Opinión

Transparencia y rendición de cuentas, lado oscuro de fuerzas armadas

Sedena sólo da a conocer una parte de sus gastos, de sus compras y licitaciones. | Jorge Alejandro Medellín

  • 26/02/2021
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La transparencia y la rendición de cuentas no han sido nunca el fuerte ni el punto de distinción de las fuerzas armadas en cualquier país, especialmente en México, marcadamente hoy, en medio de la Cuarta Transformación que, dicen, busca acabar, entre otras cosas, con la corrupción, el ocultamiento, los abusos, la impunidad.

En junio de 2003, con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la obligada apertura de más de 150 entidades de gobierno y de la administración pública –en aquel entonces– para rendir cuentas sobre lo que hacen, cómo lo hacen y cómo gastan el dinero de todos los mexicanos, se abrió lo que parecían nuevos caminos para la prensa y la sociedad en general en la lucha para hacer que la autoridad explicara y justificara sus acciones.

Todo iba funcionando bien, con inusitados niveles de apertura que se vieron reflejados en cientos de miles de solicitudes de acceso a la información en las que se buscaba saber de todo, fuera o no objeto o estuviera contemplado o no en la ley del entonces IFAI.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se llevó de inmediato los primeros lugares en cuanto a solicitudes de acceso a la información. Le siguieron las instancias ligadas al aparato de impartición de justicia. Después la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Luego vinieron las fuerzas armadas, que se vieron obligadas a contestar, aclarar, precisar y, en muchos casos, a revelar datos y situaciones que evidenciaban al menos dos cosas: el ocultamiento de la información no estratégica ni de seguridad nacional, y la urgente necesidad de perfeccionar la legislación en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

Esto lo entendieron muy bien y muy rápido las fuerzas armadas, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Sus abogados, asesorados por expertos externos, por maestros e investigadores civiles afines a los militares, no tardaron en encontrar toda clase de resquicios y aprovechar vacíos jurídicos para esquivar las preguntas que sencillamente no les daba la gana contestar.

De la apertura inicial en la que la SEDENA y la Marina contestaban casi a todo, se derivó poco a poco, con los años, en negativas y en respuestas envueltas en truculencias legaloides para desentenderse de la transparencia y la rendición de cuentas.

Las fuerzas armadas, y otras instancias federales, comenzaron a argumentar los daños presentes, los daños probables y los daños específicos como razones para negar la entrega de información, además de esgrimir razones de afectación a la seguridad nacional para apuntalar sus posturas.

Hoy, a casi 18 años del surgimiento del IFAI, muchos de esos datos prohibidos han terminado por ser públicos, ya sea porque los particulares lucharon jurídicamente para lograrlo o bien porque en el camino la SEDENA, la SEMAR, la PGR –hoy FGR–, la Policía Federal Preventiva (PFP) y sus mutaciones sexenales fueron liberando información en documentos oficiales, ya sea por órdenes presidenciales o por así convenir a sus intereses.

Mucha de la información que hasta hace poco era negada por SEDENA y SEMAR ha podido conocerse en algunos de sus documentos oficiales –Informes de Labores, supuestos Libros Blancos, informes sexenales– o bien en las famosas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto no significa de ninguna manera que se esté dando la transparencia o que ya tengamos rendición de cuentas en las fuerzas armadas. Nada más falso.

La apertura discrecional ha ocurrido, peor por orden presidencial, de manera sesgada y, sobre todo, en coyunturas específicas. El culiacanazo del 17 de octubre de 2019 –curiosamente el día del inicio de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) – es una muestra de ello y una muestra incompleta, sesgada.

Lo informado en su momento por el gabinete de seguridad de López Obrador fueron datos acomodados para dosificar lo ocurrido y no llegar a un trasfondo contextualizado. El caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, la eliminación de fideicomisos y el crecimiento desmesurado, sin controles ni explicación alguna del Fideicomiso Público para la Compra y Administración de Equipo Militar (FPAEP), que pasó de 3 mil 995 millones de pesos con Felipe Calderón, 5 mil 500 millones de pesos con Enrique Peña Nieto, hasta llegar en la era de la Cuarta Transformación a la nada despreciable cantidad de 30 mil 193 millones de pesos sólo controlados y auditables por la propia SEDENA.

Pueden argumentarse cualquier cantidad de razones y circunstancias en torno a esta situación, desde los consabidos asuntos de seguridad nacional hasta otros de índole técnica, pero el hecho es que la opacidad y los manejos oscuros de estas enormes cantidades de dinero son el pan de cada día en la 4T de la lucha contra la corrupción y la falta de rendición de cuentas.

En los últimos dos años la prensa extranjera y nacional han documentado los manejos poco claros e incluso abiertamente ilegales de la SEDENA en cuanto a la contratación de servicios y obras para diversos proyectos. Se han publicado extensas notas y reportajes sobre la compra de insumos para la Industria Militar, sobre bienes para ayudar a poblaciones afectadas por inundaciones y huracanes, asuntos en los que se ha demostrado que la Secretaría recurrió a factureras fantasma o a empresas de muy reciente creación para consolidar compras urgentes.

Las respuestas han sido contundentes y van desde la negación hasta la aclaración de lo publicado asegurando que todo está en orden, que las cosas se hicieron bien.

Ante esto, la evidencia documental de las propias Secretarías sigue siendo contundente: la SEDENA, por ejemplo, sólo da a conocer una parte de sus gastos, de sus compras y licitaciones. El resto son adjudicaciones directas de las que tampoco se tienen mayores datos y sobre las que no se pueden hacer rastreos porque sus huellas desaparecen de los portales oficiales –léase Compranet–.

La opacidad, el sesgo, sigue siendo la moneda de cambio de las fuerzas armadas en la 4T, en donde, otro ejemplo, la SEMAR se niega a informar sobre el impacto del covid-19 en sus filas, ya sea entre el personal en activo en retiro o de sus derechohabientes. Lo hizo al inicio de la pandemia, en las primeras conferencias mañaneras sobre el tema. Dejó de hacerlo en la medida en que el tema se complicó y agravó. Sólo lo ha hecho en su Segundo Informe de Labores y de manera incompleta. No lo hace en su portal oficial. El tema covid-19 no existe a ese nivel para la Marina.

La SEDENA informa sobre el covid-19 en sus filas desde el 12 de junio de 2020, no desde el inicio oficial de la pandemia en marzo del año pasado. Hubo un intento fallido en su Segundo Informe de Labores, con datos decantados. Tiene un sitio en su portal en el que sólo informa del covid-19 entre militares en el activo.

No aporta dato alguno sobre militares en retiro, sus derechohabientes, fallecimientos totales, ingresos totales a los hospitales covid-19 que maneja la SEDENA, fallecimientos totales, recuperaciones totales, cantidad de militares y familiares vacunados contra el coronavirus y otros datos vinculados.

De acuerdo con el diario español El País, la SEDENA “ha gastado en compras durante 2020 unos 32.175 millones de pesos, unos 1.554 millones de dólares, pero sólo ha hecho públicas las contrataciones por una quinta parte de esa cifra”.

La falta de datos sobre cómo y en qué gastan los militares el presupuesto se ha vuelto un factor común en la Administración de Andrés Manuel López Obrador por las grandes obras que tienen a su cargo, como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía o parte del Tren Maya, señala en un reporte reciente el periódico español.

La falta de transparencia y rendición de cuentas es, pues, una característica más de la Cuarta Transformación, especialmente en las fuerzas armadas, en las que su Comandante Supremo ha puesto toda su fe y compromiso para sacar adelante al país (esto lo ha dicho una y otra vez el mandatario), sin controles o contrapesos o cosa que se le parezca.

El lamentable affaire de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su manoseo de la cuenta pública en 2019 es un extraño y muy oportuno, casi que le dará a López Obrador la ocasión para deshacerse del INAI o bien para acomodarlo como mejor convenga a su peculiar forma de rendir cuentas y ejercer la transparencia en la Cuarta Transformación.

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