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Transparencia y anticorrupción: Insuficientes reformas

Necesita reformarse el sistema de justicia para adecuar los tipos penales a las nuevas disposiciones de transparencia y anticorrupción.

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Escrito en OPINIÓN el

No hay sistema anticorrupción o ley de transparencia contra la inmoralidad del que quiere ser corrupto.

 

La Cámara Baja aprobó la Ley General de Transparencia que obliga a hacer pública toda información producida por quien ejerza recursos públicos.

 

Bajo esta nueva disposición, los senadores, diputados federales y locales estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones, excepto las subvenciones para los grupos parlamentarios, como los apoyos por Ricardo Monreal por aprobar la reforma energética.

 

De estas subvenciones es también de donde han salido recursos destinados a las campañas políticas.

 

Además, obliga a transparentar a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

 

Partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan y no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos, creándose el Sistema Nacional de Transparencia.

 

Esto podría significar que Elba Esther Gordillo siga en la cárcel y que algunos dirigentes del PVEM deberían estar en la mira por violar sistemáticamente la Ley electoral para beneficiar a ese partido, sin que la autoridad electoral le diga algo.

 

Pero como siempre y en la ignorancia, se clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país. El legislador no precisó qué se debe de entender cuando se clasifica la información como de seguridad nacional, y por tanto, se abusa del concepto generalizando la información.

 

Esta Ley se complementa con el Sistema Nacional Anticorrupción que se encuentra en el Senado para aprobarse en esta semana, pero carece de algunos temas que parecen torales.

 

Por ejemplo, omite la regulación sobre el conflicto de intereses, cuyo tema ha sido ampliamente explotado en los temas de la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, por citar algunos.

 

No se ha eliminado el uso de dinero en efectivo para las campañas políticas, ni el fuero para servidores públicos que cometan este delito. Tampoco se incorpora la SHCP al mecanismo anticorrupción, ni obliga a los candidatos o servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.

 

Es un buen avance en mecanismos de anticorrupción y transparencia, pero parece que fue voluntad del legislador, seguir conservando algunas áreas obscuras. No es necesario extenderse para comprender que en aquellas áreas ignoradas, es donde pudieran haber encontrado nuevos nichos y áreas de oportunidad para generar corrupción.

 

Trascendió que la aprobación del tema de transparencia no fue del agrado de gobernadores y que hicieron todo lo posible para evitar ser inspeccionados.

 

No es ningún favor, ni graciosa concesión, mucho menos un acto de caballerosidad de la clase política. Se trata de un acto para moralizar a la ciudadanía, agraviada por las corruptelas y cinismo de quienes dicen defender la Ley.

 

Los bienes inmuebles del ex gobernador de Oaxaca, José Murat; la casa blanca, los viajes de las hijas del presidente del PAN, Gustavo Madero; los moches; la línea 12 del metro; sobre compras en ayuntamientos, IMSS, ISSSTE; corrupción en CFE, Pemex, a propósito de una fotografía tonada durante la sesión en la que se aprobada el tema anticorrupción y que circula en redes sociales, en donde se muestra a los senadores Carlos Romero Deschamps y Gerardo Sánchez con una imagen en sus manos, presumiblemente de un catálogo de yates; pero vaya usted a saber qué dependencia federal, estatal o municipal no se salva de esto.

 

No sólo esto. Mientras no se reforme el sistema de justicia para adecuar los tipos penales a las nuevas disposiciones en transparencia y anticorrupción, seguirá existiendo impunidad, la palabra favorita de muchos integrantes de la clase política y sus candidatos, en el que nuestro país ocupa el vergonzoso segundo lugar del mundo en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015.

 

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