En 1996, Carlos Martínez Assad publicó un libro emblemático en la lucha por los derechos políticos en la Ciudad de México. En “¿Cuál destino para el DF?” (Ed. Océano), el autor dedicó unas páginas a un acontecimiento histórico, que fue el plebiscito ciudadano de 1993 para elegir directamente a nuestros gobernantes y transformar, en forma radical, el anquilosado y centralizado régimen político en la capital del país.
Dicho plebiscito viene a cuento por algunos datos interesantes que podrían perderse en la memoria: Tuvo una participación de poco más de 330 mil votantes, un 6 por ciento del padrón; fue un ejercicio que promovieron y llevaron a cabo organizaciones ciudadanas, simplemente porque no había en aquel tiempo ninguna base institucional para impulsar este mecanismo semidirecto de participación.
Pese a las evidentes bondades del ejercicio, tuvo detractores muy similares a los de la Consulta Popular 2021: El PRI se opuso rotundamente, el PAN actuó con indiferencia, mientras que parte de la prensa hizo una acusación bastante superficial respecto a la baja participación y la carencia de un encuadre legal.
Entonces, como en 2021, muchos de los comentarios críticos fueron descontextualizados y reflejan, más bien, el desconocimiento sobre qué esperar de una herramienta de este tipo. Por lo general, no se pueden comparar las consultas con elecciones del sistema representativo. Las primeras usualmente no están consolidadas como prácticas en nuestra joven Democracia, ni cuentan con los recursos, estructuras ni capacidades para su difusión ante el electorado. Se trata de un proceso que debe madurar.
Para cerrar el tema del plebiscito de 1993, hoy nadie cuestionaría su enorme utilidad: la apertura del juego electoral en la Ciudad de México fue crucial para las alternancias partidistas. Pese a todas las carencias que también hubo en aquel año, así empiezan todos los ejercicios participativos. Difícilmente puede ser distinto en un país como el nuestro aún tan acostumbrado al verticalismo, la arbitrariedad y la secrecía.
Poco se puede decir respecto al bajísimo interés ciudadano, en parte comprensible por la pandemia o el hartazgo hacia la política y las campañas, pero también por la falta de costumbre sobre esta modalidad de democracia participativa.
Dado su carácter innovador, los mecanismos semidirectos por lo general tienen una participación baja, entre 5 y 10 por ciento en nuestro país. Así sucedió por ejemplo en las sucesivas e interrumpidas elecciones vecinales en la capital desde un inicio.
Paradójicamente, en Gran Bretaña, decidir sobre el Brexit tuvo una participación altísima del 72 por ciento y ello tampoco fue garantía de que los británicos no se hicieran “harakiri” con su decisión tan infortunada y riesgosa de separarse de la Unión Europea.
Volviendo a México, hay un problema de fondo: En nuestro marco jurídico, los métodos de participación semidirecta tienen un desarrollo embrionario.
La Ley Federal de Consulta Popular surgió al calor de la reforma energética, pero es un instrumento que está listo para no usarse: Un asunto controversial es que no se pueden someter a consulta los ingresos y gastos del Estado, lo cual sería entendible en el caso de los impuestos, pero no aplica en otros campos donde es inevitable hacer ajustes.
De hecho, no hay una sola medida de política pública que no impacte ingresos y gastos gubernamentales, de manera que las y los legisladores, deberían hacer un esfuerzo por renovar y mejorar una norma impráctica como la que hoy tenemos.
La Consulta Popular 2021 sufrió un embate mediático desproporcionado, pero para ser el primer intento de este tipo, no se puede decir que los resultados sean para nada malos. Quizá al INE le faltó mayor y mejor promoción, pero la logística fue exitosa, nuevamente con la participación de vecinos voluntarios que son el alma de la organización electoral de este país.
Los más de 6 millones y medio de participantes no se pueden desdeñar. ¡Superan las votaciones de cualquier partido pequeño y no están nada lejos de lo que obtuvieron PRI y PAN en las últimas elecciones federales! Ningún político o comentarista serio se daría el lujo de rechazar o subestimar semejante caudal de votos.
Otro factor relevante fue el señalado contenido rocambolesco de la pregunta, pero bien pensado, el cuestionamiento tenía sentido: ¿Estamos de acuerdo en que se tomen las medidas procedentes para investigar las conductas indebidas del pasado?
No es un tema trivial. En Argentina, en un decreto que después se demostró ilegal, se decidió poner punto final a los crímenes de la dictadura y eso generó enormes daños sociales y retrasos lamentables a la aplicación de la justicia. Aún hoy hay muchas personas que consideran que no tiene caso mirar al pasado, sino sólo al presente. Pero ese peligroso y selectivo olvido, no es nada conveniente para un país herido por tantas injusticias como la guerra sucia, la matanza de Iguala, la represión en Atenco o la tragedia en la guardería de Hermosillo.
Podrían mejorar los temas, las preguntas y los procesos para atender asuntos de interés público, pero la vocación democrática de nuestros tiempos exige abrir temas, no cerrarlos, así como encontrar vías políticas aceptables para resolver las divergencias naturales en cualquier país. ¿Derivan esas vías políticas en cambios legales? Eso es materia de debate.
Porque simplemente desdeñar y denigrar a la participación ciudadana es dispararse al pie. Así se ha hecho tradicionalmente y los tristes resultados están a la vista. Otra sería nuestra condición si el derecho de opinar, exigir y polemizar tuviera mayor carta de naturalidad. A fin de cuentas, así lo proponemos en este artículo, la participación ciudadana no solo es un tema de coyuntura, sino una cuestión de cultura cívica.
*Othón Partido Lara
Internacionalista, maestro en Sociología por el Instituto Mora y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Académico de la Universidad Iberoamericana-León