Opinión

¿Una vil venganza?

La actitud de AMLO se contrapone con el mensaje de reconciliación, diálogo y respeto absoluto a la ley que ofreció después de su triunfo. | José Antonio Sosa Plata

  • 26/07/2018
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El conflicto en torno al fideicomiso de #Morena no debe tomarse a la ligera, mucho menos cuando la mayoría de la gente votó por acabar con la corrupción e impunidad.

El desenlace era previsible. La resolución del Instituto Nacional Electoral (#INE) sobre las irregularidades del fideicomiso “Por los demás” llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación (#TEPJF), donde se dirá la última palabra. Conocer la verdad sobre lo que sucedió con los recursos será la primera prueba de fuego para el virtual Presidente Electo.

La primera reacción de López Obrador fue un error

Si bien tenía todo el derecho a manifestar su desacuerdo, el mensaje y el tono de sus palabras enviaron una señal de la forma en que podría reaccionar en el futuro frente a sus adversarios, o ante quienes no estén de acuerdo con sus decisiones. La actitud que asumió se contrapone en buena medida con el mensaje de reconciliación, diálogo y respeto absoluto a la ley que ofreció después de su triunfo.

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Con la habilidad comunicacional que le caracteriza, los mensajes que dijo a través de Facebook, Twitter y en medios tradicionales parecían más las de un candidato que las de un líder electo por una avasalladora mayoría. Las palabras y las descalificaciones (“prensa fifí”, “mala fe”, “vil venganza”, o “intentan enlodarnos”) serían objeto de gran controversia de no ser por la confianza, y la gran expectativa, que ha despertado López Obrador en la mayoría de la población.

Sin embargo, en el caso del fideicomiso se tendrán que imponer las evidencias.

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Sería lo justo y lo más conveniente para todos. También para la democracia. En un gobierno que aspira a que prevalezca el imperio de la ley, la confrontación y el debate son recursos indispensables, siempre y cuando se mantenga una relación de respeto y acato a las resoluciones de las instituciones, porque para eso fueron creadas.

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Lo bueno es que —hasta ahora— la situación está bajo control porque:

1) El #INE no saldrá muy dañado en su credibilidad, a pesar del voto en contra y de las declaraciones que ha hecho ante diversos medios del consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Recordemos que la diferencia contribuye a tener un mejor panorama de lo que deciden y hacen las autoridades.

2) El virtual Presidente Electo sigue ocupado en imponer agenda en los grandes temas nacionales. Él está empeñado en cumplir y dar buenos resultados. La gente está en espera de que cumpla su palabra.

3) Aún falta la revisión y sentencia definitiva del #TEPJF. De la calidad, credibilidad y contundencia de su argumentación dependerá el desenlace de esta historia.

Lo malo es que aún hay dudas sobre lo que en realidad sucedió con los recursos.

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El cuestionamiento de falta de exhaustividad, la acusación de que los consejeros están presionando a #AMLO para que no les rebaje los sueldos y las filtraciones ilegales de documentos a los medios son asuntos que no se pueden soslayar. En otro sentido, la discusión tendría que abrirse nuevamente al tema de la fiscalización, sobre todo para que el #INE pueda detectar con mayor claridad y contundencia las transacciones financieras de los partidos.

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Por lo anterior, el caso se debe investigar a fondo y las evidencias en favor o en contra de #Morena se tienen que transparentar y difundir ampliamente. No sobra decir que si hay sanciones, #AMLO y su equipo de colaboradores la deben acatar. Y si no los hay, porque las pruebas así lo confirman, las y los consejeros del #INE tendrán que reconocer el error.

A nadie conviene tropezar dos veces con la misma piedra.

En el pasado, las sanciones al #PRI por el llamado #Pemexgate y al #PAN por los #AmigosDeFox se aplicaron conforme a derecho. Pero la forma en que se manejó en ambos casos la comunicación dejaron muchas preguntas sin respuesta. Con la fuerza que hoy tienen las #RedesSociales, es preciso que el expediente se cierre en forma creíble e incuestionable.

Cierto es que López Obrador tiene derecho de réplica y a decir las “cosas fuertes”. Pero también es cierto que las instituciones tienen la obligación de investigar, sancionar y comunicar sus resoluciones sin más restricciones que las señaladas por la ley. El pasado 1 de julio el país se decidió por un cambio de rumbo. El virtual Presidente Electo puede potenciar su legitimidad y credibilidad si sabe hacer frente a la resolución final que dará el #TEPJF. Con su respuesta se podría abrir una gran oportunidad para que el nuevo gobierno demuestre los alcances de una transformación en pro de la justicia, el respeto a la ley, a las instituciones, a la promoción del debate y al diálogo de altura entre los poderes.

¿Gobernar por consenso?

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