Comentaba en la entrega pasada que la administración de Trump acababa de presentar una iniciativa para congelar durante algunos años las normas de eficiencia energética de la industria automotriz, y que dicha iniciativa había sido justificada al alimón por la malograda agencia ambiental de los EEUU (EPA por sus siglas en inglés) y por el departamento de transporte, con el mismo tipo de argumentos falaces y tramposos que Trump ha utilizado en múltiples ocasiones.
Bueno, pues la metralla en contra de la salud de millones de personas y de los ecosistemas naturales no ha parado y hace unos días nos enteramos del nuevo golpe que prepara la EPA para relajar las normas de emisiones provenientes de plantas de generación de energía que utilizan carbón como combustible, las cuales están entre las instalaciones industriales que más contaminantes arrojan a la atmósfera, razón por la cual son establecimientos celosamente regulados en la mayoría de los países.
El trasfondo de esta lucha en contra de la salud ambiental de todos los seres vivos es congruente con la visión política conservadora que pide menos intervención de los gobiernos y más libertades para las actividades económicas, arguyendo que las empresas se autorregularán naturalmente cuando se percaten que los daños que ocasionan a la sociedad empiecen a dañar los intereses de sus accionistas. Curiosamente esa fue la férrea posición de Greenspan, el tristemente célebre titular de la reserva federal de los Estados Unidos, que defendió a ultranza la desregulación financiera que a la postre causó la tremenda y costosísima crisis internacional de 1987. No fue sino hasta varios años después que el mismo Greenspan, con la cola entre las patas, tuvo que reconocer públicamente que había estado totalmente equivocado.
En defensa del carbón
La apología de Trump a la industria del carbón quedó plasmada en un mitin como los que acostumbra hacer para reforzar el culto a su personalidad, esta vez en el estado de West Virginia, en donde gritó que todos aman el carbón limpio y hermoso de ese estado. Su defensa de lo que llama “la guerra contra el carbón” se basó en explicar que en caso de guerra, los “molinos de viento” como cree que se llaman los generadores de energía eólica, los gasoductos y los paneles solares se pueden destruir rápidamente, pero lo que no se puede destruir es el carbón. Poderoso argumento, sin duda, para convencer bajo amenaza a un niño de primero de primaria.
Los análisis de impacto regulatorio suelen utilizar conceptos como el costo social del carbón, que se basa en estimaciones de qué tan grande es el daño causado en ecosistemas humanos y naturales por el incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En los anexos técnicos del equipo de Trump, se dice que cada tonelada de CO2 emitida en el año 2020 generaría un costo de entre 1 y 7 dólares de daño económico, mientras que el equipo de Obama calculó el daño por tonelada adicional en alrededor de 50 dólares.
Las argucias utilizadas por el equipo de Trump para minimizar la estimación de daños incluyen lo siguiente: sólo toman en cuenta los daños dentro de los EEUU y disminuyen el peso de los ponderadores que se aplican al daño generado por el cambio climático en las futuras generaciones. Es como si dijéramos que el humo que sale de nuestra chimenea y que respira nuestro vecino en realidad no existe, y como si el daño sobre la salud de nuestros nietos, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, no es tan serio o no tiene por qué importarnos tanto, por lo que más nos vale no exagerar con ello.
La revocación regulatoria es una de las principales banderas de Trump y lamentablemente ha ido ganando batallas en varios frentes, no nada más en el sector ambiental. La misma reforma fiscal que logró pasar en el congreso, que reduce los impuestos a los más ricos, es sólo un ejemplo de ello.
Pero los costos de esas acciones son reales y no hay manera de evadirlos: alguien, en algún momento, acaba pagándolos. En lo que se refiere a los costos ambientales, la lista de afectados incluye a la sociedad norteamericana y a millones de personas fuera de los Estados Unidos, incluidos nosotros, los vecinos del sur.
Seguimos esperando que el sistema político norteamericano encuentre la manera de terminar con el mandato de Trump, el problema es que mientras eso no suceda tendremos que seguir observando cómo se abulta el renglón de los pasivos ambientales que tendremos que empezar a pagar más pronto que tarde.