El desastre administrativo del gobierno federal tiene poca relevancia para el presidente de la República. Los “otros datos” que siempre dice poseer, son la impostura argumental con la que pretende anular la contundencia de las estadísticas generadas por las propias instituciones del Ejecutivo y por organismos públicos autónomos como el Inegi.
Desde siempre, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado desdén por las capacidades técnicas de quienes ocupan encargos públicos. “Noventa por ciento honestidad, diez por ciento experiencia” es el rasero con el que ha reemplazado los preceptos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y con el que ha vaciado de sentido al contenido de los profesiogramas que especifican el perfil, el grado académico y la experiencia que se requieren para ocupar puestos en la administración pública.
Su desdén por los aspectos administrativos ha llegado al grado de redistribuir mañosamente las atribuciones de algunas dependencias del gobierno, a efecto de ponderar la intervención del Ejército Mexicano en tareas que no son de su competencia. Asunto de la mayor preocupación, ya que la militarización jamás podrá ser augurio de nada positivo, como no sea el control de los gobernados a través del uso de la fuerza, cuando sus circunstancias —las del presidente— así lo exijan.
El fracaso administrativo en ámbitos como la violencia generada por la delincuencia organizada, el desabasto de medicamentos, la criminal gestión de la pandemia, el incremento en los niveles de pobreza, la corrupción rampante —que involucra a sus propios familiares— y el deterioro de la economía, es ocultado a través de estrategias comunicativas que ponderan al discurso moralizante plagado de referentes religiosos, al ataque a los medios de comunicación y a un sector del empresariado y en general a la polarización social, como elementos distractores.
El proyecto “transformador” de Andrés Manuel López Obrador no puede verse opacado por las “nimiedades” de su fracaso administrativo. Si la contundente evidencia rebasa los límites de lo defendible, entonces culpa a las administraciones anteriores y al “tiradero” en que encontró el país. Jamás reconocerá su incapacidad y nulo talento para la gestión de las tareas administrativas.
Repartir dinero a través de sus programas asistenciales es la otra gran apuesta electorera. De ahí que su indignación hacia la clase media de la Ciudad de México es el resultado de su incapacidad por mantener de su lado a quienes no dependen de sus migajas y además han ido tomando conciencia de la magnitud del engaño.
Con todo, la “Cuarta Transformación” no es un lema de gobierno pensado para su uso durante la administración 2018-2024, sino una idea que, junto a Andrés Manuel López Obrador, pretende trascender más allá de los tiempos constitucionales de su administración.
Su urgencia por contar con una ley que reglamente la revocación de mandato, no es más que su imperiosa necesidad por contar con una herramienta jurídica que, por un lado, alimente su ego en un escenario en el que los ciudadanos rechacen mayoritariamente la consulta, pero también el instrumento que dé legitimidad a su clara intención por extender su periodo de gobierno “si los ciudadanos así se lo manifiestan”.
Los ataques al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, provenientes del titular del Ejecutivo y de impresentables como la senadora Jesús Lucía Trasviña, demuestran la existencia de una estrategia pensada en mantener en el gobierno a López Obrador más allá del 2024.
El logro de sus objetivos aún depende de varios factores; entre ellos el que los ciudadanos se convenzan de que tenemos a un dictador en potencia, que debe ser contenido a través de la fortaleza de las instituciones, pero principalmente mediante el rechazo contundente de los gobernados.
La caminera
El 23 de abril de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Medida cautelar número 1498-18 al Estado Mexicano, cuyo representante ya era Andrés Manuel López Obrador. En ella solicita que se adopten “las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud” de los pobladores del ejido Emiliano Zapata, en el estado de Chiapas, afectados por la contaminación ambiental provocada por la empresa “Proactiva Medio Ambiente Tuxtla S.A. de C.V.”, filial de la francesa “Veolia”.
Ochocientos cincuenta días después —y ante el recordatorio que le hiciera el periodista chiapaneco José Bernardino Toscano Chang, respecto de la existencia de la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —el presidente de la República se comprometió a que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, emita un informe sobre el asunto y sobre las amenazas vertidas contra el ambientalista Héctor Montesinos Cano y su familia, amenazados de muerte por la presión que ha ejercido sobre este asunto.
Ni el jefe del Ejecutivo, ni la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, la también chiapaneca María Luisa Albores habían tomado acciones sobre este problema, que ha provocado la muerte de al menos 21 pobladores de esa comunidad, a pesar de la contundencia de la resolución de la CIDH y de su obligación constitucional por atenderla. Habrá que ver si el recordatorio del periodista Toscano tiene algún efecto en el ánimo del jefe del Ejecutivo.