El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es un derecho humano protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), suscrita por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica. http://bit.ly/16q017r

 

Posteriormente en 2003, la Asamblea General de la OEA reconoce en su resolución 1932, que el acceso a la información pública es “un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia”. En este sentido, reitera que los Estados “tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”. http://bit.ly/1EQu6do

 

Este lunes 4 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto, promulgó la nueva Ley General de Transparencia (LGT), la cual obliga a las autoridades de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, sindicatos y a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos a transparentar la información que generen. Del mismo modo, esta legislación fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia.

 

Según los especialistas y organizaciones de la sociedad civil en pro de la transparencia, el reto son ahora las entidades federativas, ya que deben adecuar sus legislaciones para asegurar su implementación adecuada antes del año (mayo 2016), así como los reglamentos y lineamientos. Sin embargo, esta labor no será sencilla ya que la mitad de los estados se encuentran reprobados en transparencia y acceso a la información publica. 

 

Lo anterior está reflejado en los resultados del Índice del Derecho de Acceso a la información en México 2015 (IDAIM), que realizó por quinto año consecutivo Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Cabe destacar que esta ONG fue calificada en 2014, en el tercer lugar en la categoría de “Think Tanks con las Ideas o Propuestas Políticas más Innovadoras” del Índice 2014 Global Go To Think Tank Report. 

 

 

De acuerdo con los resultados del IDAIM en 16 entidades federativas no se respeta el derecho de acceso a la información de los mexicanos: Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Sonora, Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí e Hidalgo, ya sea porque no cuentan con unidades de transparencia, no contempla como sujetos obligados a dar información a todas las entidades de gobierno o porque simplemente no responden a las solicitudes que hace la ciudadanía. Las legislaciones de estas entidades obtuvieron una calificación reprobatoria en una escala del 0 al 10. http://bit.ly/1E9IWIm

 

Pero lo que más preocupa a los especialistas e investigadores que trabajaron en la realización de este índice, es que 15 de estas leyes sufrieron reformas después de 2007 y, a pesar de estas modificaciones no se consiguieron mejorar las condiciones de transparencia para garantizar el DAI. Las leyes reprobadas con las peores calificaciones son: Hidalgo (4.5), Baja California Sur (4.7), Yucatán (4.9), Querétaro (4.9), Campeche (4.9) y Guanajuato (4.9).

 

También hay calificaciones positivas, las leyes de dos entidades –la de Coahuila (9.3) y el Distrito Federal (8.1) –, obtuvieron resultados muy satisfactorios, sobre todo si consideramos que el promedio general nacional es de 6 puntos. Es así que del ranking general podemos observar que persiste una enorme disparidad entre las leyes de transparencia, incluso este año la brecha entre la mejor y la peor ley aumentó, debido a las mejorías en las leyes de Coahuila y el DF.

 

El presidente Peña Nieto, aseguró durante la promulgación de la LGT que “la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza”, su discurso coincide con la resolución de la OEA que lo considera como requisito indispensable para una democracia funcional. Que no se quede en el discurso, las entidades y sus Congresos deben ponerse a trabajar en armonizar sus leyes para garantizar el ejercicio de este derecho humano a sus habitantes.

 

Una gran parte de la sociedad mexicana está reclamando el cumplimiento de sus responsabilidades a sus representantes y servidores públicos, el acceso a la información pública otorga a la ciudadanía el poder para poder exigir cuentas a quienes ejercer recursos públicos, representa también para el Estado la oportunidad de ganar legitimidad y recuperar la confianza que tanto necesita.

 

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