A pesar de la regulación y órganos existentes en materia de transparencia gubernamental, nuestra Ciudad sigue teniendo enormes espacios de opacidad. Sobre todo, por los múltiples mecanismos que funcionarios y autoridades han encontrado para negar el derecho a la información, como el ostensible caso de los intentos de cobro de grandes cantidades de dinero para obtener cuantiosísimas copias de datos que son requeridos a través de solicitudes de información.
Peor aún si se trata de rendición de cuentas. La disponibilidad de información no necesariamente se ha traducido en que se persigan y castiguen los grandes abusos que en muchas ocasiones quedan al descubierto a través de los propios mecanismos institucionales de transparencia. Aparentemente, el aumento en la disponibilidad de información va de la mano con un aumento proporcional en el cinismo de algunos servidores públicos, quienes a pesar de ser exhibidos no modifican sus actuaciones.
En el caso de la participación ciudadana en el desarrollo e implementación de las leyes, reglamentos y políticas públicas que nos afectan cotidianamente, el panorama tampoco es más alentador. Instrumentos como la iniciativa popular o el referéndum están en completo desuso. Nuevas figuras de participación, como los comités ciudadanos, muchas veces están secuestrados por intereses públicos o privados.
Aún así, el panorama no es completamente desolador. A pesar de la falta de avances en muchas áreas, no se puede negar que la simple disponibilidad de cierta información ha enriquecido el debate público, lo que se convierte en un contrapeso natural a ciertas decisiones. Estamos, sin duda, mejor que hace algunos años. Sin embargo, el camino que falta por recorrer es muy largo.
El pasado 3 de septiembre se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una mesa de diálogo hacia una Ley de Gobierno Abierto para la Ciudad de México, convocada por Movimiento Ciudadano. Desde mi perspectiva, un ejercicio singular, pues se puso sobre la mesa un documento abierto y colaborativo que es además la primera aproximación a un ordenamiento local en la materia. El objetivo de esa propuesta, como se planteó ahí mismo, debe ser muy claro: avanzar hacia relación más horizontal entre sociedad y gobierno, mejorando la comunicación entre ambos y generando vías de colaboración.
Para ese fin pueden utilizarse un conjunto de técnicas y acciones que es necesario incentivar en organizaciones gubernamentales y particularmente, en servidores públicos. Naturalmente, las tecnologías de la información facilitan enormemente el camino. Uno de los puntos que se mencionaron precisamente estaba relacionado con esto último: si el Gobierno Abierto se visualiza desde esa perspectiva, es indispensable reducir la brecha digital.
Con esto existe además la oportunidad de optimizar la actual política de acceso a la información pública y de acelerar los tiempos en que intervienen, por ejemplo, la Auditoría Superior del Distrito Federal o los órganos de control interno. La automatización de procesos de difusión, la divulgación de bases de datos, la homologación de formatos y la implementación de sistemas centrados en el usuario, son mecanismos que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas que se mencionaron antes.
Los participantes, además de ser un grupo sumamente especializado, eran un conjunto muy plural. Participaron órganos autónomos e instancias del gobierno local, como la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal; diversas organizaciones ciudadanas e incluso hubo también una visión empresarial.
Los planteamientos fueron de gran trascendencia. Se habló en primer lugar de la importancia de retomar los múltiples esfuerzos que se han venido haciendo en materia de apertura de datos y Gobierno Abierto en el Distrito Federal, como aquellos que ha puesto en marcha la Coordinación General de Modernización Administrativa del GDF y algunas otras dependencias. Por supuesto que una de las principales ventajas de crear un marco jurídico está en la posibilidad de dar un sustento a todos estos esfuerzos y extenderlos a toda la administración capitalina. De igual forma, existen importantes iniciativas internacionales, como la Alianza para el Gobierno Abierto, con las cuales se podrían alinear conceptos, dando paso a una política uniforme e integral.
Por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), se planteó la importancia de que este órgano juegue un papel central en la armonización de políticas de apertura de datos. Paralelamente, se planteó la necesidad de constituir un consejo consultivo sobre apertura de datos y Gobierno Abierto, con una amplia participación social.
Con todos esos elementos, sin duda se puede avanzar hacia una política de Gobierno Abierto transversal y adecuadamente articulada en la Ciudad. De esta forma, podemos lograr una gestión pública con un mayor involucramiento social, más transparente y en la que haya una efectiva rendición de cuentas, lo que sin duda impactará directamente la vida de todos. El elemento clave será que Legislativo, Ejecutivo y sociedad civil sigan trabajando de la mano en la construcción de estos proyectos.