En los próximos días, se espera que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), anuncie el ajuste que experimentará el salario mínimo que estará vigente durante el año siguiente. Esto hace propicio reflexionar sobre la importancia del tema, el cual, vale decir, se ha mantenido en la agenda pública como uno de los que mayor interés genera entre la población y los agentes económicos de nuestro país.
De inicio, debe señalarse que el salario es la retribución a la que tiene derecho toda persona que trabaja para un tercero, misma que está vinculada con el acceso al disfrute de una vida digna, al posibilitar la satisfacción de los requerimientos básicos de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros, tanto para sí mismo como para sus dependientes. Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha destacado que esta remuneración se relaciona directamente con el goce y satisfacción de diversas garantías fundamentales.
En la redacción original de la Constitución de 1917, caracterizada por ser una de las más vanguardistas de la época, se refería que el salario mínimo sería suficiente para satisfacer las “necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos”. El texto vigente mantiene dicha esencia, al establecer que con este pago se deberán cubrir aspectos básicos de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, así como para proveer de la educación obligatoria a los hijos. Asimismo, específica que el monto económico que éste alcanzará deberá ser fijado por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, patrones y gobierno, denominada Conasami, que podrá auxiliarse de instancias especiales de carácter consultivo.
Por lo anterior, es primordial la labor que realiza esta Comisión y, por ende, resulta de interés público conocer los fundamentos de su actuación, pues el monto y poder adquisitivo del salario han sido cuestiones de amplio debate entre especialistas, pero también por parte de la sociedad en su conjunto.
En este contexto, el acceso a la información constituye una vía para que las personas puedan conocer con detalle los datos relacionados con el tema, particularmente sobre la labor de las autoridades que inciden en la materia. Al respecto, el INAI recientemente conoció los recursos RRA 1919/16 y RRA 2779/16, propuestos por las ponencias de los comisionados Javier Acuña y Joel Salas, respectivamente, relacionados con las solicitudes que se hicieron a la Conasami para tener acceso al Informe final que contiene los resultados de las investigaciones y estudios efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones, para analizar y determinar la nueva política salarial en el país.
Tales medios de impugnación fueron interpuestos luego de que la dependencia reservó el referido informe por un periodo de un año, argumentando que se encontraba vinculado a un proceso deliberativo y que su difusión podría generar efectos negativos en la percepción social, tensión en las relaciones obrero-patronales y enfrentamiento de opiniones por parte de las diversas instituciones participantes en su elaboración, lo que podría derivar en su descrédito o un mal uso de la información.
En contraparte, el INAI observó que el documento materia de la solicitud era el resultado de estudios u opiniones requeridos a actores de diversa naturaleza (instituciones públicas, organizaciones internacionales, organismos privados, centros de investigación y educación superior), con el objeto de allegarse de información para la toma de decisiones, por lo que no constituía ni recomendaciones ni puntos de vista de los servidores públicos de la Conasami que formaran parte de una deliberación en curso, tal como lo refería el sujeto obligado, sino que era un insumo para la misma.
De igual manera, en el seno del órgano garante, se hizo énfasis en el interés y la relevancia de conocer los contenidos del texto solicitado, dado que son elementos informativos para abonar a la discusión sobre la política pública salarial en México. Asimismo, se señaló que el informe es una fuente para promover la rendición de cuentas, porque proporciona parámetros de evaluación respecto de los procesos decisorios y de las políticas en materia de remuneraciones determinadas por la autoridad. Por ello, el Pleno del INAI resolvió instruir a la dependencia entregar la versión íntegra de los documentos requeridos por los peticionarios.
La apertura informativa resultante de esta resolución, pone bajo el escrutinio público la forma en que el Estado mexicano da cumplimiento a su marco jurídico nacional en materia laboral y a los instrumentos que ha suscrito ante la Organización Internacional del Trabajo, como el Convenio sobre los Métodos para la fijación de salarios mínimos, el Convenio a la protección del salario y la Recomendación sobre la fijación de Salarios Mínimos. Estos documentos expresan la importancia del tema y permiten advertir la necesidad de que las determinaciones que se adopten en torno a él se atengan al principio constitucional de máxima publicidad.
Vale mencionar que la Conasami, además de dar cumplimiento a la determinación del INAI para la entrega del Informe final, decidió dar publicidad al documento para su consulta en su página en Internet. De esta forma, se concretó un paso significativo en la apertura informativa en el campo de la política salarial de nuestro país, pues permite conocer los aspectos utilizados para su configuración, los cuales hasta entonces eran considerados por el sujeto obligado como reservados.
Tener acceso a los elementos en que se sustentan las decisiones trascendentales de las autoridades, en este caso de la responsable de decidir sobre la evolución en las remuneraciones de los trabajadores, es una oportunidad para que los especialistas y la población en general se sumen al debate de manera informada, y se enriquezcan las perspectivas en un tema que tiene que ver con las posibilidades de una vida plena para todas las personas.
@INAImexico