Opinión

Un nuevo ministro

La apertura evidencia la necesidad de que el proceso de designación se realice en un ambiente de transparencia y participación.

  • 04/03/2015
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El 2015 empezó para la Corte con una nueva presidencia, la del ministro Luis María Aguilar. A esta transformación que implica cambios importantes en la administración de la SCJN, se suman tres designaciones de ministros que se darán para sustituir al Sergio Valls -quien falleció el pasado diciembre- y para sustituir a la ministra Olga Sánchez Cordero y el Ministro Juan Silva Meza, quienes terminan su encargo en noviembre de este año.

 

Para enero de 2016, tendremos una Corte totalmente nueva. No quedará ninguno de los integrantes de la Corte de la 9ª época (aquella que inició tras la reforma al Poder Judicial de 1994) y habrá 5 ministros o ministras nombrados después del inicio de la 10ª época. Así, la expectativa razonable, sería que a partir de 2016, tengamos una Corte que consolide el nuevo paradigma de protección de Derechos Humanos que inició (al menos formalmente) con las reformas al artículo 1º de la Constitución y a la Ley de Amparo de 2011.

 

La terna para sustituir a Sergio Valls

Mucho se ha dicho sobre la propuesta del presidente de la República para que el Senado designe al sucesor del ministro Valls. Se ha manifestado que se trata de una terna “unipersonal”, hecha a modo para que Eduardo Medina Mora quede como ministro de la SCJN. La opinión pública da por un hecho que esa es la intención de la terna y también que Medina no cumple el perfil de un ministro de la 10ª época. Es el Senado quien tendrá que determinar si eso es cierto y valorar quién de entre los tres candidatos cumple mejor ese perfil.

 

No es una decisión menor, ni que pueda tomarse a la ligera. Cada movimiento en la Corte puede cambiar de forma decisiva –para bien o para mal- la forma en la que ésta podrá desempeñarse como un órgano garante de Derechos Humanos, del Equilibrio de Poderes, etcétera. Así, aunque hay un juego político en esta designación, no debería ser el único criterio.

 

Ahora, respecto a la forma en que se ha vivido el proceso de designación, es importante destacar el hecho de que la terna no ha pasado desapercibida para la opinión pública, lo que indica que los cambios en la SCJN se entienden como procesos que ya no pueden darse con un distanciamiento de la sociedad. Más aún, la reacción de la opinión pública pone de manifiesto la necesidad de construir un debate sobre el perfil idóneo de un ministro o ministra de la SCJN. También es importante destacar que el Senado abrió el espacio para que la sociedad civil hiciera preguntas para las comparecencias, las cuales fueron publicadas en la página de la Comisión de Justicia del Senado y en las que encontramos preocupaciones similares en materia de Derechos Humanos, el papel del Juez Constitucional y casos relevantes en materia de derechos sociales. Señal, creo yo, de que estamos en vías de articular un discurso y una concepción social sobre lo que queremos de nuestra Corte.

 

El ejercicio fue interesante además en materia de lo que se ha llamado Justicia Abierta y Parlamento Abierto, que podríamos definir – de forma somera- como exigencias democráticas que apuntan a que los tribunales, los parlamentos y el derecho sean cercanos a la ciudadanía. Se trata también de fenómenos sociales en los que los integrantes de parlamentos y tribunales (y también los potenciales integrantes) son observados y cuestionados de forma sistemática y activa. Teniendo esto en cuenta, habría que detenerse a pensar en el espacio que se abrió para esta participación.

 

La apertura evidencia la necesidad de que el proceso de designación se realice en un ambiente de transparencia y participación. También deja claro, que la sociedad civil, no se quedaría tranquila si se le excluyera de la deliberación. Las preguntas aquí, serían si se aprovechó el espacio y también si el formato en el que se atendieron fue adecuado. En la página de la Comisión de Justicia se muestra una lista de 8 participantes en el ejercicio que van desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pasando por ONG y preguntas de estudiantes de derecho. Si sólo se presentaron esas preguntas, podríamos decir que se desperdició el espacio, si fueron presentadas más preguntas y se depuró la lista, sería importante que se aclararan los criterios de selección.

 

Como reflexión final, hay que apuntar que el formato para la comparecencia, aunque permitió mayor apertura del proceso, no se diseñó para un diálogo franco, ni una exposición clara sobre los temas planteados en las preguntas: tres expositores en una sola noche que tienen que atender su exposición, los cuestionamientos de la Comisión de Justicia y también los de la sociedad civil no parece una metodología deseable, pues genera cansancio en la audiencia y se excluye la posibilidad de hacer notar si las exposiciones fueron satisfactorias.

 

Será responsabilidad del Senado evaluar la calidad de las respuestas. Aún así, es deseable dar un paso más en el proceso de apertura y que quienes planteamos preguntas expongamos la impresión sobre las respuestas.

 

@BordeJuridico

 

El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel

 

Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha  sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en  la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.

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