El cohecho internacional existe, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando una persona o empresa ofrece, promete o da dádiva a un servidor público extranjero para obtener ventajas indebidas en transacciones comerciales internacionales, por ejemplo, un contrato de construcción o una concesión petrolera. El cohecho internacional es una amenaza para el desarrollo económico y las instituciones democráticas de cada país. Primero, impide que las empresas compitan equitativamente. Segundo, infla las ganancias de las empresas a costa de recursos públicos que debieron gastarse en servicios para los ciudadanos como alimentos, escuelas, hospitales o caminos. De acuerdo con cálculos de la propia OCDE, un soborno de un millón de dólares puede provocar pérdidas de hasta cien millones de dólares.
El caso Odebrecht evidencia la gravedad de la corrupción en América Latina y puede considerarse un caso de cohecho internacional. Por esta razón, debe ser investigado a la luz de los instrumentos de derecho internacional que México ha ratificado para combatir en la materia. Una de estos es la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Sin duda, el caso Odebrecht debe ser investigado en nuestro país a la luz de esta Convención.
Al ratificar la Convención Anticohecho, México se comprometió a tipificar el delito, establecer y hacer efectivas sanciones para quienes lo cometan. No obstante, las acciones del Estado mexicano han sido limitadas. En el informe de seguimiento de 2014, la OCDE identificó que México solo cumplió 4 de las 22 recomendaciones, no había llevado a cabo ningún proceso o condena por cohecho internacional y las dos investigaciones al respecto se convirtieron en asuntos domésticos. El reporte también critica que el marco legal, las estadísticas disponibles y algunos procesos son inadecuados. En su informe sombra de 2015, Transparencia Internacional, determinó que México tuvo una aplicación mínima o nula de dicha convención. Esta calificación se continúa en el informe sombra de este año, el cual también advierte un reto fundamental para la nueva administración federal: que la próxima Fiscalía anticorrupción tenga la independencia necesaria para realizar sus funciones. La nueva Fiscalía anticorrupción será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional.
No obstante, México ha tomado algunas acciones para mejorar su cumplimiento. Por ejemplo, se reformó el artículo 222bis del Código Penal Federal y recientemente se publicó el Protocolo Anticohecho, el cual buscará coordinar la participación de todas las autoridades involucradas en la prevención, detección, investigación y sanción del cohecho internacional para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Convención. Además, de acuerdo con la prensa, México abrió tres investigaciones relacionadas con cohecho internacional, una en 2014 y dos en 2015. Sin embargo, ninguno de estos tres casos fue resuelto. También hay investigaciones en curso en otros países sobre las actividades de dos empresas mexicanas. Las autoridades estadounidenses y colombianas están investigando las actividades de CEMEX México en Colombia y las autoridades españolas están investigando actividades de Grupo México en España. Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las actividades en el exterior de esas dos empresas.
No más corrupción ni impunidad
El mandato de la población en las urnas fue claro: no más corrupción ni impunidad. Por esta razón, cada una de las instituciones del Estado mexicano debemos atender esta demanda ciudadana y contribuir desde nuestras atribuciones a su cumplimiento cabal. La información pública juega y jugará un papel fundamental para prevenir, denunciar, perseguir y castigar la corrupción y evitar la impunidad. Si bien desde hace un tiempo he impulsado que se abra la información pública relacionada con el caso Odebrecht, el pasado 2 de octubre el Pleno del INAI cambió su criterio y ordenó a la Procuraduría General de la República informar sobre expedientes de investigaciones relacionadas con este caso. A esta información ahora se sumará la que el pasado martes instruimos entregar a la Secretaria de la Función Pública: la estadística solicitada sobre la matriz de casos de cohecho de la Convención Anticohecho de la OCDE. De esta manera la población tendrá la posibilidad de evaluar con evidencia el desempeño de las instituciones públicas ante este y otros casos de corrupción y conocer cómo van las investigaciones en la instancias nacionales e internacionales, si es que se iniciaron. Además, con esta información los futuros titulares de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción podrán tomar medidas para asegurar que sus instituciones implementen políticas y acciones para prevenir, perseguir y castigar a los responsables de casos de corrupción. La información pública debe servir para ir más allá de la rendición de cuentas, debe servir para que autoridades y población trabajen juntas para asegurar que casos como Odebrecht no vuelvan a ocurrir y para acabar con uno de los mayores lastres de nuestra democracia: la impunidad.
Sin vendas en los ojos, atendamos a los migrantes
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