No es novedad el saber que muchos elementos policiacos están coludidos con la delincuencia común y organizada. Una prueba de esa vinculación la ofreció la semana pasada la periodista estadounidense Lara Logan, quien fue intimidada por policías municipales de Tenancingo, Tlaxcala, mientras investigaba actividades de explotación y tráfico sexual, que tienen en esa demarcación una base de operaciones que llega hasta Estados Unidos.
El involucramiento de policías con actividades ilícitas pone de manifiesto un problema que no se ha querido atender desde ningún ámbito: la necesidad de replantear los modelos de control y sanción para los uniformados, más allá de los tradicionales exámenes de control de confianza.
Otro tema relevante es la deficiente capacitación que —en general— han recibido en lo concerniente al dominio de protocolos de actuación y al respeto a los derechos humanos de quienes supuestamente transgreden la ley, pero también de víctimas y ofendidos.
Dos hechos recientes demuestran que el actuar policial no se apega a dichos protocolos: está el caso de la agresión de uniformados del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, contra el medallista paralímpico Alejandro Pacheco, por negarse a abandonar el área exclusiva para mujeres.
En este punto, hay un elemento adicional a considerar: si derivado de los hechos reiterados de acoso sexual en el Metro, la autoridad capitalina tomó la determinación de impedir el acceso a varones con discapacidad visual al área confinada para mujeres, también se debió considerar un protocolo específico para la atención de este segmento de usuarios, lo que desde luego contempla el adiestramiento para los uniformados, mismo que está muy lejos del uso de la fuerza y de la expulsión de sus instalaciones, como lamentablemente ocurrió, sin que ninguna autoridad se haga responsable por daños y perjuicios.
En febrero del año pasado, María Guadalupe Fuentes Arias, de 56 años, sufrió un infarto cerebral en las instalaciones del Metro Tacubaya; fue abandonada en el exterior por policías. El hecho debió prender las alarmas respecto del nivel de ignorancia de los uniformados en primeros auxilios y derechos humanos, pero al parecer nada cambió desde entonces.
El otro caso reciente es el de policías de tránsito de Chimalhuacán, Estado de México, que agredieron a los foto reporteros David Deolarte y Leonardo Sánchez, de los periódicos La Prensa y Metro, cuando cubrían el atropellamiento de una persona.
De nueva cuenta, tenemos aquí el evidente desconocimiento de los uniformados en lo relativo a la preservación de la escena del delito, pero también de la forma en que deben actuar frente a la presencia de reporteros interesados en cubrir el hecho.
Es urgente que desde el ámbito federal y local se replanteen la eficacia y eficiencia de los sistemas de control de la actuación policial. Es el único camino que permitirá reducir la incidencia de policías vinculados con las delincuencias común y organizada, pero también la única forma de recuperar la deteriorada imagen de los uniformados.
El correcto desempeño del sistema penal acusatorio adversarial depende, en buena medida, de la óptima actuación de los policías. Aquí hay un gran nicho de oportunidad en el que el gobierno federal y local deberían invertir, si realmente tienen interés en reducir los índices de violencia en el país.
La policía es el primer rostro del Estado en lo relativo a la procuración de justicia. Bien vale la pena invertir en su mejoramiento.