La mañana del 12 de julio escuchaba el noticiero mientras me dirigía a mi trabajo en el INAI. El locutor informaba sobre el socavón de 8 metros de diámetro que se abrió sobre carriles del Paso Exprés en Cuernavaca. Decía que un auto con dos pasajeros había caído y que iniciaban labores de rescate. Al final del día, me enteré que dichas labores tomaron más de 10 horas y para entonces estas personas ya habían muerto. Me pregunté cómo fue posible que esto ocurriese en una obra de tal calado y reciente creación. Imagino que muchos mexicanos hicieron lo mismo. El costo de esta obra aumentó poco más del cien por ciento al pasar de mil 50 a 2 mil 200 millones de pesos; la entrega de la obra fue programada para mediados de 2016, pero comenzó a utilizarse hasta el 1º de abril de 2017, casi un año más tarde. Tendríamos respuesta si contáramos con información pública sobre cómo se desarrolló la obra desde que fue contratada, no hasta que ocurrió el accidente. De haber sido así, hoy sabríamos si las autoridades correspondientes vigilaron la adecuada construcción de la obra. No habría lugar a suspicacias.
¿Hay o habrá más casos similares? La Métrica de Transparencia en la Obra Pública elaborada por el IMCO señala que en 2016 el presupuesto de las obras públicas aumentó en promedio 36.3% respecto al presupuesto aprobado y 67.5% de ellas tardó por lo menos un año más de lo debido en terminarse. Se trata de una gran cantidad de recursos que despierta intereses y genera oportunidades para prácticas corruptas. El portal de Transparencia Presupuestaria señala que el gasto total en inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2017 será de 587 mil 429.24 millones de pesos. Las consecuencias van más allá del retraso en la inauguración de las obras, pueden poner en riesgo las vidas de los usuarios. Como ya dije, si estamos informados es posible prevenir que esto ocurra porque podemos vigilar que las obras sean de calidad, seguras y no cuesten más de lo debido. Por eso, el INAI destacó “la importancia y el valor de la transparencia y el acceso a la información no sólo como un derecho consagrado en la Constitución, sino también como un elemento necesario […] para prevenir riesgos y resolver problemas públicos”.
Las instituciones públicas deben publicar y actualizar por ley la información sobre las contrataciones que hagan. Sin embargo, es necesario ir más allá. Se puede adoptar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas que permite publicar en forma simple y accesible la información de todas las etapas de una contratación, los responsables y los avances o resultados. El gobierno federal se comprometió a adoptar este Estándar al adherirse junto con otros cuatro países a la iniciativa Contracting 5 (C5), en colaboración con la Alianza para el Gobierno Abierto. El compromiso del gobierno federal por establecer un régimen de contrataciones abiertas incluye actualizar el marco normativo para las contrataciones públicas en el país, como la Ley de Obras Públicas. Necesitamos información para conocer los avances en esta agenda. Por su parte, el INAI también adoptará el Estándar en agosto próximo e invitará a que más instituciones públicas se sumen a él.
La información pública puede ser un poderoso instrumento para mejorar la provisión de obras públicas y prevenir la corrupción. La existencia de información confiable, periódica y accesible sobre contratos permitirá a la ciudadanía monitorear de cerca todo el proceso de creación de obra e infraestructura pública y tener evidencia suficiente para denunciar actos irregulares ante el Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma, los mexicanos podremos tener certeza de que los recursos públicos serán utilizados responsablemente y que las obras públicas se realizarán para nuestro beneficio y seguridad.