A pesar de la extraordinaria violencia desde el inicio del proceso electoral en el que fueron asesinados al menos 152 personas que participaron en política, la jornada electoral del pasado primero de julio trascurrió con relativa normalidad y con una importante afluencia de votantes.[1]
En la mayor parte del país, los resultados fueron contundentes y ello contribuyó sin duda alguna a minimizar conflictos post-electorales y evitar judicializar los resultados de la elección, con excepción de la gubernatura en Puebla.
Hasta el miércoles de esta semana, la Sala Superior había anunciado que había recibido dos avisos de impugnación a la elección presidencial, y las demás Salas Regionales del Tribunal Electoral otros tantos correspondientes a 323 inconformidades contra resultados de diputaciones federales y 67 para senadores de la República.[2]
Aunque el número de impugnaciones no sea menor, habría que tomar en consideración que el propósito principal, en muchos de esos recursos, no es modificar los resultados de los ganadores de la elección, sino más bien modificar los porcentajes de votación de la elección.
En particular, tomando en consideración que tal y como lo anunció el INE en días previos, los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social estarían en peligro de perder su registro, y por ello existe un incentivo importante de esos institutos políticos tanto a nivel federal como local de acercar su votación lo más posible al 3% de la votación total efectiva.
Por otra parte, a pesar de las muchas y variadas complicaciones para organizar las elecciones más grandes de nuestra historia, el trabajo preparatorio tanto del INE como de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) rindió frutos, y no se generaron mayores problemas durante la jornada electoral.
De igual forma, el porcentaje de votos nulos en la elección fue aceptable, alrededor de 2.77% para la elección presidencial, y porcentajes muy similares en las otras elecciones federales y locales que tuvieron lugar en todo el país.
No obstante, la lista de pendientes electorales es larga. La revisión de las competencias legales y relación entre autoridades electorales federales y locales, los mecanismos de nombramiento y remoción de funcionarios electorales, la necesaria actualización del modelo de radio y televisión, la revisión del papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales locales, la duración de las campañas y la pertinencia de llevar a cabo elecciones coincidentes, el modelo de fiscalización y el papel de los partidos políticos, además de temas muy concretos, vinculados con la paridad de género, la violencia política, las candidaturas independientes y los derechos de las minorías entre otros.
Esperemos que esta vez logremos concretar una reforma electoral bien estructurada y coherente que se apoye en datos duros y la experiencia de otros procesos, y contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos.