Críticas sin cesar ha recibido la reforma al artículo 123 constitucional, que desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) pero que mantiene la vieja estructura dependiente del Poder Ejecutivo Federal y de los Gobernadores de los Estados en los conflictos burocráticos de materia laboral.
Fueron las presiones externas de organizaciones de comercio internacional que exigieron desaparecer las JCA. Acusaron a esas instituciones de justicia laboral de parcialidad, de corrupción y tortuguismo que nadie se atrevió a defender.
El sistema tripartito de las JCA en el que operan representantes de sectores tradicionales de organizaciones sindicales y empresariales tuvieron que claudicar en defensa de esas instituciones. A los grupos sindicales afines al poder les exigieron disciplina y aunque estuvieron en desacuerdo con esa medida, agachados tuvieron que apoyar la reforma.
El sistema tripartito (integrado por gobierno, supuestos obreros y sectores patronales) ha servido históricamente para obstaculizar a grupos independientes que han exigido contratos colectivos auténticos y registros sindicales ajenos a la voluntad del patrón. Hay incontables laudos en la historia de las JCA votados (por el llamado sector “obrero” patrones y gobierno) en contra de grupos de trabajadores independientes. Votaciones que se han dado por interés y no por un sentido de justicia.
Las JCA tienen (porque aún no desaparecen) el ingrediente de una obsesión de propiedad del presidente de la república en turno para resolver como mejor le convenga los conflictos obrero-patronales. La política de “cero huelgas” impuesta por el actual gobierno de Peña Nieto ha sido de los actos más vergonzosos de este régimen.
El secretario de Trabajo actual, Alfonso Navarrete Prida (especialista en materia penal), impuso, a través de un abogado familiarista y civilista (recientemente removido), y ungido como presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todos los caprichos empresariales. Desconoció huelgas, archivó expedientes e impuso todo tipo de ilegalidades para presumir que en este país no se ponían las banderas rojinegras. Que en México hay “paz laboral”, impuesta a fuerza de ilegalidad.
La reforma laboral del 24 de febrero de 2017 quitó de las manos del presidente de la república y de los gobernadores la justicia cotidiana en materia laboral para entregarla al poder judicial, pero no quiso abandonar su política de control de los sindicatos. Su obsesión (la del presidente de la república) lo llevó a crear un organismo sin precedente, para controlar todos los registros de los sindicatos, federales y locales, pequeños y grandes, nacionales y de empresa, industriales y gremiales, federaciones y confederaciones, de todo tipo. En lugar de decir el presidente de la república: “El Estado soy yo”, dice con esta reforma: “El Sindicato soy yo”
Pese a estos claroscuros, la reforma quedó a medias al no tocar la justicia laboral burocrática, ni la federal, ni la local. Esta seguirá dependiendo del presidente de la república y de los gobernadores de los estados. El artículo 126 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dice que:
Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal serán cubiertos por el Estado, consignándose en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de contar con un cuerpo jurídico que trata de imponer un mayor dinamismo y que constantemente se capacita para atender los miles de juicios a su cargo, no solo requiere de mayor presupuesto, sino también un cambio de legislación que le de mayor fortaleza en la impartición de justicia.
Los procesos individuales carecen de una instancia conciliadora y por ello no hay manera de arreglar un conflicto de común acuerdo entre las partes. Todos los juicios tienen que terminar con un laudo, pero la mayoría de las condenas quedan en el papel y casi nunca se cumplen.
Son en su mayoría juicios impagables al no concebir la ley laboral el embargo en bienes del Estado. Solo existe en la legislación burocrática (artículo 149 LFTSE) una medida de “coacción” de $1,000.00 (mil pesos) de multa contra funcionarios que se opongan a la condena de pago. Pero esta cantidad, tampoco la pagan los representantes de gobierno porque cuando se legisló se consideró únicamente el pago de un $1.00 (un peso) de multa; a quienes se infracciona, alegan que la autoridad no tiene facultades de actualizar cifras monetarias a mil pesos de manera arbitraria.
Este fenómeno, de burla a la justicia, se repite en las 32 entidades de la república al copiar en sus legislaciones este sistema anticuado laboral burocrático que genera impunidad en actos de gobierno como patrón. En la Ciudad de México hasta el año de 2020 se seguirá aplicando la justicia federal para tener una propia.
La justicia de los trabajadores al servicio del estado requiere una revisión profunda que los legisladores no pueden omitir. Es una burla que no se puede disimular.
De las personas que nunca se van
En la madrugada del viernes 20 de octubre murió el maestro Carlos Gregorio Herrera Sánchez. Era originario del municipio de Dzilam González, ubicado en el norte de Yucatán, pero era más chetumaleño que los mismos lugareños de Quintana Roo. Andaba siempre con su inseparable sombrero yucateco y conducía un auto de muchos años, que lo dominaba como nadie. No disimulaba su acento yucateco de pura raíz maya; hablaba como en verso y nunca paraba de hacerlo. Lo conocí en el aeropuerto de Chetumal. Me dijo una vez: “me mandan los maestros para acompañarlo”. Me llevó a conocer los secretos de la ciudad de Chetumal, de sus rincones, de su mar caribeño color turquesa, de su cielo azulado, tan intenso. Me decía: “venga a probar los panuchos, los salbutes, los machacados; así nunca nos olvidará”. “Mañana va a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mejor antes conozca mi tierra, para que se inspire”.
El maestro Carlitos, como le decían sus amigos, tenía 69 años cuando un infarto lo impactó. Medía uno sesenta de estatura, pero de una altura moral infinita como pocos; siempre se le veía sonriendo, brindando solidaridad sin condición alguna. En sus últimas horas de vida, con actitud seria les dijo a los maestros desde su cama del hospital, que siguieran luchando por su reinstalación; contra ese despido injusto que les impuso esa mal reforma educativa. Que siguieran adelante, que no se rindieran. Les recordó a los 43 jóvenes de Ayotzinapa secuestrados por fuerzas gubernamentales. Esta vez, les dijo, no podré estar con ustedes este 26 de octubre, pero el siguiente mes seguro los acompaño.
El maestro Carlitos fue de esas personas, de esos hombres que están presentes siempre y de los que nunca se van. Se recuerda su acompañamiento, por más de 14 horas hasta la madrugada en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Chetumal Quintana Roo, con sus compañeros despedidos, dándoles ánimo. Aquí estoy con ustedes, decía, sin pedir nada a cambio.
Si aquí está Carlitos, el maestro Carlos, en esta razón de vida.