Se cumple un mes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y hay más interrogantes que respuestas puntuales.
Se cumple un mes de incertidumbre y zozobra para las familias de las víctimas.
Crece y se desborda la indignación y el coraje ciudadano ante la indiscutible vinculación de autoridades municipales con el crimen organizado y la omisión del gobierno de Guerrero. Los eventos de esta semana se han acelerado, formando una bola de nieve extremadamente peligrosa para nuestra vida pública.
En el Senado los partidos, calculando las consecuencias políticas y electorales de su decisión, han postergado sus discusiones sobre la desaparición de poderes en Guerrero. Prácticamente todas las bancadas piden la renuncia de Aguirre para facilitar las investigaciones y reducir la tensión social, sin embargo el gobernador no se inmuta cobijado por una dirigencia perredista decidida a hipotecar su capital político en su defensa.
Decenas de miles de personas marcharon el Distrito Federal y se manifestaron en diferentes entidades de la República bajo el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Mientras que una megamarcha exigió a Vicente Fox garantizar la seguridad pública y otra a Felipe Calderón poner fin a la espiral de la violencia, a Enrique Peña Nieto le demandan hacer justicia ante la desaparición de los normalistas y explicar por qué el crimen organizado se ha convertido en gobierno en diferentes lugares del país.
En el contexto de la protesta social en México y en diversas ciudades del mundo, el procurador Murillo Karam presentó su narrativa sobre los hechos y responsabilizó públicamente al ex alcalde de Iguala y a su esposa. La explicación de la PGR sigue dejando demasiados cabos sueltos; sin embargo, hay dos preguntas centrales: ¿Dónde están los estudiantes? ¿Cómo es posible que el crimen organizado se haya hecho del control de Iguala, no precisamente un poblado perdido en medio de la nada, y haya llenado impunemente de tumbas Guerrero, sin que las autoridades del Estado y la Federación se hayan enterado?
El Parlamento Europeo reafirmó su condena ante la desaparición de los 43 normalistas, reconoció los esfuerzos del gobierno federal, pero también llamó a los miembros de la Unión a fortalecer la cooperación técnica y financiera con México en materia de protección a los derechos humanos. La resolución, mucho más suave de lo que se podía haber previsto, representa un triunfo diplomático para la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien abrió todos los canales de diálogo necesarios para evitar una condena que dañara la relación estratégica entre México y la Unión Europea.
Sin embargo, sería un error muy grave del gobierno si entiende la resolución de la Unión Europea como un cheque en blanco. Los reflectores internacionales están puestos sobre la capacidad del gobierno federal para investigar los hechos, sancionar a los culpables y la definición de una estrategia efectiva para garantizar la seguridad pública. El discurso del México reformista y reformado es una pátina estéril ante la ausencia de un estado de derecho y la irrupción sin fin de episodios de barbarie.
Ayotzinapa ha desbordado el vaso de la indignación nacional ante la impunidad, la corrupción y la violencia. Los padres de familia han dado 48 horas a las autoridades federales para resolver el caso y presentar con vida a los estudiantes o si no “que se atengan a las consecuencias”. El riesgo de esta amenaza es que contiene una profecía que puede cumplirse por sí misma. Las marchas y protestas se han caracterizado en su mayoría por el civismo y el reclamo pacífico, en especial la megamarcha del miércoles. Sin embargo, las imágenes del palacio municipal de Iguala en llamas y los saqueos a centros comerciales representan una advertencia que no puede pasar desapercibida.
Peña Nieto se juega estos días la credibilidad de su gobierno, si bien los autores intelectuales y las autoridades omisas corresponsables están principalmente en Guerrero, los ciudadanos asumen que la responsabilidad de hacer justicia, frenar la barbarie y restaurar la confianza en las instituciones, recae en la Presidencia de la República. Pero todas fuerzas políticas deben comenzar a entender también que los mexicanos esperan una respuesta coherente y articulada de sus autoridades, sin importar al partido a que pertenezcan, y que continuar cobijando la corrupción y la impunidad implica abrir la puerta a movimientos extra institucionales.