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Una crisis más

Un problema que ha rebasado autoridades.

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Escrito en OPINIÓN el

En días recientes el estado de Puebla fue protagonista de un par de hechos, que vienen a fortalecer la crisis de seguridad que se vive en el país.

El primero se suscitó el pasado 2 de mayo, cuando la familia de Hilario Vázquez Pérez viajaba en su vehículo por la carretera México – Puebla, antes de la caseta de San Martín Texmelucan, cuando fueron interceptados por un comando de ocho hombres, quienes dieron muerte al hijo menor de nombre Elías, de tan sólo dos años de edad y violaron a su madre y otra de sus hijas de catorce años de edad, ante la mirada de Hilario, quienes después de este inenarrable hecho, caminaron un par de kilómetros con el cuerpo y las agredidas hasta la caseta para pedir auxilio.

Nuevamente la insensibilidad, estupidez, menosprecio e incompetencia de las autoridades ministeriales de la Fiscalía de Puebla que llevan la investigación, se han precipitado en afirmar como hipótesis de los hechos, que se trata de un ajuste de cuentas entre traficantes de combustibles que operan en esa zona (Sin Embargo, mayo 4 de 2017, en http://tinyurl.com/l57op76)

Esta misma hipótesis es la que tiene enojados a cientos, o miles de familias, en todo el país que han padecido el calvario de transitar por oficinas de burócratas ministeriales, para denunciar la desaparición de sus familiares, ante esta respuesta socarrona de las autoridades, carente de toda sensibilidad y humanidad, en un país que es azotado por la inseguridad, acompañado de una clase política empapada de corrupción y que reboza a mandos de seguridad y burocracia ministerial en muchas localidades del país.

No olvidemos que, en diciembre de 2015, el hijo del Fiscal poblano fue detenido en Cuernavaca, Morelos, acusado de homicidio imprudencial y daño a las cosas, al conducir su automóvil en estado de ebriedad, en hechos en que se presume que su papá lo rescató de la acción de la justicia morelense por la muerte de una persona.

El segundo hecho también protagonizado en Puebla lo constituye, la muerte de cuatro soldados a manos de presuntos traficantes de combustible, conocidos como huachicoleros, en un problema que ha rebasado autoridades de los tres órdenes de gobierno y se ha constituido como un verdadero problema de seguridad nacional.

Este problema del robo de combustible es ahora, la segunda fuente de financiamiento de la delincuencia organizada. El problema es que permeó en el tejido social y como una forma de vida de comunidades enteras, la prueba, las cercanías del lugar en donde dieron muerte al menor Elías Vázquez y violaron a su madre y su hermana.

Se calcula que por esta actividad ilícita, la delincuencia organizada obtiene ganancias por 100 mil millones de pesos, en donde información de inteligencia señala (Animal Político, febrero 3 de 2017, en http://tinyurl.com/kplkk6f) que entre 2011 y 2012 las bandas locales se integraron a organizaciones del narcotráfico, dando como resultado el incremento de tomas clandestinas.

Esta nueva actividad a la que se incorporó la delincuencia organizada, sumada al nicho de corrupción de algunos integrantes de la clase política, dio como resultado las pérdidas arriba señaladas, en perjuicio del erario público.

Los hechos sucedieron el pasado 4 de mayo, cuando presuntos huachicoleros abrieron fuego a elementos del Ejército Mexicano, en un enfrentamiento que habría dejado 10 personas fallecidas, 12 heridos y 14 detenidos, según informó la Fiscalía poblana de Víctor Carrancá.

Más allá de la calidad y contenido de las investigaciones de la Fiscalía de Puebla, en los sucesos del menor y su familia, así como del ataque de los huachicoleros a los soldados, se encuentra la visión del robo y venta de combustible robado, como una actividad económicamente productiva proveniente de una actividad lícita, en la que parece que las políticas públicas de fomento a la economía, al trabajo, al desarrollo social, han fracasado.

No importa que sea responsabilidad del gobierno de Puebla o el gobierno federal, el punto es el fracaso de unas políticas y la gran merma al erario público que ello representa. Como vulnerabilidad que tiene como otro de sus ingredientes a la corrupción.

@racevesj