Las fuertes discusiones que se han generado respecto a la conversión de los pasivos laborales de Pemex en deuda pública van más allá de los 1.2 billones de pesos que, según afirman algunos, le costará a la sociedad.
El país está ante una decisión de la mayor trascendencia.
Y con un alto potencial de rentabilidad política y comunicacional para unas cuantas instituciones y partidos, según sea el color del cristal con que se mire el reto que se quiere superar.
Los argumentos en favor y en contra están bien definidos.
Si hacemos a un lado los juicios de valor que han abundado en las declaraciones y pronunciamientos, quedan promesas, compromisos y denuncias que la ciudadanía debe analizar con especial atención con miras a las elecciones de 2015.
Los que están en favor destacan:
—Las empresas productivas del Estado actuarán con mayor certeza, situación que las hará más competitivas frente a las internacionales que entrarán a México.
—Las finanzas públicas se fortalecerán, de manera particular las de los gobiernos estatales.
—La producción de gas se incrementará, lo que permitirá disminuir su precio. Habrá también una reducción en el de la electricidad.
—Las inversiones en el sector energético crecerán hasta mejorar la economía en su conjunto.
—Las empresas nacionales y extranjeras pagarán impuestos, regalías y dividendos, hecho que generará un mayor número de empleos.
—Los propietarios de las superficies donde se lleve a cabo la explotación de hidrocarburos, mantendrán la propiedad de sus terrenos y tendrán la oportunidad de hacer negocios.
Pero eso no es todo.
En respuesta a las críticas de que la medida es un nuevo Fobaproa, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray afirmó que “la deuda pública no se incrementará" porque "todos los gastos que hace Pemex, incluyendo los pagos de pensiones y jubilaciones, ya son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo tanto, añadió, no se modificará el gasto público.
"Simplemente sería un cambio en el lugar en que se registra en el presupuesto federal”, porque "trasladar un peso de deuda pensionaria de Pemex al gobierno no incrementaría la deuda pública total, pues la deuda de la empresa pública ya es hoy deuda pública".
Los principales argumentos de quienes están en contra son:
—Si se llega a convertir en deuda pública todo el pasivo laboral de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ésta se incrementaría en nueve puntos del PIB y en el presupuesto del gobierno se tendrían que destinar 50 mil millones de pesos anuales adicionales para cubrir el adeudo.
—Los abusos de la cúpula sindical de Pemex y de los directivos no se verán afectados, por lo que seguirá imperando la corrupción, los altos costos y la baja calidad en los servicios.
—La decisión no contempla imponer la rendición de cuentas, la repartición de responsabilidades administrativas y la transparencia, lo que mantendrá la discrecionalidad en la firma de contratos, prestaciones y nombramiento de comisionados sindicales.
—La acción bursatilizará en el corto plazo los activos de Pemex y CFE, para después vender sus instalaciones como lo han hecho antes los gobiernos que han privatizado los bienes nacionales.
—El pasivo laboral de Pemex es la tercera parte del total. Para convertirla en una empresa competitiva es necesario eliminar todos los pasivos.
—La expropiación de tierras ejidales y comunales para la explotación de hidrocarburos provocará el saqueo indiscriminado de la riqueza de las tierras, que hoy son el único patrimonio de miles de familias mexicanas.
Como se observa, hay mucho que pensar y qué decir.
Sin embargo, la sociedad todavía no lo considera un tema principal. Unos dirán que por las vacaciones. Otros, porque prevalece el pleito y la confusión, lo que impide un análisis más profundo. Algunos más porque no ha habido el debate de altura que la medida requiere.
Hay dudas razonables.
Y tarde o temprano la sociedad tendrá que emitir un voto de confianza en favor de unos u otros. Su decisión final dependerá, en buena medida, de las estrategias de comunicación que se están operando desde hace algunos meses.
La prueba de fuego será en 2015.
Primero, con la consulta popular que quiere hacer la Izquierda, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprueba, claro. Y al mismo tiempo lo hará con su voto para apoyar o castigar al gobierno. En ambos casos, el resultado es hoy impredecible, porque en un año van a suceder muchas cosas.
Mientras tanto, el Congreso tiene la decisión en sus manos.
La legitimidad y el soporte jurídico que les dio la ciudadanía a los legisladores en las urnas les permitirán convertir los pasivos de Pemex y la CFE en de duda pública.
Lo harán sin mayores obstáculos o contratiempos.
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