso han sido mencionados por el propio presidente López Obrador en su conferencia de la mañana, antes de ser presentado ante el Ministerio Público.
En el contexto del caso, algunos otros detalles no pasan desapercibidos: se recomponen asientos en el Senado, una extraña “desparición” de Lozoya a su llegada a México sin pisar la cárcel, la urgencia por mostrar el avión presidencial el lunes pasado, sin aceptar preguntas de otros temas…
Lo que no se puede entender o al menos no se justifica es la notoria diferencia que hay en el tratamiento del caso Lozoya y la exhibición de la corrupción del pasado, contra el trato que se dispensa desde la Presidencia de la República a otros temas urgentes.
Tan solo este lunes, cuando el presidente de México pidió “respetuosamente” a la prensa que no le pregunten de otra cosa que no sea el avión presidencial, una parte del territorio nacional, significativamente Nuevo León, estaba sufriendo los efectos del paso de la tormenta tropical Hanna.
Nuestro país está por llegar a los 400 mil casos y 50 mil muertes por coronavirus covid-19 en una espiral que, a pesar de lo que diga la Secretaría de Salud, no parece ir descendiendo sino por el contrario, aumenta cada día.
Dice el presidente López Obrador que la recuperación económica del país empezará en agosto, pero los datos del INEGI nos ubican en la peor crisis de que se tenga memoria, y es una realidad que millones de familias están pasando hambre.
Para ser concretos: se entiende y se aplaude que se combata la corrupción del pasado, pero también hay casos de evidente tráfico de influencias en la actual administración federal y los miles de contratos por adjudicación directa están a la vista sin que parezca importarle al presidente.
Es correcto y loable que se llame a cuentas al ex director de Pemex y a sus presuntos cómplices, pero no se vale corromper un proceso legal por intereses electorales.
Y sobre todo, no es republicano, ni democrático, ni responsable convertir a la justicia en distractor para desentenderse de las obligaciones urgentes de seguridad, salud y sustento que demandan millones de familias mexicanas.