La propuesta de reforma electoral que se viene cocinando y que factiblemente será enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión en unos días es inaceptable para las oposiciones, al menos en los términos dados a conocer informalmente por ser algo que podría calificarse como indecoroso, al perjudicar la equidad y la competitividad entre partidos en futuras elecciones de nuestro país. Veamos algunos de los principales puntos que puede atender esta propuesta conforme lo que se sabe hasta ahora.
Órganos y recursos
Si bien lo que se propondrá supone que se revise y discuta una eventual reducción de los montos de financiamiento público para los partidos, esto será un asunto que discutirán los directamente interesados, que debieran tomar en cuenta no solamente lo políticamente correcto, sino los compromisos existentes de los propios partidos para el ejercicio de los recursos con los que cuentan. Otra es la situación en el caso de los organismos públicos encargados de las elecciones: estos no serán parte directa en la discusión, sino que deberán someterse a lo que dicte el legislativo. La compactación y federalización de estos organismos y la propuesta de una eventual reducción de su presupuesto debiera ser francamente desechada por las oposiciones o bien, ser una oportunidad para fijar legalmente las proporciones del presupuesto que deberán destinarse a satisfacer los múltiples compromisos de autoridades administrativas electorales, de manera tal que los recursos que se asignen sean suficientes para cumplir las tareas asignadas, atendiendo su variación en el tiempo conforme a calendarios electorales, sacando de la discusión anual los montos que se destinen a cumplir estas funciones. Estas garantías serían muy útiles para dar certidumbre al ejercicio de los órganos electorales.
Votaciones futuras
Otra vertiente de la propuesta es reducir el número de legisladores, simplemente eliminando los asientos que se definen mediante procedimientos de asignación proporcional. Esto es un algo intransitable y su aceptación por las oposiciones sería un acto suicida, pues no sólo fortalecería la formación de mayorías en curules que no sean resultado del reparto de votos sino del método de formación de la representación, sino que conllevaría una mayor variación en el reparto de curules, acorde con los cambios en las preferencias del electorado. Si se quiere discutir el tema, debiera abrirse el análisis a la eventualidad de adoptar fórmulas para la definición de los asientos que aproxime su reparto a los votos que se obtengan. Si se desea que ello sea producto de la votación misma, siempre hay fórmulas posibles: ¿por qué no establecer un sistema de asignación de curules por listas por entidad federativa y cantidad de asientos en cada una de ellas proporcional a su peso en el padrón? Es cuestión de dejar de estar amarrados a lo usual y abrirse a lo posible.
Una más de las propuestas es llevar la decisión sobre quiénes integrarán los órganos superiores de los organismos electorales a votación directa de la ciudadanía. El despropósito de esta propuesta es claro: no solamente se uniformaría el origen partidario de los representantes, al otorgar a la mayoría la posibilidad de ganar todos los puestos, sino que se añade la posibilidad de que el Presidente de la República presente propuestas que no se sabe si estaría reguladas por las mismas reglas que las que presentaría el legislativo y en todo caso otorga un peso elevado a quien ocupe el Ejecutivo en la conformación de órganos electorales, sino que además incorpora la posibilidad de que el Poder Judicial también se entrometa indebidamente en esta conformación. Inaceptable y peligroso para el mantenimiento de la independencia de estos órganos y por ende para la neutralidad en los procesos electorales en nuestro país.