En diciembre de 2018, a los pocos días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, México y Estados Unidos hacían una declaración conjunta para la “Promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica”. En ésta, Estados Unidos se comprometió a otorgar un total de $5.8 mil millones de dólares para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), mientras México anunciaba una inversión por 25 mil millones de dólares en el sur del país.
A 6 meses de este anuncio histórico, el lunes 20 de mayo, el gobierno mexicano y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentaron un Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. A través de este plan se busca contribuir al desarrollo de esta ‘región rica con pueblo pobre’. Específicamente, se busca abatir la pobreza y generar oportunidades de trabajo, y así atender las causas del fenómeno migratorio, en un marco de respeto a los derechos humanos.
Para llevarlo a cabo, la propuesta se sustenta en 4 ejes y 5 proyectos iniciales de infraestructura. El primer eje ‘Desarrollo económico’ considera aspectos de fiscalidad e inversión, así como integración económica, energética y logística. El segundo eje ‘Bienestar social’ considera educación, salud y trabajo. El tercer eje consiste en ‘Sostenibilidad ambiental y gestión de riegos’. El cuarto considera una ‘Gestión integral del ciclo migratorio’ con un enfoque de seguridad humana. En cuanto a los proyectos, se considera desde la construcción de una planta eléctrica en Puerto Cortés, Honduras, y un gasoducto entre el Golfo de México y San Pedro Sula, Honduras, hasta la extensión del Tren Maya a Centroamérica.
Se habla de una iniciativa innovadora que pone en su centro el desarrollo humano. En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ‘no es por la violencia ni por la fuerza, sino con desarrollo y oportunidades’ como podemos lograr esto. Nada más cierto. Sin embargo, para lograr esto es fundamental que el plan tenga un componente institucional. No podemos hablar de desarrollo, ni de protección a los derechos humanos, ni de combate a la violencia sin instituciones.
Las instituciones importan tanto para el desarrollo como los recursos físicos y humanos. Dan un marco de estabilidad a las inversiones y a la política pública, asegurando su continuidad y eficiencia. También, moldean el comportamiento humano, habilitando conductas positivas y limitando acciones negativas. Y, sobre todo, y especialmente en el contexto de esta región, las instituciones corrigen desigualdades sociales, eliminan obstáculos estructurales y compensan dificultades individuales. Mientras en sociedad uno puede tener muchos más recursos, privilegios y acceso que otro, ante las instituciones los dos son iguales.
La democracia es un gran ejemplo. Mientras hay grandes diferencias, a veces ofensivas y abismales, entre ciudadanos, ante las urnas, todos somos iguales: una persona, un voto. Así, es este componente -el de democracia y estado de derecho- el más importante y que no debe dejarse atrás en el Plan de Desarrollo para Centroamérica. Las razones son simples: el aumento de la corrupción, la desconexión de los partidos políticos con la ciudadanía y la falta de cumplimiento de la ley nos han llevado a retrocesos en libertades y justicia. Ya lo decía Marta Lagos, de Latinobarómetro, parafraseando a la reina Isabel de Inglaterra, el 2018 fue un ‘annus horribilis’.
En América Latina ha caído tanto el nivel de apoyo como el índice de satisfacción con la democracia. Según Latinobarómetro 2018, el apoyo disminuyó por séptimo año consecutivo, situándose en 48%, mientras que la satisfacción cayó ubicándose en un magro 24%. En relación con la corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional, la región apenas obtiene un puntaje de 44 puntos sobre 100. De especial atención son los niveles obtenidos por México (28 de 100 puntos), Guatemala (27 puntos), Honduras (29 puntos) y El Salvador (35 puntos), colocándose entre el lugar 105 y 132 mundiales (de un total de 180). Finalmente, la debilidad institucional continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la región. El último estudio del Foro Económico Mundial determinó que el desempeño de las instituciones en América Latina –medida en términos de seguridad, respeto a los derechos de propiedad, controles al gobierno y transparencia, entre otros factores– es menor al promedio mundial con 49 puntos de 100 (aproximadamente el mismo que el de África subsahariana). En la subregión que nos ocupa, el desempeño de las instituciones apenas supera los 40 puntos.
Con lo anterior no sorprende que ya no todos los países en la región ejemplar de la ‘tercera ola’ sean considerados democracias plenas. De acuerdo con el índice de Democracia de ‘The Economist’, sólo Uruguay, es considerado como “democracia madura”. Mientras, una mayoría (10 países en total) son considerados “democracias con fallas”, 5 con países se clasifican como regímenes híbridos (entre los que se cuentan Guatemala y Honduras) y tres (Cuba, Nicaragua y Venezuela) son regímenes autoritarios.
Una democracia frágil conlleva riesgos importantes, puede llevar al atropello de los derechos de la ciudadanía, a abusos de poder, a decisiones arbitrarias, a mayor corrupción, y por último a inestabilidad y conflicto. Esto al final puede acabar con las buenas intenciones e inversiones de un plan de desarrollo. En cambio, una democracia fuerte, con leyes e instituciones sólidas y representativas, da voz a la ciudadanía, transparenta las decisiones públicas, favorece la rendición de cuentas y brinda estabilidad y crecimiento. Esa es también la lección del Plan Marshall.
El Plan Marshall no sólo fue un esquema de asistencia económica, también tenía un componente político que trajo una visión más amplia del orden y la estabilidad en Europa. Una visión que, por ejemplo, impulsó la creación de la Comunidad Europea del Acero y del Carbón (CECA), que décadas más tarde se convirtió en la hoy Unión Europea (UE). Así el Plan Marshall no solo sirvió para superar las dificultades del momento, sino también para imaginar y materializar una prosperidad futura. Hacemos votos porque el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica considere un quinto eje institucional, tan necesario para el desarrollo humano. Con tal fin, ponemos a disposición de los gobiernos de la región la experiencia comparada en materia de democracia de IDEA Internacional.
*Daniel Zovatto
Director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
*Miguel Angel Lara Otaola
Jefe de la Oficina para México y Centroamérica de IDEA Internacional.