Finalmente, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su tan anunciada iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y, aunque las actuales condiciones políticas no parecen ser las más favorables para su aprobación, vale la pena hacer algunos comentarios sobre los principales aspectos de la propuesta presidencial, así como sus posibles efectos.
Cuando menos en las últimas tres décadas, las distintas reformas a nuestro sistema electoral han tenido tres características que en esta ocasión no están presentes: 1) han sido impulsadas desde la oposición, pues en principio no hace mucho sentido que el gobierno pretenda cambiar las reglas con las que accedieron al poder, 2) se ha buscado la participación y el mayor consenso entre las distintas fuerzas políticas para la elaboración de las iniciativas con el propósito de que, en lo posible, todas estén de acuerdo con los términos en que habrán de competir, 3) se ponen a prueba en las elecciones intermedias para identificar su impacto real y que, tanto partidos como las mismas autoridades electorales puedan ir haciendo las adecuaciones que se requieran.
Algunas de las propuestas parecen muy atendibles como la implementación del voto electrónico, pues desde luego se deben buscar alternativas que permitan disminuir el costo de las elecciones, cuidando de que ello no impacte en la confianza ciudadana y de los mismos partidos. Otras requieren de un análisis más profundo, pero de entrada resultan interesantes como la elección de las y los integrantes del Congreso únicamente por la vía de la representación proporcional eliminando las diputaciones y senadurías de mayoría relativa a fin de que el porcentaje de votos obtenidos se refleje en el mismo número de espacios. Quizá también sea pertinente retomar la discusión sobre la desaparición de los organismos electorales y tribunales locales, pero considerando que ello haría necesario el fortalecimiento en la estructura del ahora INE -que va en sentido contrario a lo propuesto por la iniciativa que pretende la desaparición de su estructura distrital permanente- así como del TEPJF.
Sin embargo, la eliminación del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos es muy discutible ya que, coincidiendo en la necesidad de buscar fórmulas que permitan disminuir los cuantiosos recursos que se destinan al sostenimiento de los partidos -que es un legítimo reclamo popular-, ello no debe ir en detrimento de las condiciones de equidad en la competencia electoral, pues implicaría un serio retroceso que claramente beneficiaría al grupo en el poder el cual, como en el pasado y también como se constató en el proceso de revocación de mandato, puede acceder con facilidad a fuentes alternas de financiamiento.
Pero el tema más delicado es sin duda la elección de las y los consejeros y magistrados electorales, pues en los hechos derivaría ni más ni menos que en la anhelada captura del INE y del TEPJF. Veamos, conforme a la propuesta, en el caso del nuevo INEC el presidente propondría 20 candidaturas, el Congreso a otras 20 (10 cada Cámara), y la Suprema Corte a un número igual, quienes posteriormente tendrían que hacer campaña en todo el territorio nacional. No es difícil imaginar que la gran mayoría de las y los candidatos serían afines a López Obrador, y que las candidaturas oficiales contarían con el apoyo de todo el aparato de su partido -y también del gobierno- para alcanzar la mayoría de los votos, con lo que el órgano electoral perdería su autonomía. No creo equivocarme al pensar que ese es el verdadero fondo de la iniciativa y que los demás puntos podrían ser fácilmente negociables o incluso sacrificables, si a cambio de ello lograran aprobar la sustitución del INE por el INEC y, sobre todo, el nuevo método de designación.