Opinión

Transparencia no es una opción, es obligación

Conocer los ingresos y patrimonio de los servidores públicos permite a la sociedad vigilar y denunciar inconsistencias

  • 25/05/2017
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En México, se cometen más de 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a datos de lNEGI. La mayoría de estos actos suceden en la relación cotidiana entre los ciudadanos que desean realizar trámites básicos o hacerse de un servicio que provee alguna autoridad. Pero la corrupción también sucede en otros niveles de gobierno, por ejemplo: los escándalos que involucran a gobernadores y altos funcionarios sospechosos de usar sus puestos para beneficiarse ellos o a sus protegidos, desviando recursos públicos que deberían ser invertidos en programas sociales o políticas públicas para mejorar la vida cotidiana de los mexicanos.

Por estas razones, los mexicanos están hartos de la corrupción y exigen que se prevenga, investigue y castigue a los responsables. En febrero de 2016, la desconfianza e indignación se encauzó en una iniciativa ciudadana que convocó a los servidores públicos a dar a conocer voluntariamente su declaración patrimonial, su declaración de interés y su declaración fiscal. Esta iniciativa se conoció como la declaración #3de3 o simplemente tres de tres. La plataforma que impulsaron varias organizaciones de la sociedad civil se mantiene vigente y está abierta a cualquier funcionario, legislador, juez, candidato o político. A través de esta plataforma electrónica se pone a disposición de cualquier interesado la información recibida, bajo formatos estandarizados que facilitan su consulta y comparación. La veracidad y exhaustividad de la información es responsabilidad absoluta del declarante; se basa en la disposición de demostrar que hay compromiso de responder a la indignación social que ha causado la corrupción en nuestro país.

La movilización social logró institucionalizar la demanda de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales como medida para prevenir la corrupción. A la fecha, 1,001 funcionarios públicos la han presentado y para las elecciones 2017, 20 candidatos han publicado su declaración #3de3 (11 a gubernatura, dos a diputación local y siete a presidencia municipal). La importancia de esa información no es menor: conocer los ingresos y patrimonio de los servidores públicos, si cumplen con sus obligaciones fiscales y los posibles vínculos con, por ejemplo, contratistas, permiten a la población vigilar y denunciar si observa alguna inconsistencia. Detrás de un funcionario corrupto, hay una red de corrupción, es decir, de complicidades. La iniciativa #3de3 recibió el respaldo de miles de mexicanos y, por esta razón, fue recogida como parte del nuevo marco normativo que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La movilización social exige garantizar el acceso a información pública, la transparencia y la participación ciudadana

En este contexto, uno de los debates más acalorados giro en torno a la obligatoriedad de publicar las tres declaraciones referidas y los formatos para hacerlo. Al final se estableció en el artículo 29 la Ley General de Responsabilidades Administrativas que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos en el que lo servidores públicos presentaremos nuestras tres declaraciones, cuidando la privacidad y los datos personales de los servidores públicos. El debate sobre estos no es menor, ni debe perderse entre las coyunturas electorales, pues el diablo está en los detalles: los formatos podrán consolidar un régimen de transparencia o dar cabida a que se mantengan las cosas como están y quizá echar por la borda las expectativas que se generaron en torno a la Ley Tres de tres. Debemos exigir los mejores formatos posibles para consolidar la demanda de transparencia que comenzó con el impulso del #3de3. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor el próximo 17 de julio y aún no se conocen los formatos que se propondrán. Hoy es fundamental que el Comité de Participación Ciudadana los proponga a la brevedad para que las tres declaraciones se conviertan ya en una obligación.

La movilización social exige garantizar el acceso a información pública, la transparencia y la participación ciudadana. Los mexicanos saben ya que usar la información pública ayuda a vigilar, denunciar y evaluar a los servidores públicos, es decir, convierte a la población en un contrapoder que complementa a los pesos y contrapesos tradicionales para prevenir y controlar la corrupción.

@joelsas


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