La violencia sexual contra mujeres, niñas y niños es uno de los delitos más denigrantes ya que vulnera la esfera más íntima de las personas causando graves daños físicos y psicológicos cuyas consecuencias como baja autoestima, depresión, trastornos del sueño y alimentarios, dificultad de relacionarse o tendencias suicidas generalmente perduran a lo largo del tiempo. Lamentablemente en la mayoría de las ocasiones las víctimas guardan silencio ya sea por vergüenza, sentimiento de culpa, poca comprensión y negación de lo sucedido o temor ante las posibles represalias sobre todo con sus seres queridos por lo que no reciben la atención necesaria, es sumamente difícil conocer los niveles reales de incidencia, y los depredadores sexuales no son identificados ni reciben castigo por lo que continúan actuando impunemente.
No obstante, los casos de violación y abuso sexual son mucho más frecuentes e incluso cercanos de lo que pudiéramos pensar, particularmente cuando se cometen contra menores de edad. Organizaciones especializadas en el tema como Adivac o Aldeas Infantiles calculan que alrededor de 5.4 millones de niñas y niños sufren de violencia sexual. Otro factor muy importante que también ayuda a entender el silencio de las víctimas, es que en su gran mayoría, los agresores son miembros de la familia o forman parte de su entorno más próximo.
Por su parte, conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, durante el segundo semestre de 2020 aproximadamente 5 millones de mujeres mayores de 18 años enfrentaron algún tipo de violencia sexual que incluye acoso, hostigamiento, abuso, intento de violación y violación, pero se estima que la cifra negra supera el 90% de los casos y, de las escasas denuncias que se presentan, sólo 5 de cada 100 terminan en sentencia.
El escenario es francamente dramático y, a pesar de la profunda afectación a millones de mujeres, niñas y niños, la intervención de las autoridades y de la misma sociedad para el combate y prevención de este flagelo ha sido en términos generales bastante limitada y únicamente reaccionan cuando estalla un escándalo, y a veces ni siquiera con ello. Aunque todo indica que las acusaciones que se han hecho públicas contra el diputado federal Benjamín Saúl Huerta por abusar de al menos dos menores de edad y Andrés Roemer por violación contra decenas de mujeres van a prosperar gracias al valor de las víctimas y a la presión social, pero al parecer será distinto en el caso del senador Félix Salgado Macedonio ya que se han dado carpetazo a las denuncias, entre otras razones porque prescribieron los delitos que se le imputan.
Son muchas las historias en que pasan años o décadas para que las víctimas de un delito sexual puedan comprender y asumir lo que les sucedió y se atrevan a denunciarlo cuando legalmente ya no es posible al extinguirse la responsabilidad penal por el mero transcurso del tiempo. En este sentido, es una muy buena noticia que el Senado aprobara por unanimidad el pasado 29 de abril, una serie de reformas al Código Penal Federal con el objeto de eliminar la prescripción de delitos sexuales contra menores de 18 años como pornografía, lenocinio, corrupción de menores, acoso, abuso, turismo sexual, violación equiparada y violación, con lo que ya podrán ser denunciados en cualquier momento sin importar que haya pasado mucho tiempo.
También resulta relevante que esta reforma haya sido producto de iniciativas presentadas por senadoras y senadores de diversos partidos políticos como Ricardo Monreal, Martí Batres, Lily Téllez, Antares Guadalupe Vázquez, Samuel García, Raúl Bolaños Cacho y Josefina Vázquez Mota quien, como presidenta de la comisión de los derechos de la niñez y de la adolescencia desempeñó un papel muy destacado para impulsar su aprobación. Aún falta por discutirse en la Cámara de Diputados y sería deseable que se replique en los congresos locales, pero hay buenas condiciones para que así sea. Sin duda representa un paso más contra la violencia sexual, que debe trascender las diferencias políticas como se demostró en el Senado.