La democracia que buscamos consolidar como República trasciende la forma para servir materialmente a las personas. Es una democracia en la que la igualdad, la libertad y la justicia no solo se consagran en normas, sino que cobran sustancia en beneficio de todas y todos. Todo ello, a partir de la debida consideración de la centralidad de las personas como única fuente y destino de todo ejercicio de función pública, en congruencia con una visión e interpretación interdependiente y progresiva en materia de derechos humanos.
La experiencia democrática y la evolución de la ingeniería constitucional en cada Estado, así como su reflejo y desarrollo en los diseños institucionales respectivos, no deben, por tanto, ser contrastados con conceptos paradigmáticos que solamente tienen utilidad analítica y académica.
El caso mexicano es un claro ejemplo de la evolución normativa e institucional que tanto en materia político-electoral, como de transparencia, hemos presenciado en los últimos cuarenta años tras la reforma política de 1977 que, por un lado, abrió las posibilidades de participación efectiva de corrientes políticas que habían permanecido al margen de todo diálogo e incidencia en los temas públicos; y, por otro, incluyó en el texto constitucional el contenido relativo a que el derecho a la información sería garantizado por el Estado.
Base constitucional a partir de la cual, a través de diversas interpretaciones jurisdiccionales, se fue delineando el contenido del derecho a la información y sus alcances, hasta que a principios de este siglo, en 2002, se promulgaron las primeras leyes de transparencia en nuestro país y posteriormente se le dotó de un mayor impulso con la generación en 2014-2015 de todo un sistema, el Sistema Nacional de Transparencia, para crear, instrumentar y aplicar progresivamente una política general en la materia, de forma transversal en todos los niveles y órdenes de gobierno.
A partir de entonces, las y los mexicanos hemos aprendido, conforme a la apertura y las transformaciones político-sociales, a convivir a través de nuestras instituciones y a reconocerlas como los vehículos y medios que nos hemos dado para avanzar en el desarrollo y mejoramiento de nuestra sociedad, en una lógica integral en materia de acceso a la información, protección de datos personales y la rendición de cuentas.
De frente tenemos tiempos complejos en los que sociedad e instituciones habremos de sumar esfuerzos para levantar la economía y recuperar el aliento social perdido por una crisis sanitaria a escala planetaria que nadie pudo prever. Es aquí donde la transparencia puede ampliar su carácter instrumental y abonar a la confianza pública.
Para ello, se requiere consolidar al derecho de acceso a la información como potenciador de otras libertades y derechos fundamentales, cuyo ejercicio redunda en un avance democrático sustantivo y adjetivo que, en este caso, es posible encauzar gracias a la función especializada por materia y al acompañamiento institucional que, con intensa coordinación, brindan los organismos garantes de transparencia del país a todos y cada uno de los sujetos obligados en la materia.
Todo ello en una idea integral de lealtad y vocación de servicio frente a las personas, que se traduzca en un diálogo institucional abierto que nos permita capitalizar lo aprendido. Es tiempo de responder a la sociedad y encarar el momento histórico que vivimos de modo responsable, fijando la mira siempre hacia adelante, pero sin dejar jamás a alguien atrás.