La movilización política es uno de los recursos más importantes con que cuenta la sociedad. Los países con una larga historia democrática lo saben. La organización ciudadana puede impedir los abusos y omisiones de la autoridad, modificar las políticas públicas que afectan a la mayoría e incluso presionar el cambio de autoridades.
La caminata que partió esta mañana de Cuernavaca busca que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sensibilice más con el tema de la inseguridad y “cumpla con la agenda de las víctimas”. Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, precisó que esta acción “no será una marcha, será una caminata, (porque) la marcha tiene connotaciones bélicas y no queremos asumir todo aquello que se preste a que sea una cosa en contra de lo que queremos evitar”.
Por si no lo leíste: "Daremos nuestra palabra en Palacio Nacional": Javier Sicilia.
Esta acción no es la primera que se lleva a cabo en nuestro país. La marcha silenciosa de 1998, las denominadas marchas blancas de 2004 y 2008; la Caravana por la Paz y No Más Sangre de 2011 y la Caravana 43 x 43 de 2014 son algunos de sus principales antecedentes. Las manifestaciones masivas expresaron el hartazgo, el enojo y la preocupación de muchos por la violencia y la impunidad que hemos vivido desde hace más de dos décadas.
Aunque en algunos casos hubo compromisos, modificaciones legales, nuevas leyes, cruzadas y pactos, la realidad confirma que el problema de inseguridad no se contuvo. Por el contrario, se ha incrementado de una forma que hoy parece incontrolable. Uno de los “avances” más significativos fue la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad el 21 de agosto de 2008, el cual logró un apoyo sin precedente y una difusión que alimentó por un tiempo la confianza ciudadana en la solución que hacía falta.
Lee también: ¡Ya basta! El despertar de un país. A diez años de la marcha contra la inseguridad, Grupo Reforma.
La participación de diversas organizaciones de derechos humanos, contra la inseguridad, empresarios, sindicatos, estudiantes, ciudadanos independientes y líderes de opinión de todo el país se han expresado con libertad. Los cientos de miles de personas que han participado trataron de romper paradigmas y poner freno a la violencia, la injusticia y la impunidad. Sin embargo, la mayoría de estos movimientos quedaron en el olvido. Otros, han tratado de mantenerse activos, pero en una posición cuesta arriba y de conflicto con las autoridades.
En 2020, la conciencia ciudadana sobre la magnitud del problema está presente. La fuerza que le han dado las redes sociales a los movimientos ha incrementado la capacidad crítica de la población. Y también la presión que puede ejercer sobre el gobierno en sus tres niveles y en los poderes Legislativo y Judicial. Además, el número de participantes activos se ha incrementado en cifras que no se veían desde 1968. Pero el problema no se resuelve.
¿Qué más podría hacer la sociedad civil frente a la expansión de la violencia y la incapacidad de los gobiernos para contenerla? A diferencia de otros países democráticos, las movilizaciones en México no han tenido la respuesta que ameritan por parte de las autoridades, no obstante los esfuerzos que se han hecho en el respeto de los derechos humanos, en la elección legítima de las autoridades políticas y en la aplicación de políticas sociales orientadas hacia algunos de los grupos de la población en desventaja.
Te recomendamos: Pascale Naveau y Geoffrey Pleyers. "Frente a la violencia: movilizaciones ciudadanas en México". Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, Número 12, 2012.
Hasta ahora, no han funcionado ni las estrategias “de guerra” ni los acuerdos entre todos los sectores económicos, políticos y sociales del país. Tampoco han servido de mucho las capturas o abatimientos de los grandes capos del crimen organizado. Mucho menos el debilitamiento momentáneo de algunos de los cárteles más poderosos que operan en el país.
Las marchas ciudadanas han hecho todo lo posible para revertir esta grave situación. La que hoy inicia (en la que no habrá diálogo directo entre el presidente y los dirigentes que la convocaron), tal vez pasará a la historia como una marcha más, lamentablemente. La razón es muy sencilla. Es poco probable que el Gobierno de la República modifique la estrategia que definió desde el inicio del sexenio y también todos sabemos que no habrá un punto de inflexión a la baja en el corto plazo.
Lo único cierto hoy es que 7 de cada 10 personas de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Y que a noviembre de 2019 se registraron 34 mil 579 víctimas de homicidio doloso y 978 feminicidios, lo que en conjunto da una cifra de 35 mil 566. Los números confirman que México vive hoy el peor momento de inseguridad en lo que va del siglo XXI.
Te puede interesar: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, Cifras durante diciembre de 2019, publicada el 16 de enero de 2019.
Durante todo este tiempo ha quedado claro que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil tienen un problema de comunicación en sus estrategias contra la inseguridad. Esto es totalmente cierto y debemos actuar en consecuencia. Pero la ruta más efectiva de solución atraviesa por reducir en forma significativa las estadísticas, pues solo con acciones concretas y efectivas se lograrán reducir las percepciones y emociones negativas que hoy predominan en nuestra sociedad.
Recomendación editorial: Alex Iván Arévalo Salinas, Griselda Vilar Sastre y Tamer Al Najjar Trujillo (Editores). Comunicación, paz y conflictos. Madrid, España, Editorial Dykinson, 2018.