Opinión

Una ventana de oportunidad para la adopción

Entre 35 y 40 mil menores de edad son reclutados cada año por el crimen organizado. | Agustín Castilla

  • 22/06/2022
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Uno de los principales derechos de la niñez es a vivir en familia como lo señalan la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, aunque no sabemos con precisión cuantas personas menores de edad carecen de cuidados familiares o institucionales en nuestro país, probablemente sean decenas o cientos de miles, lo que es aún más preocupante en un contexto de creciente violencia, descomposición social, y pandemia.

Para darnos una idea, tan sólo en lo que va de este sexenio han sido asesinadas más de 121 mil personas y no hay mucha claridad sobre el impacto que esto ha tenido en las familias. Tampoco se cuenta con un registro nacional de las niñas y niños que han quedado en orfandad por esta pandemia, pero de un estudio realizado por la revista médica "The Lancet", se estima que alrededor de 178 mil perdieron a su padre, a su madre o a ambos, y cerca de 275 mil se quedaron sin sus cuidadores más cercanos como abuelos o tíos, ante lo cual habría que preguntarnos ¿que ha sido de cada una de ellas y ellos? ¿donde están? ¿quién los cuida?

Otro dato preocupante es que, según la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), entre 35 y 40 mil menores de edad son reclutados cada año por el crimen organizado, en muchos casos aprovechando su situación de vulnerabilidad, y en otros de plano son arrebatados de sus hogares. De igual forma, estudios del INEGI arrojan que aproximadamente 3.3% de las 32 millones de personas menores de 14 años no viven con sus padres, lo que representa más de un millón, mientras que para la organización internacional "Aldeas Infantiles SOS", cerca de 5 millones de infantes se encuentran en riesgo de perder el cuidado de sus familias por factores como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.

Ciertamente el panorama es sombrío, a lo que se debe agregar que tampoco conocemos con certeza el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en albergues públicos -se mencionan alrededor de 33 mil, pero el intercambio de información sobre todo a nivel local suele ser muy deficiente-, y mucho menos en albergues privados, así como el trato que reciben. Lamentablemente sobran las historias de abusos como Casitas del Sur, la Gran Familia o la Ciudad de los Niños, principalmente debido a la falta de supervisión, lo que representa un gran riesgo para su integridad física y desarrollo emocional.

Como podemos ver, hay un gran número de menores de edad que por distintas razones no tienen la posibilidad de vivir en familia -lo que les cambiaría la vida-, así como muchas madres y padres que estarían deseosos de adoptar para cumplir un legítimo anhelo, pero hay que considerar el largo y tortuoso camino al que la mayoría de las veces se tienen que enfrentar, y que puede durar en promedio dos o tres años si es que llega a buen fin. Esto por un lado desincentiva a muchas personas a optar por la adopción, pero también provoca el surgimiento de un mercado negro de adopción privada a pesar de estar expresamente prohibida, como lo señala el especialista Juan Martín García.

Dentro de las principales causas que dificultan los procesos de adopción, se ha identificado la falta de claridad y homologación de las reglas, en ocasiones con requisitos excesivos dependiendo de cada entidad, así como la burocracia, falta de capacitación e insensibilidad de muchas personas servidoras públicas. Es por ello que, ante la obligación del Congreso para emitir a la brevedad un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares -conforme lo determinó la Suprema Corte por haber incurrido en omisión legislativa desde 2018-, se abre una ventana de oportunidad para que por fin se cuente con un marco normativo único en materia de adopción que aplique para todo el país, esperemos que a partir del análisis de las mejores prácticas y tomando en cuenta las experiencias institucionales a nivel federal y local, así como la opinión de organismos internacionales, especialistas, organizaciones civiles dedicadas a la infancia al igual que de padres y madres adoptivas y de personas solicitantes que tienen mucho que aportar.

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