En el gobierno andan nerviosos por el peligro de que no se ratifique el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá, sobre todo por la disputa que hay con el partido demócrata y Donald Trump así como la falta de recursos suficientes para implementar la reforma laboral.
El gobierno dispuso la cantidad de 481 millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de 2020 y con ello instalar los primeros 20 tribunales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que debe tener sucursales en todo el país.
Sin embargo, el presupuesto no repone lo arrebatado a la Secretaría del Trabajo en mayo de 2019, cuando entraron en vigor la reforma a la ley federal del trabajo y que redujo sus recursos en un 30%, en otros rubros hasta en un 50%. Tampoco aporta ningún tipo de apoyo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que acumula un rezago de más de 480 mil juicios, más 60 mil expedientes en espera de un laudo, ni más de 300 plazas que le fueron quitadas en los últimos 5 años.
No contempla presupuesto a las 32 entidades federativas para la construcción de centros de Conciliación, de tribunales laborales que deben instalarse, ni recursos para la contratación de personal y su capacitación.
Tampoco se considera la contratación de inspectores especializados en materia de recuentos para hacer frente a la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo y todo el proceso de reforma laboral que requiere de personal en esta materia.
Esta limitación en recursos pone inquietos a los demócratas sobre que la reforma laboral de 2019 quede en el papel. Esta tiene como retos cambiar el sistema de justicia al desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje por juzgados laborales federales y estatales, más la creación de un Centro Federal que controle los registros de sindicatos y Contratos Colectivos, así como la conciliación federal.
Los demócratas al darse cuenta que no hay la previsión de recursos económicos ni de personal suficiente, además de que la reforma permite que los recuentos sindicales para la aprobación de los Contratos Colectivos se pueda realizar en forma privada, es por ello que proponen mandar inspectores estadounidenses para constatar la voluntad de los trabajadores.
Es una propuesta descabellada e inadmisible pero que sigue ofreciéndose ante un presupuesto muy limitado para con motivo de los retos que se pusieron muy altos. Ellos dicen, no se preocupen, mandamos inspectores para verificar que los trabajadores están siendo tomados en cuenta.
Se ha previsto de manera limitada que la reforma laboral costará aproximadamente 2 mil 223 millones y que debe contar con al menos con 230 conciliadores y 321 oficiales registradores, existen cálculos que indican que el dinero propuesto no alcanzará ya que se requieren de al menos 5 mil millones de pesos que no se tienen.
Estas semanas serán de incertidumbre porque al parecer es más importante quedar bien con los intereses del exterior, que impulsar y reconocer la necesidad de una justicia laboral que se encuentra ahogada en su capacidad de respuesta. El abandono que se tiene en las Juntas de Conciliación y Arbitraje permite que sigan fortaleciéndose los contratos de protección y permitir que las empresas subcontratistas vivan en el paraíso sin que haya autoridad que lo impida.
La justicia laboral que se necesita debe atender las necesidades de cientos de miles de despedidos que no tienen una instancia que les resuelva sus problemas.
Sigue imperando la dilación y el hartazgo en la solución de los juicios laborales y no hay intención alguna de inyectar recursos a las actuales juntas de conciliación y arbitraje para que abatan sus rezagos históricos.
Son tiempos de olvido de la justicia laboral, que vive la mayor de sus crisis en la historia de nuestro país.