En poco más de un siglo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido más de 700 modificaciones a su texto original, algo que dista mucho de lo que ocurre con otras constituciones vigentes en otros países, las cuales han sufrido cambios mínimos a lo largo de su historia a pesar de ser longevas.
En la pasada conmemoración del 102 aniversario de nuestra constitución federal, se mencionó que no habría la posibilidad de convocar a un nuevo constituyente para redactar un nuevo documento constitucional, a fin de que se cree una nueva ley suprema y no continúe la actual, considerada como lejana a la esencia original por la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917.
Lo que se anunció fue otra propuesta de reforma con el objetivo de que se defina en el texto constitucional al delito de corrupción en lugar de hechos de corrupción, como actualmente se contempla. Una vez tipificado este como delito grave, el personal del servicio público que incurra en actos de este tipo no pueda salir libre bajo fianza.
Sumado a la posibilidad de que el presidente en turno pueda ser juzgado por actos de corrupción y no goce de ningún fuero posible. Además de un cambio en materia de garantía de la democracia mediante la finalización de las posibilidades de fraudes electorales, mediante la coacción del voto o del uso de recursos públicos para el favorecimiento de algún partido político o candidato en particular.
En definitiva, cualquiera de estas reformas abonaría a la mejora de la vida pública en la República Mexicana. Sin embargo, un gran reto es el cumplimiento de las normativas vigentes en la Constitución, pues como se ha visto en múltiples casos, no hay un apego a la misma, e incluso, hay claras muestras de desconocimiento de la misma por parte de quienes ostentan cargos públicos.
Ejemplo de lo anterior es el incumplimiento de la laicidad contemplada en el artículo 40 de la Constitución, donde se define a la Estados Unidos Mexicanos como una república representativa, democrática, laica, federal.
Comprendiendo que dicha laicidad garantiza la separación entre el Estado y las creencias religiosas, dejando los cultos religiosos al ámbito privado y lo concerniente a la vida pública a espacios donde no debe prevalecer una visión orientada en ciertas creencias en particular, permitiendo la igualdad entre todas las personas integrantes de la ciudadanía mediante la garantía de su libertad de conciencia.
A pesar de esto, en el último mes han ocurrido hechos como que el alcalde de Juchitán, Oaxaca, Emilio Montero Pérez, de Morena, haya otorgado las llaves de la ciudad a Dios, diciendo que lo necesitaba para gobernar o que la diputada veracruzana María Graciela Hernández Íñiguez del Partido Acción Nacional haya comentado que está contra el aborto porque así le quita a los jóvenes cierta responsabilidad, después de haberse anunciado que el Congreso veracruzano podría discutir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 durante este año. Y el diputado de Morena en Nuevo León, Carlos Leal, haya escrito en su cuenta de Twitter “Me queda claro que las televisoras más bien buscan ‘normalizar’ la #homosexualidad desde la juventud con una agenda ProLGBT”, al opinar sobre ciertas imágenes proyectadas en la telenovela Mi Marido tiene más familia de Televisa
En ninguno de los tres casos se han generado sanciones o llamamientos de atención a pesar de que quienes estuvieron involucrados fueron funcionarios o funcionarias a los que no se les ha hecho responsables de sus acciones a pesar de transgredir el artículo 40 constitucional, al emitir sus opiniones o realizar acciones con base a sus creencias religiosas.
El reto para acabar con la corrupción y la impunidad sería la exigencia de un conocimiento del marco legal vigente a toda persona en el servicio público y la aplicación de sanciones en caso de no hacerlo, independientemente del motivo o de la bandera política a la que pertenezca. Implementarlo, podría ahorrar una nueva reforma constitucional.