Opinión

#TransparenciaYA

Es fundamental el flujo de información social, político y económico de manera puntual y confiable.

  • 07/03/2015
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Después de una reforma constitucional progresiva en febrero de 2014 en materia de transparencia, posterior a todo un proceso de avances y algunos retrocesos recientes en materia de acceso a la información en México, se pretende mediante legislación secundaria limitar, acotar y hasta ir en contra de este derecho.

 

El papel de la sociedad civil en la construcción de un marco normativo ha sido fundamental y esta ocasión, no fue la excepción. Aunque al parecer legisladores, funcionarios y servidores públicos no comprenden que la legalidad y la transparencia son fundamentales para atacar el gran problema de corrupción que vivimos actualmente en nuestro país.

 

La transparencia puede entenderse de diferentes formas, pero básicamente se podría resumir en el conocer la gestión de los asuntos públicos, que también implica políticas públicas y acciones que faciliten el acceso y la comprensión de la información para que la sociedad pueda entender y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

 

Es fundamental el flujo de información social, político y económico de manera puntual y confiable. Además se debe difundir y hacer accesible la información para que pueda ser revisada y analizada en caso de malas prácticas o hasta que sean sancionados los delitos cometidos.

 

Después de la ya mencionada reforma constitucional se estableció un proceso de diálogo y colaboración por parte de un grupo de personas expertas en la materia y un grupo plural de senadores. Fueron más de 200 horas de discusión y trabajo por parte del Colectivo por la Transparencia, la Red de Rendición de Cuentas y México Infórmate en un proceso inédito para dar como resultado una iniciativa el 2 de diciembre.

 

Después, la senadora Arely Gómez González del PRI y ahora procuradora general de la República, y el senador Pablo Escudero, del Partido Verde, admitieron en febrero que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre otros. De ahí se desprendieron 8 principales preocupaciones por un conjunto de más de 300 organizaciones y personas:

 

Video: Transparencia de reversa y en lo oscurito

 

  1. El Artículo 208, incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados. La ambigüedad y falta de definición de la presunción de “generar daño” da pie a numerosas  interpretaciones que fomentan la indeterminación e imprecisión de los argumentos legales.

 

  1. La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente. En otras palabras, los sujetos obligados simplemente podrán responder que no se documentó cualquier solicitud. La omisión de esta disposición impide que la Ley General de Transparencia efectivamente pueda concretar uno de los principales objetivos que tuvo la reforma constitucional de transparencia.

 

  1. Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente. Es decir, para que se aplique la prohibición de reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos como lo estipula el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligatorio que previamente las autoridades competentes (como la CNDH o la CIDH) hayan calificado el hecho de esta manera.

 

  1. Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas. Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información. Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero. Asimismo se elimina la obligación de demostrar “interés legítimo” para clasificar información relacionada con seguridad nacional, lo que es contrario a los principios de Johanessburg. Además no sólo se propone dejar la estabilidad económica, monetaria y financiera así como la seguridad nacional como causales de reserva, sino que se añaden dos causales más como los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado y la que por disposición expresa de una ley sea considerada como tal. Esto último vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.

 

  1. Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités de Transparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño. Se ha indicado que la prueba de daño sólo se hará cuando exista un recurso de revisión, esto significa que los sujetos obligados no tendrán que valorar si el daño causado por la difusión de la información es mayor o menor que el interés público de conocerla, considerando múltiples posibilidades para negar información. Lo anterior les evita  justificar su decisión directamente a las personas a las que se les niega la información.

 

  1. Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Algunas modificaciones al artículo 190 establecen que el Consejero Jurídico podría -a petición de cualquier sujeto obligado independientemente de si es del Ejecutivo o no- recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se les notificara una resolución que consideren que atenta contra la seguridad nacional. Esta sería una facultad injustificada y desproporcional que implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información.

 

  1. Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos. Los recursos naturales como el petróleo y el gas pertenecen en dominio a la Nación, razón por la cual su explotación debe ser hecha en función del interés público, de manera transparente y con plena participación de la sociedad. Sin embargo, a partir de la Reforma Energética el gobierno está tratando de manejar esta industria bajo un régimen especial, lo que también quiere aplicar a los mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre la materia. Al tratarse de un recurso público, es necesario que en su gestión se sujete a los más amplios estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el artículo 6 de la Constitución y en la ley que los reglamenta. No se debe permitir un régimen especial establecido en otras leyes que mantenga este sector en la opacidad. Además esta disposición también vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.

 

  1. Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria. Esta disposición es contraria a los últimos avances en materia de acceso a la información en el país. El propio IFAI ha resuelto a favor de la entrega de esta información y el año pasado, impuso una denuncia en contra del SAT que no cumplió con esta resolución. Asimismo en 2013 el Congreso reformó el llamado secreto fiscal, a fin de que por primera vez se hagan públicos los datos -nombre, RFC y montos- de los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones de créditos.

 

La falta de transparencia en las sociedades impacta directamente en la falta de credibilidad y confianza hacia las instituciones. La opacidad es un desprecio hacia la ciudadanía. Quedamos excluidos debido a la falta de información y conocimiento de los asuntos públicos. ¿Cómo se puede interactuar si no se cuenta con la información mínima de los diferentes órdenes de gobierno? ¿Cómo salir de los altos índices de corrupción? ¿Cómo evitar que se controle y limite la información que debería de ser pública? Sin duda la respuesta no está en la opacidad y para esto se requiere de voluntad política.

 

@omar_rabago