Con el inicio de una nueva legislatura, y en un contexto en que la vigilancia y exigencia de la sociedad cada vez es mayor, se abre una nueva oportunidad para redignificar el trabajo de los legisladores y mejorar la maltrecha imagen del Congreso.
A pesar de que la relevancia del Poder Legislativo en las últimas dos décadas se ha venido incrementando de manera muy importante, pasando de ser una oficialía de partes del Ejecutivo a un espacio real de discusión y toma de decisiones -como quedó demostrado en las últimas legislaturas en que se aprobaron reformas de gran trascendencia en materia de derechos humanos, sistema de justicia penal, amparo, telecomunicaciones y energética por citar algunas-, los cuestionamientos no han disminuido y la percepción de la ciudadanía se mantiene en los niveles más bajos.
Además de las imágenes del Salón de Pleno semi-vacío o de legisladores que duermen plácidamente durante las sesiones, no han sido pocos los casos en que se ventilan escándalos y una serie de conductas inadmisibles para cualquiera, pero mucho más para quienes supuestamente nos representan.
Difícilmente se puede olvidar el operativo que armó el PRD para meter a Julio César Godoy a la Cámara de Diputados para que rindiera protesta y no lo pudieran detener por delincuencia organizada, la ofensiva ostentación de riqueza de que constantemente hacen gala los pseudo líderes sindicales del PRI y sus familias, o la fiesta de los panistas en que se hizo famoso el "ánimo Montana", pero probablemente lo que más ha influido en la opinión pública sea la asignación de recursos presupuestales a cambio de la contratación de una determinada empresa o de un porcentaje mejor conocido como "moche", y que al parecer llegó a convertirse en práctica común.
Ante este adverso escenario, no basta con recortar algunas prestaciones -o derechos adquiridos como los calificó el Coordinador del PRI- para reconstruir la dignidad del Congreso. De hecho suena a demagogia si no se acompaña de un cambio de fondo, de nuevas reglas y de una nueva actitud que corresponda a su investidura así como a la situación del país y por la cual, se reprochen en público y en privado los abusos y prácticas de corrupción que son los que realmente impactan las finanzas públicas. El problema no está en que ganen bien, lo grave es que no cumplan con su responsabilidad y además abusen del cargo para obtener y otorgar beneficios indebidos.
En este sentido, es indispensable que se elimine la discrecionalidad y transparente el uso de recursos públicos (en cada una de las Cámaras y de los respectivos grupos parlamentarios) así como el procesamiento y toma de decisiones particularmente para la aprobación del presupuesto de egresos.
A la par, se deben suprimir todos los gastos superfluos o excesivos como viajes, viáticos, comidas, reuniones fuera de las instalaciones del Congreso e impulsar medidas efectivas de austeridad.
Finalmente se necesita hacer partícipe e involucrar a la sociedad a través de organizaciones, activistas, especialistas en el proceso legislativo como ya ocurrió exitosamente en el caso de las leyes generales de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de transparencia. Únicamente con la aplicación decidida -y sin simulaciones de este tipo de medidas- será posible que el Congreso recupere la dignidad perdida.