Aunque aún falta toda la historia e información atrás del ajuste en la Secretaría de la Función Pública (SFP) esta semana, temo que la decisión presidencial de despedir a la secretaria, la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, da marcha atrás en la lucha contra la corrupción: supuestamente la prioridad de la 4T. Lo digo por tres razones.
Primero, si ha habido avances en la lucha contra la corrupción bajo su gestión. En los métricos internacionales, como el conocido Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México subió en la escala contra-intuitiva (0 más corrupción a 100 menos) de 28 a 31, y en su ranking de 138o país menos corrupto a la posición 124 de los 180 países. Estos avances se ven también en las mediciones nacionales. Según la ENCIG (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental), por ejemplo, la percepción de corrupción en el gobierno federal bajó 23.4 puntos de 66.2% en 2017 hasta 86.5% en 2019. De hecho, las encuestas de Parametría en julio 2020 muestran cómo la gente califica de “muy bien” o “bien” el desempeño del gobierno de López Obrador en el combate a la corrupción (63%), rebasando por mucho las evaluaciones del tal trabajo de sus predecesores, y la de noviembre de 2020 señala mayor aprobación de su trabajo contra la corrupción (con 64%) en comparación a otras áreas.
Aparte de las mediciones, también destacan amplios avances en el número y alcance de fiscalización, sanciones emitidas desde la SFP durante la gestión de Sandoval; atención a la corrupción del sector privado; la expansión de las declaraciones de los funcionarios, entre otros. La SFP sancionó 4,864 funcionarios, incluso la inhabilitación por 10 años de altos funcionarios como Luis Videgaray, Rosario Robles, Emilio Lozoya, entre otros, 423 multas contra 361 empresas y que se llegó a inhabilitar a monopolios farmacéuticos, arrendatarios de vehículos y computadoras –mucho más que gobiernos anteriores–.
Segundo, la Dra. Sandoval es una experta en el tema, reconocida internacionalmente. Pocos entienden la corrupción estructural –el concepto de la corrupción que concuerda con el pensamiento del presidente y de la izquierda– como ella. Desde la academia, ella tiene una larga trayectoria analizando la corrupción desde una perspectiva crítica de las simulaciones del pasado; una perspectiva que pone en el centro la necesidad de la participación ciudadana, y que desarrolla las ideas de la transparencia expansiva-democrática. A pesar de la lentitud de la burocracia, estaba llevando a la práctica algunas de estas ideas.
La tercera razón por mi preocupación se trata de la política e intriga atrás de la decisión de despedir a la Secretaria. Si tiene razón Julio Astillero y los reportes iniciales, entonces se trata de un ajuste de cuentas a raíz de los desacuerdos entre ella, su esposo (John Ackerman) y hermano (Almicar Sandoval, delegado federal en Guerrero, jefe estatal de Morena, y pre-candidato a la gubernatura), con los intereses políticos de Guerrero (Salgado Macedonio) y los de los dirigentes de Morena, quienes manejan el partido sin respetar los reglamentos internos del partido, según el artículo reciente de John Ackerman (aquí se puede consultar) y que con el “dedazo” impusieron sus candidatos en las elecciones recientes usando encuestas fantasmas. Por otro lado, el nombramiento de Roberto Salcedo como el nuevo Secretario de SFP (antes, Subsecretario), el muy capaz administrador de hace años ligado a Manuel Camacho y Marcelo Ebrad, puede ser una señal política de asegurar cierta protección de los intereses de estos grupos en un futuro.
Pero, el problema es que ceder a las demandas de este grupo es, hasta cierto punto, la definición de la corrupción –un abuso de poder utilizado para concentrar el poder y derrocar a los enemigos–. Si es cierto que ellos tuvieran un papel central en remover a Sandoval, entonces ayuda consolidar su poder y su influencia sobre el presidente.
No cabe duda que Sandoval tiene sus críticas (por no sancionar a Bartlett Díaz por sus propiedades, etc.) y falta mucho trabajo para atender la impunidad y las contrataciones directas. Pero mucho de este trabajo queda fuera de las responsabilidades y facultades de la SFP.
Por lo tanto, temo que estamos viendo un punto de partida hacia la simulación. Sin duda, Roberto Salcedo ha vivido y participado en las simulaciones del pasado, cuando había fiscalización, auditorías, reportes, sanciones administrativas, pero pocos resultados. Podríamos decir, bastante anticorrupción para ganar la legitimidad, pero no tanto para dañar a los intereses políticos del partido o los poderes fácticos. Es el balance cuando las razones y la lógica política (las necesidades del partido, de mantener el poder, de aliarse con corruptos y hacer caso omiso a sus transgresiones para comprar su apoyo) y la falta de voluntad política se fusionan para debilitar la fuerza del combate a la corrupción, dejándolo a las márgenes y quitando su importancia.
Otra vez, no tenemos toda la información y el análisis siempre está sujeto al cambio. Puede ser que haya mucho más atrás de la decisión presidencial que todavía no lo sabemos. Pero, este preámbulo, la ausencia de Sandoval junto con la victoria de sus oponentes, puede ser representado como un golpe fuerte contra la lucha contra la corrupción, provocando otra vez para mí “miedo del déjá vú”; es decir, nos disponemos a ver algo similar de lo que pasó en los sexenios anteriores que empezaron prometiendo una lucha (verdadera) contra la corrupción, pero terminan dando la pauta para que el siguiente gobierno prometa lo mismo (pero esta vez, “de verdad”).
*Dr. Stephen D. Morris
Investigador y Coordinador del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Middle Tennessee State University y miembro de Integridad Ciudadana A.C.
Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.