Con bombo y platillo, para unos, y entre dimes y diretes, para otros, el Senado mexicano aprobó la reforma a la industria eléctrica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como era de esperarse la contrarreforma eléctrica del gobierno actual privilegia el modelo de despacho de electricidad y no a la producción de energías limpias; de hecho, la única modificación relativa a energías limpias es a la fracción II del artículo 126 de la Ley de la Industria Eléctrica, pero es para establecer la posibilidad de que todos los que produzcan electricidad a partir de energías limpias puedan obtener Certificados de Energías Limpias, lo cual es una clara dedicatoria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuyas plantas trabajan en su mayoría a base de energías fósiles.
La reforma constitucional de 2013 y la legislación secundaria en 2014 introdujeron innumerables cambios en el mercado de la energía en México, pero por su importancia en la seguridad energética durante la transición hacia una producción baja en carbono cobra relevancia la participación de la iniciativa privada; la cual, además de mostrar interés en la generación de energía a través de fuentes renovables, ha probado ser de importancia crítica para la seguridad del suministro eléctrico en México. Si bien la CFE mantuvo la administración de transmisión y distribución eléctrica, por ley las empresas privadas hasta ahora han podido participar en el financiamiento, instalación, operación, mantenimiento y expansión de las redes de transmisión y distribución de electricidad mediante permisos otorgados por la CRE y con la garantía de que el CENACE permitiría un acceso abierto y no discriminatorio a estas actividades, pero con las modificaciones a la Ley parece que esto cambiará.
El riesgo ahora es la falta de continuidad. Ejemplo de esto es la suspensión temporal por parte del CENACE en mayo de 2020 de todas las pruebas preoperatorias para cerca de 28 plantas de energía eólica y solar, aparentemente para subsanar los fallos del servicio de transmisión y preservar la seguridad y confiabilidad de la red de transmisión mexicana durante la baja demanda de electricidad ocasionada por la pandemia de covid-19. No obstante, esta justificación poco tuvo que ver con la pandemia, pero sí mucho con las condiciones de la red eléctrica y la ideología gubernamental. Al inicio de la administración de López Obrador, Manuel Bartlett, ya como titular de la CFE, alegó que las plantas de energía renovable saturaban la red, pero lo cierto es que la falta de inversión en infraestructura de transmisión ha empeorado la confiabilidad de la red y provocado apagones, particularmente en el noroeste y sureste del país.
Además, si se considera la fuerte dependencia que el sector eléctrico tiene del gas natural, cuya mayoría proviene del exterior, y a la necesidad de descarbonizar la producción, es obvia la falta de compromiso político y financiero para alcanzar las metas del 35% para 2024 y 50% para 2050, que el propio México se ha impuesto, para generar electricidad a través de tecnologías limpias. Este esfuerzo requiere de la acción conjunta y comprometida de todos los actores involucrados en estos tiempos de cambio. Esto cobra especial importancia dado que México no ha estado exento de episodios que han puesto en duda su seguridad energética más allá de cuestiones de mercado, sólo habría que recordar los apagones de diciembre y febrero pasados, cuyas causas fueron los defectos en las líneas de transmisión y la interrupción del abastecimiento de gas natural desde Texas.
En todo caso, el desafío más serio en el sector eléctrico en México es hacer de la CFE una empresa competitiva que genere valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, como su propietario, y de eso el actual gobierno ha comentado muy poco, o mejor dicho, nada. Sin tener en cuenta que del futuro de la electricidad en México dependen todas las actividades de los mexicanos y, en consecuencia, la competitividad del país en el mundo.