Opinión

Un guarura en cada hijo te dio

Total de guardias de seguridad privada registrados ante SEGOB pasaron de 19,321 en 2013 a 73, 411 en 2015.

  • 26/02/2016
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En un texto seminal para la teoría política liberal, Anarquía, Estado y Utopía, Robert Nozick analiza la forma en que pudo haber surgido originalmente el Estado. Para Nozick, una serie de tradiciones intelectuales han concebido equivocadamente el origen del Estado a partir de la idea del contrato social. De acuerdo con esta idea, en algún momento un grupo de personas se reunió para discutir cómo garantizar el orden, la justicia y la seguridad y, partir de esa deliberación, es que se decide de común acuerdo crear un conjunto de instituciones para ordenar la vida pública, definir las atribuciones de la autoridad y limitar las libertades individuales.

 

Nozick entiende que el Estado no es algo que necesariamente se haya creado en un gran momento fundacional por acuerdo entre los hombres, antes bien, es producto de la evolución gradual de diferentes formas de organización político-social. A la idea del contrato social contrapone la mano invisible de las interacciones humanas, las cuales en forma descentralizada crean y transforman el orden político.

 

¿Cómo funciona este tipo de evolución? Nozick concibe una situación en la cual la inseguridad y el riesgo de sufrir violencia, llevan a los hombres a desarrollar formas para protegerse y aparecen entonces agencias especializadas en vender servicios de protección y seguridad frente a las amenazas potenciales. En términos generales, la idea consiste en que la dinámica de la competencia y los costos de proteger, provocan una evolución constante en el tipo de agencias existentes y sus servicios, hasta que al final una organización central poderosa se impone, la cual a su vez se transforma gradualmente en lo que entendemos hoy por el Estado.

 

Traigo a colación la argumentación de Nozick por dos razones. En primer lugar, porque implica correlacionar el origen del Estado con la obligación de proteger las libertades y garantizar la seguridad y justicia a los miembros de una comunidad. En segundo lugar, porque ante la incapacidad de las instituciones mexicanas para proteger la vida, el patrimonio, la seguridad o garantizar acceso a la justicia, comenzamos a observar el florecimiento de agencias de protección paralelas o en sustitución de las responsabilidades del Estado.  

 

El portal Animal Político y el diario Milenio presentaron esta semana datos muy preocupantes sobre el crecimiento de la seguridad privada en nuestro país. De acuerdo con Animal Político, el total de guardias de seguridad privada registrados ante SEGOB pasaron de 19,321 en 2013 a 73, 411 en 2015. Mientras que su crecimiento entre 2005 y 2015 ha alcanzado el 17 mil por ciento. De la misma forma, el número de empresas registradas dedicadas a los servicios de seguridad privada se han incrementado exponencialmente: de 173 en 2005, llegaron a 310 en 2013 para multiplicarse hasta 1,103 en 2015. Problemática a la que se añade la falta de un marco legal adecuado para regular este fenómeno.

 

Para el Índice Guarura de Milenio, entre 2011 y 2014 se crearon 291 nuevas empresas de seguridad privada, se reportó 45 mil 941 armas más en manos de particulares, aumentaron a 950 los autos blindados adicionales y se incrementó a 157 el número de elementos del Estado Mayor Presidencial destinados a cuidar funcionarios públicos.  

 

Al analizar los Datos de Índice Guarura, Carlos Puig advertía sobre la contradicción entre el descenso en la incidencia de acuerdo a cifras oficiales y el aumento en personas armadas y servicios de protección. Entre otras preguntas, Puig planteaba la posibilidad de que las personas que pueden pagar por seguridad no creen en las cifras oficiales o bien que el aumento en seguridad privada de hecho ha contribuido al descenso de algunos delitos.

 

Estos datos ponen en evidencia al menos cinco problemas que me parecen muy delicados. En primer lugar, a pesar del optimismo y juego de cifras oficial, los ciudadanos no se sienten seguros y no confían en sus instituciones de seguridad para protegerse y, por lo mismo, prefieren pagar por estos servicios a agencias privadas de protección o armarse ellos mismos.

 

En segundo lugar, atestiguamos la erosión (o la renuncia) del monopolio de la violencia legítima en manos de las instituciones del Estado, las cuales por incompetencia, omisión o colusión, terminan cediendo sus responsabilidades a empresas privadas.

 

En tercer lugar, y cómo evidenció el incidente que involucró al City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo con escoltas privados, se abre un peligroso espacio de para-legalidad en el cual quienes trabajan vendiendo protección, y bajo el pretexto de garantizar la seguridad a sus clientes, asumen que están por encima de leyes, reglamentos y los derechos de otros ciudadanos.

 

En cuarto lugar, la venta de protección particular reafirma el acceso desigual a la seguridad y la segregación social en la dotación de bienes públicos. En un contexto en cual el Estado es incapaz de cumplir sus obligaciones e incluso los servidores públicos se coluden con organizaciones criminales, tendrán seguridad quienes cuenten con los suficientes recursos para pagar servicios privados por su cuenta. Lo cual es especialmente delicado para un país marcado por las desigualdades socioeconómicas, pues tal como señala Nozick, la diferencia entre el Estado y las agencias de protección consiste en la obligación de garantizar protección y seguridad a todos los ciudadanos y no sólo a quienes puedan o quieran pagar por ello.

 

Finalmente, ante la incapacidad de las autoridades para regular este fenómeno, existe el riesgo de que agencias de protección al borde de la ley se transformen a su vez en fuentes de alimentación o cómplices de organizaciones criminales.

 

El Estado mexicano, débil institucionalmente y rebasado por el crimen y la violencia, sigue avanzando en un sentido equivocado. No ha logrado consolidar instituciones y capacidades humanas para hacer frente en forma más eficiente a las organizaciones criminales, pero ha permitido la reproducción desordenada de agencias privadas de protección para unos cuantos. Esto implica abjurar de sus responsabilidades y promover acceso desigual a la seguridad. Parafraseando a Nozick, las agencias privadas de protección no son ni pueden ser sustitutas de las funciones del Estado.  La seguridad no puede depender de los recursos que tengas para pagarla.

 

@ja_leclercq

@OpinionLSR