Opinión

Transparencia y derecho a la información

La transparencia y el acceso a la información son valores añadidos a la democracia, y son parte de la noción de gobierno abierto. | Leonardo Bastida

  • 16/01/2021
  • Escuchar

Cuando hablamos de historia global, algunos de los hechos más recordados son la Revolución Francesa o la Independencia de Estados Unidos, ocurridos en el siglo XVIII, debido a su incidencia e influencia en muchos otros lugares del mundo y a la noción de derechos humanos emanada de ambos sucesos sociales. Sin embargo, con algunos años de anterioridad, ese mismo siglo, al norte de Europa, en Suecia, se dictaba el primer documento a favor del acceso a las actas públicas de la realeza.

El eco a este llamado sería escuchado más de 150 años después por Finlandia en 1951, y casi 25 después por Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, donde se establecieron parámetros para que los gobiernos pudieran dar a conocer a la ciudadanía el destino de los recursos  públicos. En América, en la década de los 60, en Estados Unidos se aprobó el Acta de Libertad de Información, a fin de contar con un contrapeso hacia la política norteamericana caracterizada por la opacidad de sus gobernantes

Para contrarrestar esa opacidad, surgió el concepto de transparencia, definido como “la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización”.

Este espíritu llegó a México hasta principios del siglo XXI, cuando a través de una serie de medidas a favor del conocimiento de la información pública relevante como el ejercicio del gasto público se logró impulsar y aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en 2002, y cinco años más tarde, incorporar al artículo 6 a la Constitución Política el derecho al acceso a la información pública.

En 2003 surgió el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para ser el organismo encargado de velar por la salvaguarda del derecho al acceso a la información, que para poder cumplir con su función, fue dotado de autonomía. Siete años después, sus funciones fueron ampliadas para también encargarse de la protección de datos personales, después de la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, encargándose no sólo de la gestión de la información pública sino también de la protección de la confidencialidad de las personas al momento de tener que compartir sus datos.

En 2014 su nombre fue modificado por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a fin de coordinar un sistema nacional de transparencia en todos los rincones del país. 

Si bien su gestión y administración ha sido cuestionada en múltiples momentos, también ha permitido que la población conozca información sobre el gasto público de quienes están en las cabezas del aparato estatal o sobre el rendimiento laboral de quienes ocupan escaños en la toma de decisiones

El alto presupuesto económico que se le asigna o la falta de la creación de una verdadera cultura de datos abiertos, entendidos estos como “aquellos que deben estar disponibles de manera libre para todos en términos de poder acceder, utilizar y volver a publicar dichos datos, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control o propiedad “, han sido parte de los cuestionamientos hechos a la existencia del organismo. Los cuales, por supuesto, deben tomarse en cuenta para realizar un escrutinio.

En este siglo, la transparencia y el acceso a la información son valores añadidos a la democracia y son parte de la noción de gobierno abierto, un modelo de gobernanza sustentado en la incentivación de la gobernanza y la participación ciudadana a través de la visibilización de información pública y datos de interés, la creación de nuevos modelos de gestión de servicios públicos, la co creación del valor público y de las políticas públicas, el impulso a la organización ciudadana a través de organizaciones de la sociedad civil, la organización del debate público y las consultas ciudadanas y la implementación de portales abiertos donde la ciudadanía pueda consultar información trascendente para la vida social e individual.

Uno de los insumos necesarios para que los gobiernos abiertos funcionen y no se supediten a otras instancias gubernamentales es la autonomía de los organismos encargados de su aplicación y desarrollo, pues, en caso contrario, se corre el riesgo de que la apertura de gobierno sea aparente, parcial, o incluso, cierre aún más los caminos para el conocimiento de la información y el ejercicio de la ciudadanía informada. 

Este es un escenario catastrófico para una sociedad que, en medio de tanta desinformación, necesita de información sustentada en datos y documentos, y de saber lo que ocurre con quienes sustentan el poder en turno, a fin de vigilar y sancionar cualquier abuso. Todo aquello ajeno a esta posición, puede conllevar a la corrupción y al abuso del ejercicio del poder. Algo que desde hace más de 250 años se busca evitar. 

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.