Opinión

Urgente un ingreso básico de emergencia en México

La propuesta de un ingreso básico está siendo impulsada por diversas organizaciones de la sociedad para ser votada en el Congreso de la Unión. | Fernanda Salazar

  • 11/07/2020
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El ingreso básico temporal es una propuesta planteada desde la sociedad civil como una solución para atender a las personas que en México se han quedado sin trabajo o han visto reducidos sus ingresos a causa de las implicaciones que ha tenido a nivel económico y social la pandemia del covid-19. A través del colectivo Nosotrxs y varias organizaciones de sociedad civil, se propone dar durante 3 meses $3,746.00 pesos mensuales a las personas que han sido despedidas, cuyos salarios han sido reducidos o suspendidos y, en general, a quienes ya no pueden ganar su vida con sus actividades previas por la situación de confinamiento y disminución de la actividad de económica. Se trata de un monto que busca garantizar la cobertura de necesidades básicas para la supervivencia de las personas y familias que están en mayor riesgo. Esta propuesta, además, no es condicionada, es decir, no corre riesgos de ser utilizada por partidos políticos o gobiernos para sacar ventajas electorales. 

El #IngresoVital no es ninguna ocurrencia, pues está basado en cálculos que muestran que el endeudamiento del país no aumentaría significativamente y en cambio podría representar una salida para atender a las personas que más lo necesitan en una situación de emergencia como la que vive el mundo. Países como Argentina, con una economía en condiciones más difíciles que la mexicana lo han venido aplicando a través del ingreso familiar de emergencia. Al referirse a esta política, Mercedes D’Alessandro, economista feminista y Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Argentina, recalcó que los 9.8 millones de personas que han solicitado este ingreso de emergencia son una muestra de la desesperación en la que se encuentran los pueblos latinoamericanos en esta circunstancia.

Mientras muchos países del mundo con distintos niveles de desarrollo están implementando este tipo de programas a falta de seguros de desempleo, en México está aún pendiente, incluso cuando somos de los países más afectados en contagios por covid-19. 

En México, según datos de la ETOE (adaptación telefónica de la ENOE) realizada por el INEGI, más de 12.5 millones de personas han perdido su empleo y la subocupación se ubica en 13 millones de personas. Como referencia (porque no es comparable por la metodología de la ENOE), este último dato significa cerca de 9 millones de personas subocupadas más que en 2019.

¿Quiénes son estas personas? Según datos de un levantamiento telefónico realizado en colaboración entre SIMO y Colaboratoria (www.colaboratoria.com), más del 60% de las personas que perdieron su empleo y más del 52% de quienes reciben menos sueldo por su trabajo, son mujeres. Por edades, el sector más afectado son las y los jóvenes menores de 35 años. Si a esto agregamos información de Data Cívica, podemos ver que los sueldos de la mayoría de las personas en este rango de edad son de hasta 3 salarios mínimos (aproximadamente 6,000 pesos). Si cruzamos estos datos, incluyendo la brecha salarial, las mujeres jóvenes son las más impactadas en términos de ingresos laborales por esta situación. 

Cuando cifras del IMSS suponen que las mujeres son solo una tercera parte de quienes están perdiendo su empleo, lo que vemos en realidad es que las mujeres son, de por sí, marginadas de los empleos formales, invisibilizadas en crisis como estas por las propias instituciones de gobierno y sobrerrepresentadas en la economía no formal. Es decir, carecen de servicios de salud y posibilidades de pensión, lo cual implica una situación de por sí precaria a la que se suma el riesgo de enfermarse por intentar llevar ingreso a su hogar. 

Actualmente, la propuesta de un ingreso básico está siendo impulsada por diversas organizaciones de la sociedad en www.ingresovital.org para ser votada en el Congreso de la Unión a fin de que se le asignen recursos suficientes en la Cámara de Diputados. También, la Secretaría de Hacienda tiene la oportunidad de seguir demostrando una nueva sensibilidad, como lo hizo con el convenio 189 de la OIT

Más allá de preferencias políticas, apoyar a las personas y familias cuyas vidas están en vilo y necesitan del Estado para su supervivencia es una responsabilidad del Congreso, como representación del pueblo de México, que no puede seguirse retrasando. Hacerlo puede salvar vidas y dar esperanza en tiempos de tanta incertidumbre.

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