Opinión

Un fraude a la Constitución

Habrá que estar atentos a la posición de los cuatro ministros, pues se espera que Pardo defienda su proyecto. | Agustín Castilla

  • 15/11/2018
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La Suprema Corte de Justicia resolverá el día de hoy sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en los últimos minutos del periodo de sesiones del Congreso que concluyó el pasado mes de diciembre, contraviniendo las reglas del proceso legislativo e ignorando los argumentos del Alto Comisionado de la ONU, organismos de derechos humanos, instituciones académicas, organizaciones sociales y activistas, ante la insistencia del Ejército de contar con un sustento jurídico para seguir realizando labores de seguridad que no le corresponden y que son responsabilidad de las autoridades civiles.

Legislación

No obstante, el pasado martes durante la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la CNDH, el Consejo Consultivo del INAI, el partido Movimiento Ciudadano así como diputados y senadores de oposición, seis ministros se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior y por tanto del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que si bien propone invalidar 7 de los 34 artículos que la integran, considera que el Congreso es competente para legislar en materia de seguridad interior y por tanto dicha ley es constitucional.

Vale la pena enunciar algunos de los principales argumentos que vertieron los ministros en la sesión del martes, dando la razón a lo que han venido señalando diversas organizaciones agrupadas en el colectivo “Seguridad sin Guerra”. Para Eduardo Medina Mora, toda norma relativa a la seguridad interior es inconstitucional porque este concepto -que no está desarrollado- no es una rama de la seguridad nacional y el Congreso no tiene competencia para legislar en la materia, con lo que coincidieron los ministros Láynez y Pérez Dayán.

Por su parte, José Ramón Cossío sostuvo que el Ejecutivo únicamente puede disponer de las fuerzas armadas cuando existe una declaración de guerra o una suspensión de derechos por lo que “la condición de colaboración de las fuerzas armadas en tiempos de paz no tiene cabida en el orden constitucional”, en tanto que Norma Piña advirtió que hubo un vicio procedimental en la aprobación de la ley que la invalida. Quizá la postura más dura fue la del ministro Arturo Zaldívar quien calificó a la Ley de Seguridad Interior como un “fraude a la Constitución”, ya que en realidad pretende regular la seguridad pública que es una tarea que les toca a las autoridades civiles las cuales han incumplido con su obligación.

Seguridad Interior

De confirmarse la postura de estos seis ministros -resultaría incomprensible que la modificaran ante la contundencia de los argumentos expuestos- únicamente faltarían dos votos para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para declarar la inconstitucionalidad de la Ley, por lo que habrá que estar atentos a la posición de los cuatro ministros restantes, pues se espera que Pardo defienda su proyecto.

Lo que se pone en juego con esta decisión del máximo tribunal no es menor, pues por un lado se debe atajar el intento por darle vuelta a lo mandatado por la Constitución, así como evitar que continúe aplicándose una medida que, se supone era de carácter excepcional, pero que tampoco ha contribuido a resolver el grave problema de inseguridad que nos aqueja y en cambio ha abierto un nuevo flanco respecto a violaciones a los derechos humanos. Es momento de exigirle al gobierno en sus tres niveles, que de una vez por todas cumplan con su obligación.

Lo que está en juego en el PAN

@agus_castilla | @OpinionLSR | @lasillarota