Opinión

Una nueva política migratoria basada en derechos

Es pertinente que se garantice a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional el goce de todos sus derechos humanos. | Areli Cano Guadiana

  • 27/12/2018
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En nuestro país el tema migratorio es muy importante. Las características geográficas, económicas y sociales de México lo hacen un punto de origen, tránsito, destino y retorno de grandes flujos de gente.

La convergencia de asuntos relacionados con el fenómeno es amplia, pues coinciden las cuestiones sanitarias, las de género, las relacionadas con grupos vulnerables, la inclusión social, las remesas, el crimen organizado, la trata de personas y la extorsión. De tal forma, se tienen escollos y dificultades múltiples que requieren de grandes esfuerzos para ser resueltos.

Bajo este contexto, es oportuno traer a colación que el pasado 18 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante, instaurado en diciembre del año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la intención de dar notoriedad al constante aumento de los flujos migratorios en todo el orbe. Los ejes temáticos de la celebración son la dignidad y el respeto de las decisiones de los migrantes; en opinión de António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esos son aspectos que permiten a los migrantes ponerse a salvo, protegerse, educarse o liberarse.

En octubre de este año, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la implementación de un programa para otorgar visas de trabajo a quienes llegan desde las naciones al sur del Suchiate. Esta expresión de voluntad por atender el asunto tuvo lugar en el punto más álgido de una crisis, con miles de personas provenientes de Centroamérica que ingresaron a territorio nacional en caravanas con la intención de internarse a suelo norteamericano. En su tránsito por las distintas entidades federativas, fue posible advertir la necesidad de elaborar protocolos para solventar adecuadamente los distintos requerimientos que implica la migración masiva, como sanidad, alimentación y alojamiento.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración informó el 16 de diciembre pasado, que aún estaban albergados en Baja California, en las localidades de Tijuana y Mexicali, 3 mil 610 migrantes centroamericanos, principalmente provenientes de Honduras. De igual forma se señaló que un buen número de personas regresaron a sus lugares de origen, con el apoyo del propio instituto y de la OIM, institución que tiene una de sus principales tareas en apoyar el retorno voluntario asistido para las personas que no desean permanecer en los países donde se encuentran temporalmente.

Recientemente, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la política del nuevo gobierno en la materia, que tiene como sus ejes fundamentales a los derechos humanos y a la cooperación para el desarrollo en las naciones centroamericanas. En el evento en que se dio a conocer la mencionada política, Alejandro Encinas, quien en su calidad de Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población es responsable directo del tema, ofreció terminar con la estigmatización, la discriminación y la criminalización de los migrantes, para transitar a un modelo de política basada en la concepción de la movilidad humana como un derecho, que debe ejercerse de manera ordenada.

El enfoque expresado por los funcionarios incorpora una visión que privilegia las prerrogativas de quienes ingresan a México y trasciende el esquema que encuentra el principal basamento para atender la cuestión migratoria en el uso de las fuerzas de seguridad y en la intensificación de los controles de ingreso al país.

La migración y el previsible aumento en su intensidad, pondrá a prueba las capacidades institucionales para responder a los retos que plantea, particularmente, en el caso de quienes recorren el país de manera irregular, en busca de llegar a territorio de los Estados Unidos de América, a lo que se añade el movimiento de los connacionales que aspiran a materializar el llamado “sueño americano”.

Por ello es fundamental que se realice un abordaje a partir de políticas públicas adecuadas para la complejidad del fenómeno, tomando en cuenta que salvaguardar la dignidad de los migrantes es un reto que compete al gobierno, pero también a la sociedad en su conjunto. Ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno a que el paso de las personas se realice en un contexto de no discriminación es una tarea pendiente.

La riqueza cultural y el desarrollo encuentran un importante cimiento en la acogida a colectivos de otros lares que durante mucho tiempo han encontrado en México un lugar de refugio. En continuidad con esta tradición, es pertinente velar por que se ubique a los migrantes en el centro de la agenda pública, para que se materialicen sin ambages los postulados constitucionales que garantizan a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional el goce de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte.

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