El pasado 8 de septiembre dio inició el proceso electoral federal en el que se elegirá con el voto ciudadano a quien estará al frente de la Presidencia de la República, así como a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. De manera concurrente, también se verificarán comicios en 30 entidades federativas: en nueve de ellas será electo el titular del poder ejecutivo, en 27 los integrantes del congreso local y en 26 la totalidad de los ayuntamientos. Así serán renovados alrededor de 3,400 cargos de elección popular, desde los cuales serán adoptadas decisiones que trazarán el rumbo de México en los próximos años.
Uno de los rasgos distintivos de este proceso, además del gran número de posiciones en disputa (nunca antes registrado) y del alto nivel de competencia entre las fuerzas políticas, es que se desarrollará bajo la observancia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece un amplio espectro de obligaciones en la materia dirigidas a los principales protagonistas de la contienda: autoridades electorales, partidos y candidatos independientes. Su cumplimiento contribuirá a elevar la calidad de los comicios, pues permitirá a más de 80 millones votantes escudriñar y discernir sobre la oferta política.
De entre las disposiciones que apuntalarán el ejercicio de un voto informado y razonado, destacan las atinentes a los partidos políticos nacionales y locales, quienes deben publicar en su página web 48 rubros informativos de carácter genérico (aplicables también a otros tipos de sujetos obligados) y 30 específicos (concernientes únicamente a ellos). De este amplio conjunto, es de especial interés la publicación de los convenios de frente o coalición suscritos entre institutos políticos, en donde se pueden constatar los términos en que se conforma una determinada alianza, la forma en que procesarán sus decisiones y distribuirán las posiciones.
También lo es el listado de particulares que aporten recursos a las precampañas y campañas; las convocatorias relativas a la elección de candidatos, el currículo con fotografía de los aspirantes y de quienes sean postulados; así como los responsables y los mecanismos de control y supervisión de los procesos de selección interna. De esta manera, se podrán conocer a detalle quiénes son los contendientes de cada partido político, los actores involucrados en su elección (dirigentes, órganos directivos, militantes, simpatizantes), y la forma en que se adoptó tal decisión (designación directa, voto libre y secreto, encuesta), al tiempo de poner al descubierto el procesamiento de otras decisiones, como la resolución de controversias surgidas durante los comicios internos.
Con base en lo anterior, la sociedad, adicional a saber qué tan abiertos están los partidos políticos a la participación de sus militantes y simpatizantes en la conformación de sus propuestas; también podrá perfilar a qué causas, intereses y grupos responden quienes aspiran a representar a la población. Es pertinente traer a colación que, las fuerzas políticas tienen el deber de publicar información en los términos especificados en la Ley General y en los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, los cuales señalan que la misma tendrá que ser de calidad, es decir, veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, comprensible, verificable y accesible.
Recientemente el INAI efectuó una verificación diagnóstica a los sujetos obligados del orden federal del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, entre quienes se encuentran los nueve partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social). Los hallazgos derivados de este ejercicio son heterogéneos y, de manera general, no resultan satisfactorios, pues reflejan la existencia de pendientes por atender.
Se debe considerar que la observancia a las disposiciones legales que establecen la publicidad de distintos tópicos constituye un avance; sin embargo, no es suficiente para calificar de transparente la actuación de los distintos actores públicos, en este caso, los partidos políticos. Para ello se requiere una transformación cultural al interior de las organizaciones que propicie que todo aspecto de su quehacer se rija por valores y principios democráticos, incluyendo la apertura a la fiscalización y la satisfacción del derecho a saber de una sociedad que cada día se muestra más escéptica y exigente, la cual merece conocer mejor a quienes se desempeñan con centralidad en el juego democrático, incluso con la finalidad de participar en el debate de los asuntos públicos que les son inherentes.
Así, los institutos políticos están llamados a establecer políticas que redoblen esfuerzos para hacer más nítida y abierta su gestión, con ejercicios de carácter proactivo que contribuyan a elevar el escrutinio de la contienda y la calidad del debate público, al igual que fomentar la participación ciudadana. La sinergia de voluntades y acciones en la incorporación plena del derecho a saber en el proceso comicial, contribuirá al empoderamiento del electorado y al fortalecimiento de las capacidades democráticas de los contendientes en la elección.
Estamos ante una oportunidad excepcional para que la sociedad, a través de la transparencia, pueda profundizar su participación en el ágora ciudadana, de manera enterada, crítica e, incluso, desde una posición de exigencia de resultados y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las promesas de campaña y la labor de quienes serán los nuevos representantes populares.