Con la llegada de la alternancia en México a nivel federal en el año 2000, se generaron grandes expectativas en el sentido de que por fin se castigaría a quienes incurrieran en actos de corrupción y que cuando menos se pondría un límite a los abusos en el ejercicio de la función pública. No obstante, el tan esperado cambio quedó mucho a deber.
Si bien durante los gobiernos panistas se presentaron avances importantes en materia de transparencia y disminuyó el nivel de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, lo cierto es que, ante la falta de cuadros con experiencia, en muchas áreas del gobierno –como por ejemplo en las de seguridad o hacienda– permanecieron los mismos funcionarios de las pasadas administraciones priistas y nunca se hizo un corte de caja.
A ello hay que sumarle que en aras de preservar la gobernabilidad y obtener los votos necesarios en el congreso para impulsar algunas reformas, se optó por mantener intocados los privilegios de los grupos de presión como los sindicatos, organizaciones campesinas etc., y se les otorgaron cuantiosos recursos a los gobernadores que se convirtieron en una suerte de señores feudales, lo que probablemente se agudizó con el presunto pacto en 2006 con Elba Esther Gordillo.
La oposición no hizo diferencia
En el caso del Distrito Federal la situación no fue muy distinta, pues aunque la oposición obtuvo el triunfo en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas por un periodo de tan solo tres años, repitió en 2000 con López Obrador replicando las prácticas clientelares y corporativas del PRI e incluso absorbieron sus estructuras (ambulantes, taxistas, organizaciones de vivienda etc.), por lo que los grandes intereses económicos y políticos se conservaron intactos y así podemos seguir citando ejemplos.
La realidad es que el hecho de que los espacios públicos los ocuparan partidos distintos, por lo general no se había traducido en contrapesos efectivos, y los acuerdos políticos muchas veces fueron derivando en complicidades tácitas o expresas entre la clase política –sobre todo con el regreso del PRI pues ese ha sido tradicionalmente su modus operandi– a partir de las cuales nadie se mete con los intereses del otro sin importar qué tan obscuros sean.
Corrupción rampante
Es hasta hace poco tiempo que gracias a valientes trabajos de investigación periodística así como de organizaciones de la sociedad civil, hemos podido conocer de la corrupción rampante en algunos estados, además de que la presión ejercida y la derrota electoral de su partido en las elecciones, han permitido la detención de ex gobernadores como Andrés Granier, Javier Duarte, Roberto Borge o Tomás Yarrington.
También la rectificación del PAN al impedir que el entonces Procurador, cercano al grupo en el poder, se convirtiera en automático en Fiscal General de la República por nueve años, contribuyó a cuando menos fracturar el pacto de impunidad, al igual que la denuncia de Javier Corral sobre el desvío de recursos del erario estatal por 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI en el que además de Cesar Duarte, al parecer están involucrados ex dirigentes priistas y funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
En estos tiempos electorales los aspirantes a la presidencia no pierden oportunidad para pronunciarse en contra de la corrupción, aunque sus palabras y sus acciones distan mucho de ser consistentes como lo acredita la inminente postulación del inefable Fausto Vallejo por Morena o el apoyo manifiesto del yerno de la maestra Elba Esther, y ni qué decir de José Antonio Meade quien ha reconocido públicamente a personajes de la talla de Carlos Romero Deschamps, por lo que lo menos que podemos exigir son deslindes claros y acciones concretas para poner fin a este pacto de impunidad entre la clase gobernante que tanto daño le ha hecho al país.