A propósito de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, surgen varias reflexiones que habría que considerar ya que, como se vislumbra, dicha reforma podría autorizarse por la Cámara de Senadores en los próximos días.
Parte de las mayores críticas a la restructuración del sector eléctrico en México con la reforma energética de 2013 es que, a pesar de que legalmente se permite la inversión privada en toda la cadena de valor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún tiene el monopolio en la generación, comercialización, transmisión y distribución. Incluso, cuando se comparan las actividades que hoy tiene a su cargo la CFE con las que le dieron origen en 1937, se podría decir que el statu quo de la Comisión ha cambiado poco, salvo que las actividades que realiza actualmente deben generar valor económico y rentabilidad para el Estado.
Por esta razón, muchas de las deficiencias del sistema y del mercado eléctrico mexicanos se le atribuyen al papel monopolista de la CFE; entre las principales limitaciones se encuentran la transmisión y distribución, la falta de competitividad de las tarifas de electricidad, restricciones y altos costos en la generación de energía, conflictos de interés y dificultades en la transición energética baja en carbono. Es obvio que las ineficiencias en el sistema eléctrico preexistentes a la reforma de 2013 prevalecen debido a la baja inversión en las líneas de transmisión y distribución; aunque para ser ecuánimes, la CFE no cuenta con las herramientas financieras suficientes para construir nuevas líneas de transmisión por sí misma como manda la ley.
La falta de inversión para optimizar, administrar y expandir el sistema de transmisión y distribución de electricidad ha contribuido a desaprovechar no sólo la energía fósil, sino también el potencial de energía renovable del país y la absorción de los excedentes producidos por la iniciativa privada. La premisa para abrir la generación eléctrica se centra en la disminución de los costos en las tarifas eléctricas en toda la cadena de valor, sin que ello implique que el Estado pierda el control; sin embargo, hoy en día las tarifas de la CFE, aún con el subsidio, son 25% mayores a las de Estados Unidos.
De hecho, el gobierno invierte millones de pesos anualmente en subsidios en la energía eléctrica residencial, pero las facturas familiares no disminuyen de manera importante. Es difícil concebir una reducción de subsidios en tarifas eléctricas si paralelamente no se garantiza la reducción de la pobreza energética como una contribución para cerrar la brecha de la desigualdad en México. Aunque la tasa de electrificación es de casi 99% en el país, actualmente más de 11 millones de hogares en México padecen algún grado de pobreza energética. Además, considerando las dimensiones poblacionales, el 1% de los hogares que restan de la tasa de electrificación equivale a 286 mil viviendas que no disponen de electricidad.
En contraste con los hidrocarburos, la electricidad no es un recurso natural que el gobierno federal exija su propiedad exclusiva, el interés estatal se centra en mejorar las tarifas eléctricas a la población en México, reducir la pobreza energética e impulsar la competitividad del país.
Respecto a la emisión de contaminantes, ésta dista mucho de reducirse conforme a los compromisos que México ha adquirido a nivel nacional e internacional a través de la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París; aunque el uso de fuentes renovables y limpias ha aumentado en la generación de electricidad, la mayor parte se produce en plantas de ciclo combinado en las que predominan los combustibles fósiles.
Como en otros países, en México la electrificación es una pieza fundamental para la transición energética en estos momentos, pero también lo es la gestión de riesgos asociados a esta etapa de cambio y para situarse en la nueva estructura internacional que está determinada por la capacidad tecnológica y de explotación de los recursos renovables que desarrolle cada país.
No aprovechar y no respetar el marco jurídico sobre el uso de energías limpias con el que el país cuenta, significa que la transición baja en carbono tomará más tiempo y será más costosa y dolorosa la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes limpias y, a final de cuentas, tendrá que hacerse. De no acelerar la transición energética con base en la ruta trazada legalmente, México se colocaría en la fila de países rezagados en la nueva estructura internacional.
Asimismo, el desaliento empresarial con las renovables se podría ampliar debido a que el éxito del marco jurídico impulsado por gobiernos anteriores ha sido limitado y ha demostrado no ser a prueba de cambios políticos, y porque el peso y monopolio de la CFE en la política energética sigue vigente. Algunos casos de proyectos importantes de energía limpia para la generación de electricidad están estancados porque no eran económicamente viables o simplemente porque no responden a la lógica del gobierno actual. Si la iniciativa privada continúa enfrentando caprichos políticos por la ineficaz aplicación del marco normativo, es posible que futuros proyectos de energía renovable no se implementen, especialmente en las zonas más lejanas a los grandes centros urbanos habitualmente marginadas de suministro eléctrico.
Finalmente, de acuerdo con distintas estimaciones, la demanda de electricidad en México se cuadruplicará hacia 2032, lo que hace necesario articular desde ahora dicho aumento con la oferta nacional lo más que sea posible, reducir las ineficiencias, preservar el medio ambiente y superar rezagos que ya impactan en algunos sectores económicos y grupos sociales del país, ya que esto supone un riesgo para el mantenimiento del bienestar económico y la estabilidad política y social de México, lo cual afectará su inserción en una realidad mundial más competitiva y compleja.