Opinión

Transparencia en el Congreso de la Unión: el reto

Una gestión legislativa abierta abona a la cultura de la transparencia, a la cultura de la legalidad. | Susana Thalía Pedroza de la Llave

  • 26/10/2018
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México vive un proceso de transición como nunca en su historia contemporánea. La fortaleza del Poder Legislativo es incuestionable, la capacidad de convocatoria del presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo contundente, se vive aún una especie de festejo partidocrático donde el partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) es, en términos coloquiales, como la base del pastel.

Fueron muchas y grandes las promesas de campaña, tanto de los actuales legisladores(as) como del presidente electo, pero ahora estamos en un proceso transitorio que hemos señalado ya en otras ocasiones, demasiado largo (cinco meses) hasta el 1 de diciembre en que el titular del Poder Ejecutivo rendirá la protesta constitucional ante el H. Congreso de la Unión y, formalmente, se entiende que iniciará su labor ejerciendo las atribuciones constitucionales respectivas.

Sin embargo, este particular proceso de transición de pronto ha dejado ver una aparente asunción al Poder Ejecutivo, por supuesto de forma fáctica y con todos los riesgos que esto implica, en tanto la administración saliente parece que ha pasado a segundo plano, similar a bajar la cortina antes de la entrega formal o protocolaria de la administración pública del país.

El tema ahora es, con independencia de las riendas legislativas que ya fueron asumidas en el Congreso de la Unión, y las riendas fácticas tomadas por el presidente electo, hay que recordar que una de las razones más poderosas que los condujeron a la victoria electoral fue el malestar ciudadano ante los graves casos de corrupción y de impunidad.

Entonces, el trabajo parlamentario será la piedra angular en el cumplimiento de las promesas de campaña del presidente electo. Sin embargo, para ello, un requisito necesario y permanente es que se realice bajo estrictos esquemas de transparencia y rendición de cuentas, si no quiere incurrir en las viejas y malas prácticas de sus antecesores cuando, so pretexto de “acuerdos parlamentarios”, en realidad se trató del reparto de cuotas, como en el caso de las designaciones de funcionarios de alto nivel.

Ahora tocará que los nuevos integrantes del Congreso General pongan el ejemplo claro de voluntad por el cambio en materia de Transparencia y de Rendición de Cuentas.

Si de lo que se trata es de asumir con responsabilidad el reto, es necesario recordar en cada una de sus acciones o tareas parlamentarias, que todo -por regla general- es susceptible de observación y demanda por parte de la ciudadanía.

El acceso a la información de las actividades legislativas es un eslabón clave en los procesos contra la corrupción y la impunidad.

Es deseable que la opacidad quede erradicada de las facultades y funciones parlamentarias. Esto podría ser posible siempre con la participación activa de la sociedad civil organizada y de los actores sociales en general, como los medios de comunicación, las instituciones educativas, los centros de investigación, entre otros, que se constituyen como observadores sociales de esta actividad, procurando evitar el abuso del poder, la realización de actos discrecionales y otras vías antijurídicas tendentes a suprimir, evadir, restringir o distorsionar el orden jurídico.

Generar las condiciones de certidumbre y de seguridad jurídica para todos

El gran reto de las y los nuevos integrantes del Congreso General será, evitar la tentación del ejercicio abusivo del poder por intereses de grupo o particulares, tan señalado en las últimas décadas. 

Promover la revisión de la legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas es prioritaria en el trabajo legislativo, no sólo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino a la propia legislación orgánica del H. Congreso General. 

El régimen saliente, en el Congreso y el Ejecutivo Federal, artificies de las disfunciones institucionales que viven y padecen millones de ciudadanos, muestra la vulnerabilidad de la fortaleza institucional cuando son presididas o dirigidas por personas sin un perfil básico y adecuado, pero sobre todo con amplio y abierto criterio hacia la transparencia y rendición de cuentas.

El replanteamiento de las prácticas políticas debe obedecer a generar las condiciones de certidumbre y de seguridad jurídica para todos.

Hacer el cambio, en las viejas y deficientes prácticas parlamentarias, implica no sólo el replanteamiento de ajustes o de reformas sustantivas en materia de transparencia y de rendición de cuentas, puesto que de principios normativos estamos harto abrumados, lo que se requiere es disponer de los instrumentos jurídicos para que ese derecho sustantivo sea efectivamente aplicado, es decir, que garantice su cumplimiento demanda, y que a la vez, el establecimiento de procedimientos y procesos sean ágiles, breves y sencillos al alcance de la ciudadanía.

Recordemos que el derecho a la información parlamentaria es uno más de los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de las responsabilidades de los legisladores(as) se debe mantener bajo el escrutinio de la sociedad y ampliarse en todo sentido. Una gestión legislativa abierta abona a la cultura de la transparencia, a la cultura de la legalidad, pero más aún tenderá a recuperar la confianza social extraviada durante los últimos años.

Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave

*Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Ética política y vigilancia ciudadana

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