La nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal reconoce el derecho a la movilidad, como aquel que ostenta toda persona a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte, a un sistema de movilidad, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. De esa forma, la persona tiene el derecho a elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad.
En realidad, el derecho a la movilidad es una extensión del derecho al libre tránsito reconocido por la Constitución. En esa medida, la libertad de moverse contempla ya, no sólo el hecho de poder desplazarse de un punto a otro sin interferencia alguna, sino hacerlo a través de los medios disponibles, con calidad, seguridad y sobre todo, eficiencia. La movilidad implica la generación de alternativas viables de transportación urbana como parte de una libertad positiva. Es decir, la autoridad no solo está obligada a no intervenir en el ejercicio y disfrute del derecho, sino que también está obligado a proporcionar todos los medios posibles a su alcance y facilitar las alternativas existentes, para que el ciudadano pueda hacer efectivo su derecho.
Como ciudadanos, además del derecho a desplazarnos libremente, tenemos el derecho de hacerlo de la forma más eficiente posible. Ello implica hacer los recorridos en el menor tiempo, de la forma más segura y por medio de las alternativas existentes: metro, camión, bicicleta, caminando, vehículo particular, taxi u otros. Es decir, la movilidad nos ha brindado la posibilidad de elegir el medio de transporte que se adecue a nuestras necesidades diarias e inmediatas.
Es un lugar común referir a la pésima calidad del servicio de transporte público en la ciudad de México. Salvedad hecha del Metrobus y tal vez el insuficiente sistema metro.
Pero cuando hablamos de taxis o microbuses, el diagnóstico es, cuando menos, kafkiano. Nuestras alternativas de movilidad vehicular en el Distrito Federal, se encuentran en condiciones precarias y con altos niveles de inseguridad. En la ciudad capital existen alrededor de 135 mil taxis registrados y unos 50 mil piratas.
Salvo la gente que es propietaria de un vehículo particular, el resto estamos a expensas, la mayor de las veces, a un servicio de mala calidad. El problema del mercado negro de placas y los taxis pirata, han hecho que el mercado de transporte público vehicular en México se convierta en una pesadilla. En ello estamos, cuando la tecnología nos brinda una alternativa viable al transporte público. Se trata de aplicaciones como Uber y Cabify. Estos sistemas operan por medio de una aplicación, la cual debe de ser adquirida y contratada por medio de un teléfono móvil. Cuando se tiene la aplicación, el consumidor tiene la posibilidad de solicitar el servicio de transporte a través de su teléfono y el cobro se hace directo a una tarjeta de crédito. Se trata de un servicio de calidad y seguro.
Las plataformas tecnológicas, han hecho que las personas que vivimos en la ciudad de México, tengamos una alternativa más para ejercer el derecho a la movilidad. Sería un grave error de política pública de movilidad urbana, que el gobierno del Distrito Federal, pretendiera eliminarlos. Si bien una regulación es deseable, las premisas tanto jurídicas como económicas de un servicio de esta naturaleza, hacen que una eventual regulación, los diferencie del transporte público de pasajeros o taxis.
Ya el secretario de Movilidad ha dicho que pretende eliminarlos, al decir que se deben de regular esas plataformas, de tal forma que se parezcan lo más posible a un taxi. Lo que constituye una contradicción en sus términos. La prioridad del secretario habría de ser, en primer lugar, regular los taxis pirata y buscar elevar el nivel de servicio, calidad y seguridad de los taxis regulares. No es un juego de suma cero, es decir, puede hacer lo uno y lo otro al mismo tiempo. Pero parece cuando menos absurdo, que busque eliminar un servicio de calidad y una alternativa al transporte, cuando la masa general del servicio taxis en la ciudad es de lamentable calidad.
Desde el punto de vista de la libertad de tránsito, del derecho a la movilidad e incluso a la libertad de comercio y libre mercado, sería un error eliminar e incluso sobre regular el servicio de Uber y Cabify. Pero sobre todo, nos estaría quitando una posibilidad real y efectiva, a ejercer nuestro derecho a la movilidad urbana.