Desde la semana pasada, están listados para su discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 26 amparos derivados de la Reforma Educativa. Tema polémico que ha pasado ya por el Congreso Federal, las calles de diversas ciudades de la república y por tribunales federales. Se trata de un asunto de interés nacional en un amplio sentido del término.
Mucho se ha hablado sobre las consecuencias de la Reforma, su instrumentación, su suspensión en tiempos electorales, la tensión entre diversos grupos de maestros, etc. Independientemente de lo que se piense al respecto, ahora que el asunto se va a discutir en la SCJN es necesario preguntarse ¿tenemos datos suficientes para comprender lo que se discutirá en la Suprema Corte? La respuesta es ambivalente: Sí los tenemos y No los tenemos.
Si somos abogados o académicos experimentados en el seguimiento al trabajo de la Corte, o si tenemos alguna formación jurídica especializada, podríamos decir que Sí tenemos los elementos para comprender la discusión. En la lista de asuntos de la Corte tenemos vínculos a los proyectos de resolución del Ministro José Fernando Franco, que es quien está a cargo de dichos asuntos, estos documentos nos proporcionan suficiente información para entender el caso.
Ahora, si lo vemos desde una perspectiva no especializada, o desde la óptica de un ciudadano o ciudadana que quiere enterarse del asunto tendríamos que concluir que: No tenemos los elementos suficientes para seguir la discusión.
La primera problemática con que nos enfrentamos es que todos los amparos listados tienen la misma descripción y sólo cambia el nombre de quien lo promueve. Para la comprensión de la discusión, habría sido muy útil que los asuntos tuvieran una descripción más detallada, pues tal y como anunció el Ministro Franco en la sesión del Pleno, en los amparos hay seis temáticas distintas ¿cuáles son esas temáticas? ¿No sería útil saberlo antes de que comiencen las sesiones del Pleno?
La segunda problemática con la que se enfrenta un público no especializado, es que los proyectos de resolución son documentos de entre 60 y 130 páginas escritos en un lenguaje jurídico tecnificado. Ambas cuestiones, impiden que cualquier persona que no tenga una preparación jurídica sólida pueda comprender qué está discutiendo la SCJN. Es decir, aunque estamos a unos cuantos “clicks” de distancia de la información sustantiva para entender el asunto, la información proporcionada resulta tan difícil de leer que, en última instancia no genera un cambio profundo en la relación entre la Corte y el ciudadano.
El ciudadano no especializado, entonces, tendrá que esperar a que algún medio le relate lo sucedido en la sesión del Pleno. Es un escenario un tanto desalentador para quien quiere enterarse de lo que sucede en la Corte sin intermediarios.
Se nos podrá preguntar: ¿Por qué debería de ser claro para un ciudadano no especializado la discusión de este tema? Apunto un par de respuestas:
1.- Porque esta discusión en la Corte, en alguna medida cierra un proceso legislativo democrático. Es decir, las últimas precisiones o interpretaciones que se puedan hacer a la Reforma Educativa se darán en la SCJN. Los criterios de Ministras y Ministros pueden dotar de contenido a diversas cuestiones de la Reforma, cambiar el destino de algunas cuestiones de la instrumentación o refrendar el camino ya andado. No son pocos los ciudadanos a quienes interesa el futuro de dicha Reforma.
2.- Porque se trata de una discusión de trascendencia nacional, en la que se debe garantizar la independencia judicial, pero también la deliberación pública. El público en general no debe intervenir en los criterios de Ministras y Ministros, pero tiene derecho a estar informado sobre los argumentos que se suscitarán alrededor de temas como el derecho a la educación y los derechos laborales.
A modo de conclusión
Es un avance sustancial para transparentar el trabajo de la Corte y para el estudio de ésta que los proyectos de resolución sean públicos y accesibles desde internet. Aunque, por ahora, los únicos proyectos que se hacen públicos son aquellos amparos donde se discute un tema relevante. En este sentido, podríamos decir que faltan al menos dos elementos para mejorar la comunicación social de la Corte y el acceso a la información pública: que se publiquen los proyectos de resolución de todos los asuntos que trata la SCJN y que los proyectos contengan información útil no solo para el abogado o especialista, sino para el ciudadano común.
Uno de los argumentos que se han utilizado para no publicar los proyectos de resolución de otro tipo de asuntos (Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad, etcétera) ha sido que podría afectar la independencia judicial. Esto es, existe el temor de que al publicarse un proyecto de resolución (que no es otra cosa que lo que la Ministra o Ministro someterá a discusión ante el Pleno o a alguna de las Salas de la SCJN), Ministras y Ministros puedan verse sometidos a presiones de políticos, poderes económicos o presiones populares para resolver un asunto de tal o cual forma.
Esta idea no deja de sorprender, pues si existen presiones políticas o atentados contra la independencia judicial, ellas no tienen su origen en la publicidad de los proyectos de resolución, ni en el aparato de comunicación social de la SCJN, sino en los propios intereses políticos, económicos o populares. Es decir, si a algún grupo de poder le afecta o le interesa algún caso en la SCJN, no necesitará que se publique algún proyecto de resolución en la página de internet de la Corte para enterarse del asunto.
Por el contrario, los ciudadanos sí necesitan del aparato de comunicación social para poder obtener la información necesaria para enterarse de las discusiones de la Suprema Corte y para poder deliberar sobre el papel del Poder Judicial y sus decisiones en el juego democrático. Presentar documentos en un lenguaje especializado y en formatos inaccesibles solo aumenta la distancia entre ciudadanía y Poder Judicial, así como la desconfianza en la administración de Justicia.
Si esta república tiene ánimos de consolidación democrática, esta distancia no puede continuar. Justicia Abierta y Derecho Abierto son condiciones indispensables para una sociedad que necesita recobrar la confianza en sus instituciones.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.