Opinión

Transparencia y pandemia

La pandemia vino a complicar el de por sí mermado derecho de acceso a la información. | Adolfo Gómez Vives

  • 18/05/2020
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La opacidad ha sido un rasgo característico de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Al iniciar su mandato, los sujetos obligados por ley acumulaban 12 millones 333 mil 746 expedientes, que fueron reservados durante las administraciones de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Al 15 de mayo de 2020, los expedientes reservados suman 16 millones 109 mil 781. Lo que significa que —en menos de año y medio de gobierno— han sido reservados 30.6 por ciento más archivos que en las tres administraciones anteriores juntas.

Entre los sujetos obligados que más archivos reservados acumula, destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 2 millones 190 mil 839 expedientes, lo que equivale al 13.6 por ciento del total de documentos reservados al 15 de mayo.

Y aunque el presidente de la República presume que su gobierno es transparente, la evidencia demuestra que muchos asuntos de interés público han sido vedados del escrutinio de los gobernados.

Allí está la reserva por cinco años de los detalles del festejo en honor a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, efectuado en Bellas Artes hace exactamente un año. Naasón García se encuentra detenido en Estados Unidos, por delitos de violación y pederastia. Habrá que esperar hasta 2024 para conocer los detalles del evento en los que aparecen vinculados el senador Martí Batres Guadarrama y el diputado Sergio Mayer Bretón, ambos integrantes de Morena.

También están clasificados como reservados los expedientes relativos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el fallido operativo con el que se pretendió detener a Ovidio Guzmán López, requerido por la justicia estadounidense.

El gobierno de López Obrador —particularmente la Oficina de la Presidencia de la República— ha utilizado como estrategia habitual el negar la existencia de la información a la que el primer mandatario hace alusión durante sus conferencias de prensa. A la luz de su propia oficina, los "otros datos" no existen.

Por su parte, el covid-19 vino a complicar el de por sí mermado derecho de acceso a la información de los gobernados. Desde el 23 de marzo y al menos hasta el 30 de mayo están suspendidos los términos y plazos de respuesta para todos los sujetos obligados que no realizan actividades esenciales relacionadas con la atención de la pandemia.

El Instituto Nacional de Transparencia apela a que los sujetos obligados realicen ejercicios de "transparencia proactiva", es decir, que generen y difundan información adicional a la señalada en la Ley General de Transparencia como obligatoria, a efecto de paliar la demanda de información por parte de los particulares. Su petición no tendrá resultados positivos frente a un gobierno que ha demostrado en los hechos ser más opaco que sus antecesores.