Trump amenazó con imponer un arancel generalizado a los 350 mil millones de dólares de importaciones provenientes de México. Al inicio sería de 5 por ciento, y aumentaría cada mes hasta llegar al 25 por ciento. De hacerse efectivo sería un desastre para la economía mexicana; pero también tendría altos costos para los Estados Unidos y sin duda le costaría la reelección al güero.
Ante la amenaza se enviaron de inmediato negociadores a Washington que, durante unos días, encontraron las puertas cerradas. Finalmente ocurrió una negociación y el resultado fue un acuerdo que impidió la imposición del arancel. A cambio habría un cumplimiento más estricto de las leyes nacionales y asistencia humanitaria a los solicitantes de asilo que Estados Unidos regresa a nuestro país mientras transcurre su trámite.
Sin embargo, ese acuerdo fue rápidamente puesto en duda cuando el presidente norteamericano declaró que incluía compromisos de grandes compras agropecuarias por parte de México y clausulas secretas. Ebrard, el principal negociador mexicano, ha dicho que no hay más acuerdos que los que dio a conocer pero que teníamos 45 días para demostrarle a Trump que había una efectiva reducción de migrantes. El caso es que ese acuerdo es endeble y temporal.
A todo esto, creo que México negoció correctamente. Evitó la confrontación abierta con Trump y optó por el mal menor. Pero la situación es cambiante y pronto el mal menor serán los aranceles, si es que el güero prepotente puede efectivamente imponerlos. Dos elementos cambian en la negociación.
Uno es que las exigencias norteamericanas no son estables, crecen hasta límites inaceptables. El presidente norteamericano ya anuncia que el Congreso mexicano tendrá que hacer modificaciones legales a nuestras leyes. Además, insiste en cuanto a las compras agropecuarias y lo de tercer país seguro. Conocemos que el estilo de Trump es que cuando obtiene algo no le basta, quiere más, y que los acuerdos no tienen real valor. Lo ha demostrado con los aranceles al acero, aluminio, tomates y su amenaza a todo lo demás en contravención del TLCAN vigente.
Lo segundo es que la primera ronda de negociación fue una radiografía de su debilidad. Trump es un presidente acosado; o logra reelegirse o muy probablemente irá a la cárcel. Sólo el ser presidente lo ha protegido de las consecuencias de la cascada de delitos que se revelan todas las semanas.
Las últimas encuestas lo colocan abajo en las preferencias electorales frente a casi cualquier candidato demócrata.
Pero lo súper importante es que la amenaza de imponer el primer arancel de la serie, el de 5 por ciento, provocó una rebelión de la mayoría de los senadores republicanos. Para ellos y su corriente ideológica el arancel creciente sería simplemente un impuesto a los consumidores y a las empresas. Eso afecta a sus bases y amenaza sus posibilidades de reelección. Es significativo que los dos senadores de Texas, un estado profundamente republicano, se manifestaron en contra.
Los legisladores se plantearon cuestionar legalmente el supuesto estado de emergencia que le permite a Trump imponer aranceles. Cierto que los republicanos están contentos con el resultado; se dan cuenta que su presidente blofeaba y ganó. Eso les gusta, pero no habrían aceptado los aranceles. Un conflicto dentro del partido republicano sería nefasto para las posibilidades de reelección de Trump.
Para la próxima ronda de negociaciones el mal menor será que Trump prosiga con su amenaza para ver hasta dónde la puede llevar. Lo mejor es que México negocie con mayor parsimonia, dentro de los límites de lo políticamente aceptable para la ciudadanía mexicana y sin malquistar a la población norteamericana.
El campo de la negociación es altamente mediático y debe apelar a lo que para los gringos es moralmente correcto. Por ejemplo, seguir en la estrategia de no confrontación y sí amistad con el pueblo norteamericano. No tocar a Trump ni con el pétalo de un maguey.
Pero podemos ir mucho más allá. Anunciemos desde ahora que México requiere, para cumplir con lo acordado, que el gobierno norteamericano impida el flujo de armas y municiones hacia México.
Impongamos de inmediato un impuesto de 5 o 10 por ciento a las exportaciones de hortalizas y aguacates. El argumento sería obtener recursos para financiar el manejo migratorio y aceptar las críticas norteamericanas a que nuestras exportaciones no pagan impuestos ni aquí ni allá. Esta jugada voltearía completamente los términos de la negociación en marcha a nuestro favor y garantizaría primero el consumo nacional.
¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que Trump realmente imponga la primera fase del arancel creciente. Y aquí se debilite la moneda nacional. Una devaluación de entre 5 y 10 por ciento, un peso o dos más por dólar puede ser desagradable, pero a fin de cuentas conveniente. Lo anterior contrarrestaría la amenaza de aranceles norteamericanos al hacer más atractivas las exportaciones de México a Estados Unidos debido un peso más barato. Para los mexicanos se encarecerían las importaciones de Estados Unidos a México, pero al mismo tiempo se mejorarían las condiciones para substituir importaciones propiciando mayor inversión y generación de empleos. Además, simplemente la situación lo exige.
Una devaluación administrada debe ser parte del modelo de transformación que sigue este gobierno. Y es necesaria para reducir gradualmente la dependencia de capitales externos y reactivar la producción interna.
Si de cualquier manera Trump impone el arancel inicial podría tener consecuencias muy negativas para él en lo personal. Que es lo único que le importa. Es muy posible que mucho antes de elevar el arancel a 10 por ciento, tenga que declarar victoria y decir que México está haciendo lo correcto. Lo que equivaldría a meter la cola entre las patas.
Hay que detener las bravatas de Trump. Y en ese caso la mejor opción será dejarlo avanzar hasta que sus correligionarios lo pongan en su lugar, como en la primera ronda.