1.-Las semanas previas al final del año 2014 se antojaban, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, una tregua obligada, un espacio de calma que permitiría la desactivación parcial de ciertos temas candentes y el reacomodo de otros asuntos delicados en materia de seguridad, derechos humanos, transparencia y estabilidad.
No ha sido así y en el horizonte inmediato se avecinan fechas y momentos históricos para el Ejército Mexicano, su Comandante Supremo y su Alto Mando sean sometidos de nuevo a las presiones sociales y mediáticas para que respondan con claridad los cuestionamientos sobre el presunto involucramiento de los militares en los hechos sangrientos de Iguala, en donde 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y presumiblemente asesinados por policías municipales y por sicarios el pasado 26 de septiembre.
2.-Investigaciones periodísticas -rechazadas de inmediato por la Procuraduría General de la República (PGR)- encontraron elementos para presumir que los mandos del 27 Batallón de Infantería establecidos en Iguala, no sólo tuvieron en todo momento información sobre lo que sucedía con los normalistas detenidos y luego desaparecidos por policías municipales, sino que además habrían participado de alguna forma en los hechos.
A estas presunciones, fundamentadas en investigaciones periodísticas, se suman también los hallazgos de reporteros mexicanos y norteamericanos a partir de videos tomados con teléfonos celulares por algunos normalistas y en los que se aprecian camionetas policiacas cuyos tripulantes disparan contra los estudiantes la noche del 26 de septiembre.
Los videos y la explicación periodística en la que se habla abiertamente de la participación de policías federales atacando a los normalistas, fueron desmentidos hace dos semanas por los mandos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
3.- Sin embargo, los huecos en la explicación oficial sobre la desaparición de los normalistas sigue sin ser llenados y concitan mayores dudas con el paso del tiempo.
Las versiones de investigadores comoJorge Antonio Montemayor Aldrete, Investigador titular del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde Vélez, Investigador titular de la UAM Azcapotzalco, sostienen que la explicación de la PGR sobre la forma en que fueron incinerados los 43 normalistas en el tiradero de basura del río Cocula, Guerrero, son “fantasiosas”.
Los investigadores elaboraron un estudio multidisciplinario para demostrar que los puntos fundamentales del peritaje de la PGR son por lo menos inverosímiles.
No obstante, en octubre, un mes antes de que los investigadores hicieran público su texto, otras especialista, Lorena Valencia Caballero, jefa de la Unidad de Investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaba que sí era posible incinerar un cuerpo humano y reducirlo a cenizas con llantas de caucho.
4.-Ante este panorama de vacíos informativos al más alto nivel y con el peso de la opinión pública nacional e internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de anunciar que le solicitó ya a la Sedena informes pormenorizados sobre el caso Iguala para profundizar la investigación y tener una visión más completa en torno a los hechos trágicos de aquel 26 de septiembre.
El nuevo ombudsman, Raúl González Pérez, se reunió con familiares de los 43 normalistas desaparecidos y les prometió reactivar el caso que su antecesor, Luis González Plascencia, despreció y encarpetó antes de tiempo.
5.- Por cierto, en el número más reciente de la Revista Electrónica de la Sedena, el del mes de noviembre, el general Brigadier en retiro, Pedro Sánchez Hernández, aparece como colaborador con un artículo inquietante: Artículo 3°, R.G.D.M. (Reglamento General de Deberes Militares), motor invisible de un sistema, en el que el militar reflexiona en torno a las debilidades del mundo civil y las fortalezas del mundo castrense cuando de recibir órdenes y cumplirlas sin chistar se trata.
El general desglosa y explica el Artículo 3°, que data del 26 de marzo de 1937, cuando Lázaro Cárdenas era presidente de México, y revisa los puntos fundamentales del texto, haciendo una comparación entre la dejadez y la desidia de los civiles y el espíritu de la obediencia que norma la vida militar: obedecer sin preguntar.
6.- La visión del general Pedro Sánchez, quien pertenece al CAOMIR, nos da luces sobre este controvertido aspecto de la vida castrense en México.
Explica el general un aparte del artículo; “Se abstendrá el militar de emitir opinión, salvo en el caso de hacer aclaraciones respetuosas”. Se dice que hay mil maneras de matar un piojo, si un jefe dice maten ese piojo habrá 99 subordinados de cada 100 que dirán que por qué no mejor herirlo, o mejor dejarlo inválido (sic), o mejor dejarlo que reproducirse, etcétera.
“Será cuento de nunca acabar. Claro que si el subordinado ya mató al piojo podrá de manera respetuosa aclarar que ya se ejecutó esa orden. Así de sencillo”.
Y remata el militar:
“¿Se imaginan si algo similar al artículo 3/° de nuestro R.G.D.M. pudiera llevarse a los talleres, a las fábricas, a las oficinas?
“Cierto, no se puede. Por eso le llamo varita mágica, porque la magia no se puede extender a tantos espacios. Esa gracia sólo le fue conferida a las fuerzas armadas”.
Así nos ven.
Va la CNDH por Iguala.
Falta Tlatlaya.
@JorgeMedellin95